
La frontera entre Bojayá (Chocó) y Vigía del Fuerte (Antioquia) será escenario este sábado 11 de julio de un acto de perdón público con el que el Estado busca contribuir a la reparación de una de las heridas más profundas que dejó el conflicto armado para las víctimas y sus familias.
El 2 de mayo de 2002, en medio de enfrentamientos entre las extintas FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la guerrilla lanzó un cilindro bomba contra la iglesia de Bellavista, donde cientos de habitantes permanecían refugiados para protegerse de los combates. La explosión dejó 79 personas muertas, entre ellas decenas de niños, además de numerosos heridos y una profunda destrucción. De aquella tragedia quedó como símbolo el Cristo mutilado de Bojayá, convertido en un emblema de la memoria de las víctimas y de la búsqueda de la paz.
Se espera que, sobre las 8:00 a. m., en Bellavista, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabece el acto de reconocimiento de responsabilidad y de perdón público en nombre del Estado por no haber protegido a la población ni evitado la tragedia.
En la ceremonia está prevista la participación de familiares de las víctimas, representantes de organismos de la comunidad internacional, organizaciones acompañantes, autoridades étnicas y territoriales, así como delegados del Gobierno nacional.
Cabe recordar que este hace parte de los actos ordenados por el presidente Gustavo Petro, quien dispuso el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en distintos casos de graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en el marco del conflicto armado.
La masacre de Bojayá es considerada uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado en Colombia. Más de dos décadas después, las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte continúan reclamando el cumplimiento integral de las medidas de reparación, una mayor presencia institucional y garantías de no repetición, en una región donde aún persisten las acciones de grupos armados ilegales.
Sobre esta jornada, el Comité Ampliado por los Derechos de las Víctimas de Bojayá y Vigía del Fuerte señaló:
«Este acto representa un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones del Estado con las víctimas, en el marco de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Su realización es el resultado de un largo proceso de exigencia, resistencia y búsqueda de dignidad liderado por las víctimas y sus organizaciones».
No obstante, la organización enfatizó que el acto público no constituye el punto final de las obligaciones estatales.
«Las excusas públicas deben estar acompañadas de acciones concretas, efectivas y sostenibles que garanticen el cumplimiento integral de las medidas de reparación, el fortalecimiento de las condiciones de vida de las comunidades y la no repetición de las violencias que marcaron nuestra historia», advirtieron.
Finalmente, el documento concluye:
«La memoria dignifica, la verdad fortalece la democracia y el reconocimiento de las responsabilidades constituye un paso necesario hacia la construcción de una paz con justicia y garantías para las generaciones presentes y futuras».
Claves del tema: cuatro preguntas
¿Qué ocurrió en la masacre de Bojayá?
El 2 de mayo de 2002, en medio de enfrentamientos entre las extintas FARC y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), la guerrilla lanzó un cilindro bomba contra la iglesia de Bellavista, donde cientos de civiles se refugiaban de los combates. La explosión dejó 79 personas muertas, más de un centenar de heridas y provocó el desplazamiento de numerosas familias.
¿Por qué el Gobierno realizará un acto de perdón?
El Estado reconocerá públicamente su responsabilidad por no haber protegido a la población ni evitado la tragedia. El acto hace parte de las medidas de reparación integral y de satisfacción para las víctimas, en cumplimiento de decisiones judiciales y compromisos adquiridos por el Estado colombiano.
¿Quiénes participarán en la ceremonia?
Está prevista la asistencia de familiares de las víctimas, representantes del Gobierno nacional, autoridades étnicas y territoriales, organismos internacionales, organizaciones acompañantes y miembros de las comunidades de Bojayá y Vigía del Fuerte.
¿Qué esperan las víctimas después del acto?
Las organizaciones de víctimas sostienen que el perdón público debe traducirse en acciones concretas, como el cumplimiento de las medidas de reparación, mayor presencia del Estado, inversión social y garantías efectivas de no repetición para que tragedias como la ocurrida en 2002 no vuelvan a afectar a estas comunidades.











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