La Sierra Nevada de Santa Marta vuelve a encender las alarmas nacionales. La Defensoría del Pueblo lanzó un nuevo llamado urgente al Estado colombiano para que actúe de manera inmediata y coordinada frente a los riesgos de confrontación armada que amenazan a comunidades enteras en esta región estratégica del Caribe.
El pronunciamiento se dio durante la tercera sesión plenaria de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), convocada por el Ministerio del Interior, en el marco de la Alerta Temprana 020 de 2025.
Según la entidad de derechos humanos, al menos 21 municipios de los departamentos de Magdalena, La Guajira y Cesar se encuentran en riesgo por la disputa territorial entre estructuras armadas ilegales que buscan controlar corredores del narcotráfico.
Entre los territorios señalados figuran ocho municipios del Magdalena: Santa Marta, Ciénaga, Puebloviejo, Zona Bananera, El Retén, Aracataca, Fundación y Algarrobo. En La Guajira, el riesgo se extiende a Riohacha, Dibulla, San Juan del Cesar, Distracción, Fonseca, Barrancas, Hatonuevo y Albania, mientras que en el Cesar están en alerta Valledupar, El Copey, Bosconia, El Paso y Pueblo Bello.
La Defensoría advirtió que la confrontación entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) podría escalar rápidamente si no se activan acciones preventivas reales y sostenidas.
El riesgo, subraya la entidad, no es hipotético, sino que está latente y amenaza con traducirse en desplazamientos, confinamientos, reclutamiento forzado y ataques contra la población civil.
El informe identifica como especialmente vulnerables a los pueblos indígenas Kogui, Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Wayúu, Zenú, Inga, Taganga y Ette Ennaka, además de comunidades afrodescendientes, campesinas y pescadores artesanales ancestrales.
También están en riesgo líderes comunales, juntas de acción comunal, personas defensoras de derechos humanos, niñas, niños y adolescentes, así como poblaciones históricamente estigmatizadas, incluidas personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y el pueblo rrom.
En total, la Defensoría formuló 38 recomendaciones dirigidas a entidades clave del orden nacional y territorial, entre ellas el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía General de la Nación, las gobernaciones de Magdalena, La Guajira y Cesar, el ICBF, la UNP y los sectores de educación y derechos humanos.
«La protección de los derechos humanos no admite dilaciones», insistió la Defensoría, al advertir que la ausencia de una respuesta anticipada y articulada del Estado puede convertir los riesgos actuales en daños irreparables para las comunidades y el territorio.
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