En una visita oficial a Popayán, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, sostuvo encuentros de alto nivel con alcaldes, personeros, organismos humanitarios y, primordialmente, con los familiares de las víctimas del atroz atentado terrorista en la Vía Panamericana. Este hecho violento, que dejó un saldo trágico de 21 personas muertas y 38 heridas, ha sumido a la región en un estado de luto y zozobra.
Tras escuchar los testimonios de los sobrevivientes, Marín describió un panorama de profunda tristeza y frustración. Existe un clamor unísono de la ciudadanía para que los grupos armados cesen las agresiones y demuestren una voluntad real de respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH). No obstante, la Defensora fue enfática en pedir que esta tragedia no sea instrumentalizada con fines electorales, instando a la ética y al respeto por el dolor de las víctimas.
Más allá de la respuesta militar
Uno de los puntos centrales de su intervención fue la crítica a la visión estrictamente castrense de la seguridad. Marín aseguró que:
«La respuesta militar no puede ser la única salida para el departamento del Cauca. Se requiere una atención integral por parte del Estado que impulse el desarrollo real en los territorios», dijo.
La Defensora argumentó que la bota militar es una medida reactiva que no soluciona las raíces del conflicto. El Cauca exige una mirada estratégica y de largo plazo que contemple:
- Prevención del reclutamiento forzado: Protegiendo a niños y jóvenes.
- Sustitución de economías ilícitas: Ofreciendo alternativas rentables a los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal.
- Respeto a la diversidad: Fortaleciendo los procesos comunitarios y étnicos de la región.
El rechazo al «error táctico» y crímenes de guerra
Frente al comunicado del Estado Mayor Central, en el cual el grupo armado se atribuye el atentado pero lo califica como un «error táctico», Iris Marín fue contundente: dicha justificación es inaceptable. En este sentido, respaldó el pronunciamiento de los habitantes de La Pedregosa (Cajibío), quienes rechazaron cualquier intento del grupo ilegal por minimizar la masacre.
La Defensora advirtió que la magnitud de los ataques —ocurridos de manera simultánea en varios municipios del país— podría elevar estos hechos a la categoría de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. Esta calificación jurídica es vital para garantizar que los responsables rindan cuentas ante la justicia internacional y nacional.
Finalmente, Marín expuso el sentimiento de «soledad institucional» que enfrentan las alcaldías y personerías. Hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional para que el acompañamiento no se limite a la militarización. Es imperativo que el Estado llegue con salud, reparación y atención humanitaria inmediata no solo en el Cauca, sino también en el Valle y Nariño, donde la violencia amenaza con provocar nuevos desplazamientos forzados masivos.
Dijo la Defensora del Pueblo que la paz en el suroccidente colombiano no llegará solo con fusiles, sino con la presencia efectiva y social de un Estado que proteja la vida por encima de todo.
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