Redacción
El Congreso de los Diputados ha iniciado la tramitación del Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. El pasado viernes se publicó en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 22 de mayo de 2026. El texto abre su fase parlamentaria con plazo de enmiendas hasta el 9 de junio y será debatido en la Comisión de Sanidad. La iniciativa se sitúa en el marco de las competencias estatales para fijar las bases del sistema sanitario.
El texto ha abierto su fase parlamentaria con plazo de enmiendas hasta el 9 de junio y será debatido en la Comisión de Sanidad. Se trata, por tanto, de un proyecto de ley en tramitación, en una fase inicial dentro del Congreso.
La Ley de Gestión Pública ordena un modelo organizativo en torno a la primacía de la provisión pública
El proyecto plantea reforzar la gestión pública directa como modelo prioritario en el SNS. Según se ha presentado, esta forma de gestión ha sido mayoritaria desde la creación del sistema y se asocia a mejores resultados en equidad, calidad y control del gasto. Con este enfoque, el texto ordena el modelo organizativo en torno a la primacía de la provisión pública.
La colaboración con entidades privadas no desaparece, pero queda sujeta a condiciones más estrictas. El recurso a conciertos o concesiones requerirá una justificación específica basada en necesidad asistencial, eficiencia y equidad. Además, se refuerzan los mecanismos de control y transparencia en estos acuerdos, lo que introduce nuevas exigencias en su utilización.
En el texto se contempla la posibilidad de que las administraciones recuperen la gestión directa de servicios externalizados
El proyecto también contempla la posibilidad de que las administraciones recuperen la gestión directa de servicios externalizados. Este planteamiento permite reorganizar los modelos de provisión existentes en función de la planificación sanitaria y de criterios de interés público. Su aplicación dependerá de las decisiones que adopten las administraciones competentes.
El impacto del proyecto variará entre comunidades autónomas, ya que mantienen la gestión de sus sistemas de salud. No obstante, el texto establece un marco general que orienta el modelo hacia la gestión pública y puede influir en la planificación de recursos y en las fórmulas de colaboración público-privada. La norma inicia ahora su recorrido parlamentario, por lo que su contenido final dependerá de las modificaciones que se introduzcan durante la tramitación.
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