La orden presidencial está dada, pero el reloj del Gobierno no parece marcar la misma hora que el de la ciudadanía. El traslado de los 16 cabecillas que integran la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá, una medida que el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa en un reciente consejo de ministros, ha entrado en una fase de «paciencia obligada».
A pesar del ruido político y de la urgencia que se percibe en las calles de Medellín y su área metropolitana, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, explicó que mover a estos líderes delincuenciales, quienes representan a las estructuras del territorio, no es una tarea de «un día para otro».
Eficacia sobre ansiedad
El ministro indicó que, si bien la directriz del Jefe de Estado es el punto de partida, la implementación requiere un blindaje jurídico y técnico que no se puede ignorar. Para Cuervo, el traslado de estos hombres fuera de Itagüí no puede comprometer la legalidad ni la seguridad del procedimiento.
«Directrices que en un momento determinado adopta el presidente… y otra es la implementación de las mismas, que tiene unas complejidades en materia de seguridad que hace que demore un poco más. Eso quizás no coincide con la ansiedad de la ciudadanía, pero yo prefiero que sean respuestas eficaces y certeras», manifestó el jefe de la cartera de Justicia.
Un ajedrez penitenciario
El traslado no solo es un tema de logística, sino de estrategia. Según el Ministerio, se están evaluando factores como el comportamiento de los internos, su nivel de influencia dentro de los penales y las condiciones de seguridad en los posibles destinos. El ministro señaló que Bogotá no sería el único destino posible, al indicar que la reubicación podría darse en otras regiones del país donde se limite su capacidad de mando.
Uno de los puntos que evalúa el Gobierno es el futuro de la mesa de negociación. Se busca que el traslado no afecte los diálogos de paz urbana, lo que implica que cada paso operativo se ejecute sin generar efectos en los acercamientos en curso.
Dos semanas de espera
A la fecha, han transcurrido cerca de 15 días desde que se dio la orden presidencial y las celdas en la capital del país siguen sin recibir a los jefes de las estructuras del Aburrá. Mientras tanto, la opinión pública observa cómo se concilia la necesidad de resultados con la rigurosidad técnica del sistema penitenciario colombiano.
Por ahora, el mensaje desde el Ministerio de Justicia es de cautela: el traslado se realizará bajo los tiempos del Estado y no bajo la presión del cronómetro ciudadano.
Deja una respuesta