El panorama de la salud en Antioquia ha dado un giro jurídico de 180 grados. Tras casi tres años de estar bajo el control de la Superintendencia de Salud, la EPS Savia Salud deberá ser devuelta a sus socios originales: la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la caja de compensación Confama. La decisión, emanada del Tribunal Administrativo de Antioquia, ordena suspender la intervención de manera inmediata, pero abre un interrogante mucho más profundo y preocupante: ¿cómo salvar una entidad que arrastra una cartera morosa de proporciones astronómicas?
La noticia se confirmó tras la primera mesa técnica entre los mandatarios locales y los directivos de Confama. Aunque el fallo representa una victoria jurídica para la autonomía regional, la realidad financiera es desoladora. Según los informes preliminares construidos con la Red Pública de Hospitales y Clínicas de Medellín y el departamento, el pasivo de la entidad se ha disparado durante el tiempo de intervención, dejando a los socios naturales con la responsabilidad de gestionar una crisis de liquidez sin precedentes.
El «hueco» de los 2 billones y la asfixia de la UPC
La principal alerta proviene de la Secretaría de Salud de Medellín. Natalia López Delgado, titular de esta cartera, ha sido enfática en que los números no cuadran y que el escenario que reciben es, como mínimo, «complejo». La auditoría sobre los reportes de las clínicas de la Red Pública sugiere que el pasivo total podría estar rozando los 2 billones de pesos, una cifra que supera cualquier previsión inicial.
“Puede estar alrededor de los 1.5, 1.8 y hasta dos billones, lo cual nos pone en un escenario bastante complejo, teniendo en cuenta que la entidad va a quedar en manos de sus socios originales”.
El problema de fondo radica en un desfase matemático que afecta a todo el sistema colombiano, pero que en Savia Salud se siente con mayor rigor. Actualmente, el Gobierno Nacional paga la Unidad de Pago por Capitación (UPC) el valor anual que se reconoce por cada afiliado a un precio significativamente menor al costo real de la atención. En términos sencillos: mientras que el Estado gira aproximadamente 100 pesos por un paciente, el costo operativo y médico de atenderlo asciende a los 115 pesos. Esa diferencia de 15 puntos porcentuales es la que está alimentando el déficit diario de la entidad.
Falla estructural vs. Calidad del servicio
Por su parte, el Gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha liderado la tesis de que la intervención de la Supersalud en 2023 fue injustificada y basada en premisas erróneas. Según la estrategia jurídica que permitió reversar la medida, la crisis de Savia Salud no se debe a una mala gestión administrativa ni a una baja calidad en la prestación del servicio a sus 1.7 millones de afiliados, sino a una falla estructural del sistema provocada por el propio Gobierno Nacional.
“Es porque el gobierno no tuvo en cuenta que el daño ocasionado al sistema el mismo lo infringió, por no pagar los presupuestos máximos, por no conocer y reconocer las fallas estructurales del sistema, no por razones asociadas directamente a la EPS”.
El argumento del mandatario apunta a que el Estado «infringió el daño» al no cumplir con el pago de los presupuestos máximos, que son los recursos destinados a cubrir servicios y tecnologías que no están incluidos en la UPC. Al no recibir estos dineros a tiempo, la EPS se vio obligada a postergar pagos a proveedores y hospitales, generando el efecto dominó que hoy tiene la cartera en niveles críticos.
El futuro de 1.7 millones de antioqueños
La incertidumbre ahora se traslada a los usuarios del régimen subsidiado. Con el fallo del Tribunal, la Gobernación y la Alcaldía deben diseñar un plan de salvamento urgente. Sin embargo, el margen de maniobra es estrecho si el Gobierno Central no ajusta el valor de la UPC o se pone al día con las deudas pendientes. Las autoridades regionales se preparan para una transición técnica accidentada, mientras los hospitales de la red pública esperan que este cambio de mando se traduzca en el flujo de caja necesario para seguir operando.
En conclusión, el regreso de Savia Salud a manos antioqueñas es un reto de proporciones épicas. No solo se trata de retomar la administración, sino de encontrar la fórmula financiera para evitar que la EPS más grande del departamento colapse bajo el peso de una deuda que parece impagable bajo las reglas de juego actuales del sistema de salud en Colombia.
Contexto y desafíos: El futuro de la salud en Antioquia
La devolución de Savia Salud ocurre en un momento de máxima tensión entre las regiones y el Gobierno Nacional por el control del modelo de salud en Colombia. Mientras el Tribunal Administrativo de Antioquia defiende la autonomía de los socios originales, la realidad operativa plantea dudas sobre la sostenibilidad de una EPS que atiende al 70% de la población más vulnerable del departamento. El rescate de la entidad no depende solo de un cambio de gerencia, sino de una renegociación técnica con el Ministerio de Salud para cerrar la brecha entre lo que se recibe y lo que se gasta. Ante este escenario, surgen preguntas obligatorias para el debate público:
- ¿Tienen la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia el músculo financiero para capitalizar una deuda que ya alcanza los 2 billones de pesos?
- ¿Cómo garantizará la red hospitalaria la atención del millón 700 mil usuarios si el flujo de caja por la UPC sigue siendo insuficiente?
- ¿Representa este fallo judicial un precedente para otras EPS intervenidas en el país que denuncian una «asfixia» financiera intencional por parte del Estado
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