Una acción de tutela presentada ante un juez constitucional denunció una grave crisis en el programa de conservación del caimán llanero o cocodrilo del Orinoco (Crocodylus intermedius), una de las especies más amenazadas del país.
El recurso señala al Ministerio de Ambiente, la Universidad Nacional y otras entidades por presuntas omisiones que habrían dejado sin alimentación a más de 200 ejemplares bajo cuidado institucional en Villavicencio, la Universidad de los Llanos y el Parque Agroecológico Merecure.
El documentalista y activista ambiental Mauricio Salazar Rodríguez, quien interpuso la tutela, aseguró que la situación es crítica y responsabilizó a una disputa administrativa entre las entidades encargadas del programa de conservación.
“En este momento hay 200 cocodrilos del Orinoco, especie en peligro crítico de extinción, que están al borde de morir por falta de alimentación, por un ayuno forzoso, ya que están en cautiverio y dependen completamente de sus cuidadores”, afirmó Salazar.
Según explicó, los animales hacen parte del programa de conservación liderado históricamente por la Universidad Nacional a través de la Estación de Biología Tropical Roberto Franco, en Villavicencio. Debido al hacinamiento en la estación, la universidad trasladó años atrás 180 ejemplares al bioparque Merecure y otros 12 a la Universidad de los Llanos, mediante convenios que incluían alimentación, atención veterinaria y mantenimiento de instalaciones.
Sin embargo, Salazar aseguró que los convenios dejaron de renovarse con la llegada de una nueva decanatura en 2024 y que, aunque la universidad suspendió el apoyo logístico y financiero, nunca realizó una transición para garantizar el cuidado de los animales.
“Todo eso se suspende a partir del año 2025 y esa es la fecha donde se quedan sin alimento los animales, desde diciembre de 2025”, denunció.
La tutela advierte que durante varios meses se redujeron los recursos destinados al sostenimiento de los animales, lo que habría provocado desnutrición severa, hacinamiento, pérdida de huevos destinados a programas de reproducción y la muerte de al menos dos ejemplares.
“Estos son animales resilientes que pueden soportar periodos importantes sin alimento, pero no meses. Esto ya es un ayuno forzado que los tiene al borde de la muerte”, señaló Salazar, quien además relató que encontró ejemplares “en los huesos”, con signos evidentes de desnutrición y comportamientos agresivos inusuales.
El documento también menciona informes técnicos de Cormacarena en los que se alertó sobre desnutrición severa, hacinamiento y riesgos sanitarios en los espacios donde permanecen los cocodrilos. Incluso se advirtió sobre casos de canibalismo entre ejemplares debido a la falta de alimento.
De acuerdo con Salazar, desde diciembre comenzó un cruce de oficios y comunicaciones entre la Universidad Nacional, Merecure, la Universidad de los Llanos y Cormacarena, sin que ninguna entidad asumiera plenamente la responsabilidad sobre los animales.
“Todas se tiran la pelota tratando de evadir la responsabilidad frente a estos animales”, aseguró.
Ante la falta de respuestas, el activista señaló que junto con otros colaboradores logró conseguir cerca de una tonelada de pollo para alimentar a los cocodrilos, además de protocolos veterinarios para hacerlo de manera segura. Sin embargo, afirmó que las entidades no autorizaron el ingreso ni permitieron alimentar a los animales.
“Fue absolutamente frustrante ver uno de los animales al borde de la muerte y saber que cada día que pase está en riesgo que mueran más”, dijo.
La acción de tutela solicita medidas urgentes para garantizar alimentación inmediata, atención veterinaria y coordinación institucional que permita evitar nuevas muertes y frenar el deterioro del programa nacional de conservación del caimán llanero.
Entre las peticiones al juez constitucional están definir qué entidad debe asumir oficialmente la responsabilidad sobre los ejemplares, ordenar la reactivación inmediata de la alimentación y el cuidado veterinario y hacer seguimiento permanente para evitar que la situación vuelva a repetirse.
El caso reabre el debate sobre la protección de especies en peligro de extinción en Colombia y el estado de los programas públicos de conservación ambiental.
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