Juan León García
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha celebrado este martes la aprobación en Consejo de Ministros del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que ha calificado como “un triunfo de la sociedad civil” al, ha explicado, “poner coto” a “casos obscenos” vividos en los últimos años por modelos concesionales de gestión amparados por un marco normativo que, a su juicio, “durante demasiado tiempo ha permitido que la gestión de la sanidad pública haya tenido una orientación hacia el beneficio político más que a lo público”.
El texto, que deberá afrontar ahora la tramitación parlamentaria en la que no está claro que vaya a alcanzar una mayoría de apoyos en el Congreso de los Diputados (“si los parlamentarios consideran que nuestro SNS es algo sagrado, que protege la salud de todos y es el sistema garante, esta ley saldrá adelante”, ha dicho), busca garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios.
El anteproyecto establece un marco jurídico en la que la gestión directa de la sanidad pública recaerá sobre la administración sanitaria competente; entidades del sector público institucional estatal, autonómico o local y mediante consorcios sanitarios constituidos entre varias administraciones o entidades públicas (artículo 5 del nuevo texto).
Donde se aprecian los cambios en esta normativa que, de salir adelante, derogará la Ley 15/1997 aprobada durante el primer mandato del gobierno popular de José María Aznar, que derivó en una liberalización en la gestión que ha dado lugar, en opinión de García, a “modelos que fragmentan el sistema y tienen consecuencias en nuestros pacientes”.
“Es la primera ley que establece de forma inequívoca que la gestión pública es la preferente en nuestro SNS”, ha sentenciado la ministra de Sanidad, que ha criticado la gestión de la sanidad pública por parte de comunidades como Madrid o Valencia (modelo Alzira).
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