El occidente de Risaralda se encuentra bajo máxima alerta debido a un fenómeno que trasciende los límites departamentales. Los recientes hechos de violencia, caracterizados por el uso de tecnologías aéreas no tripuladas cargadas con explosivos y hostigamientos directos a las patrullas del Estado, han puesto al descubierto una de las mayores debilidades de seguridad en la región como lo es la permeabilidad de la zona limítrofe con el Chocó.
Y es que la facilidad de desplazamiento criminal a través de esta zona selvática, utilizada históricamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ha dejado de ser un asunto de tránsito ocasional para convertirse en una conexión estratégica permanente. Este corredor no solo conecta geográficamente al municipio chocoano de Tadó con el casco urbano de Pueblo Rico, sino que estaría sirviendo de plataforma para la planeación y ejecución de atentados que desestabilizan el orden público regional.
¿Cómo facilita la expansión del ELN en Risaralda?
La interconexión territorial entre ambas zonas del país se ha convertido en el principal catalizador de la zozobra. El corregimiento de Santa Cecilia, ubicado en Pueblo Rico, funciona como el eslabón de una cadena que conecta de manera directa la selva del Chocó con el corazón del Eje Cafetero.
De hecho, el reciente atentado contra la subestación policial de este corregimiento y el posterior ataque a una patrulla sobre la carretera principal, evidencian que las células subversivas operan con libertad de movimiento a lo largo de este eje vial.
Para los líderes de derechos humanos, la continuidad de estas agresiones confirma entonces un diagnóstico preocupante sobre el posible posicionamiento de los subversivos. Eisenhower Djanon Zapata, miembro del Comité de Justicia Transicional en Risaralda, advirtió sobre la consolidación física de los frentes guerrilleros en la zona limítrofe.
El defensor enfatizó que «el tránsito sin contratiempos que realiza el ELN desde Tadó hacia el corregimiento de Santa Cecilia e incluso su aproximación directa al casco urbano de Pueblo Rico, demuestra que ya cuentan con un sistema de campamentos estables en Risaralda».
¿Qué pide el defensor de derechos humanos?
Bajo este panorama, la geografía montañosa y la densa vegetación estarían actuando como un escudo natural para los campamentos ilegales. Por ello, la respuesta gubernamental no puede limitarse a la vigilancia de las vías principales.
El experto en derechos humanos recalcó que «la prioridad de la Fuerza Pública debe volcarse a robustecer sustancialmente las labores de reconocimiento y búsqueda de información directamente sobre el terreno».
De igual forma, Zapata hizo hincapié en la necesidad de incorporar herramientas de defensa de última generación, «se requiere urgentemente la dotación y despliegue de mecanismos de inteligencia digital que neutralicen la ofensiva de aeronaves no tripuladas tipo drones, con los que ahora están azotando el occidente del departamento».
Comunidades ancestrales atrapadas en el fuego cruzado
La reactivación en este corredor interdepartamental por parte del ELN no solo pone en jaque a las unidades policiales y militares, sino que expone directamente a la población civil que habita estos territorios ancestrales.
La región que conecta a Chocó con Risaralda alberga importantes resguardos indígenas, colectivos afrodescendientes y comunidades campesinas que hoy sufren las consecuencias de la tecnificación del conflicto. El uso de drones con cargas de poder destructivo ha sembrado el terror en las veredas de Pueblo Rico. El analista del Comité de Justicia Transicional advirtió que «el empleo de dispositivos aéreos con capacidad explosiva, representa una amenaza directa y asimétrica para la vida y la integridad de las comunidades étnicas asentadas en esta franja limítrofe».
Ante esta posible crisis humanitaria, las organizaciones de derechos humanos insisten en un llamado de urgencia al Ministerio de Defensa y a la Presidencia de la República, exigiendo una intervención integral que no solo verifique y desmantele los campamentos del ELN en territorio risaraldense, sino que brinde las garantías de seguridad necesarias para evitar desplazamientos masivos y confinamientos de las poblaciones vulnerables del occidente de Risaralda.
Hechos relacionados en la región
La situación del corredor Pueblo Rico – Tadó guarda una estrecha relación con las dinámicas de orden público que se registran en los municipios vecinos de Mistrató y Belén de Umbría. De hecho, en estas localidades risaraldenses, las autoridades locales han estado reforzando los controles de seguridad debido a denuncias de la comunidad sobre la presunta presencia de comisiones de finanzas del ELN realizando cobros extorsivos a caficultores y comerciantes.
Asimismo, la Gobernación de Risaralda, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, instaló recientemente una mesa técnica de alertas tempranas para monitorear de manera permanente, la situación de los líderes sociales en la zona limítrofe, buscando articular estrategias que prevengan homicidios y amenazas en este convulsionado eje de movilidad que conecta al departamento con el Chocó y el océano Pacífico.
Preguntas sobre la situación de orden público en la zona
¿Qué departamentos con conexión vial tienen en vilo a las autoridades?
Los departamentos de Chocó y Risaralda.
¿A qué grupo armado ilegal se le atribuyen los ataques recientes?
Al Ejército de Liberación Nacional (ELN).
¿Quién alertó sobre esta situación?
Eisenhower Djanon Zapata, integrante del Comité de Justicia Transicional de Risaralda.
¿Qué sospechan los defensores de derechos humanos en esa zona?
Que el ELN ya tendría bases campamentarias estables en Risaralda.
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