Un año después de secuestrar a Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López, Frankie Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo público el “juicio revolucionario” en su contra que anunció en octubre de 2025. La revelación ha causado indignación, al convertirse en un símbolo del recrudecimiento de la guerra.
Pacheco y López son agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Hoyos y Pérez, uniformados de la Dijín de la Policía. La guerrilla los mantiene en cautiverio en Arauca desde mediados de 2025, un año en el que las autoridades documentaron 651 plagios, más del doble de los 313 reportados en 2024.
El Frente de Guerra Oriental es el responsable del crimen. Un puñado de sus integrantes anunció en un video que les concedía a los secuestrados, a quienes califica como “condenados”, la “posibilidad” de “tramitar” un canje humanitario con el Gobierno. Es decir, entregar a los funcionarios a cambio de elenos presos.
Las condenas ilegales que el ELN impuso rondan los cinco años de “prisión revolucionaria” contra los agentes del CTI y los tres años para los policías, a quienes acusó por supuesto espionaje. La Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación recordaron que los únicos que administran justicia son los jueces.
Un llamado al Gobierno
“El respeto por la vida, la integridad y la libertad de los colombianos es un principio básico del Estado social de derecho”, expresaron las autoridades judiciales en un comunicado conjunto, en el que señalaron que el secuestro “solo causa más daño y deja consecuencias permanentes en las víctimas” y sus familias.
Alba Murcia, madre del subintendente Frankie Hoyos, se pronunció en La FM para solicitarle al Gobierno medidas para liberar a su hijo. En octubre de 2025, cuando el ELN amenazó con enjuiciar a los agentes, el grupo armado publicó una prueba de supervivencia. Murcia relató que el 28 de abril recibió otra.
Hoyos, contó su mamá, le pidió ayuda al Gobierno nacional para “que por favor lo sacara de allá” junto a los demás funcionarios. El Ejecutivo “hasta ahora no se ha pronunciado” sobre el llamado de auxilio, añadió Murcia. La víspera, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que el ELN “no representa justicia”.
“Sin condicionamiento alguno”
La Corte Suprema y la Fiscalía exigieron que Jesús Pacheco, Rodrigo López, Frankie Hoyos y Yordin Pérez sean “liberados sin condicionamiento alguno”, lo que sería, en el mejor de los casos, una “muestra de voluntad de paz” de parte de la agrupación ilícita. El procurador general, Gregorio Eljach, también se expresó.
El Ministerio Público subrayó que “el secuestro no es justicia, es un delito”, un ataque al país “y un ultraje a la dignidad”. La Procuraduría desconoció “el poder de juzgamiento a civiles” por parte de los armados, a los que tachó de “criminales, terroristas, narcotraficantes, enemigos de la democracia y la paz”.
La Defensoría del Pueblo llamó al Gobierno a atender directamente a las familias de los secuestrados y “fortalecer los esfuerzos para propiciar la liberación”. “Las familias se han sentido solas”, zanjó la defensora Iris Marín. La Procuraduría instó al Ejecutivo a “tomar las acciones pertinentes para buscar la libertad”.
El 8 de mayo de 2025 el ELN secuestró a los investigadores del CTI Jesús Pacheco y Rodrigo López en Fortul, un municipio araucano ganadero y agricultor de poco más de veinte mil habitantes. El 20 de julio, el Día de la Independencia, interceptó al subintendente Frankie Hoyos y el patrullero Yordin Pérez Pérez en la vía entre Tame y Arauca.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué ocurrió con los agentes del CTI y los policías en Arauca?
Cuatro funcionarios —dos del CTI y dos de la Dijín— permanecen secuestrados por el ELN desde 2025. La guerrilla difundió un supuesto “juicio revolucionario” en el que les impone «condenas» de hasta cinco años, lo que intensificó el rechazo institucional y reavivó la percepción sobre el recrudecimiento del conflicto.
¿Qué significa el “juicio revolucionario” anunciado por el ELN?
Se trata de una decisión unilateral e ilegal en la que el grupo armado se atribuye funciones judiciales para condenar a los secuestrados y plantear un eventual canje por guerrilleros presos. Las autoridades han reiterado que solo los jueces pueden administrar justicia y que esas prácticas carecen de cualquier validez.
¿Cómo han reaccionado la Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría?
Las altas autoridades exigieron la liberación “sin condicionamiento alguno” de los secuestrados, y rechazaron el secuestro como un delito que vulnera la dignidad humana. La Procuraduría, además, calificó al ELN como una organización criminal y enemiga de la democracia, elevando el tono frente a la actuación del grupo armado.
¿Qué se le pide al Gobierno y cuál es el panorama?
Las familias de las víctimas, junto con la Defensoría del Pueblo, han pedido una respuesta más activa del Ejecutivo para lograr la liberación. En un contexto de aumento de secuestros —651 casos en 2025—, el caso se convierte en símbolo de la presión sobre el Gobierno para responder ante la escalada del ELN.
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