Rafael Belmonte Gómez, diputado a Cortes Generales por Sevilla del Grupo Parlamentario Popular y secretario Segundo de la Comisión de Sanidad del Congreso
La convocatoria del MIR 2026 bajo el paraguas de Mónica García será recordada como un punto de inflexión negativo de esta historia de éxito. Ha pasado de ser un proceso ejemplar de mérito y capacidad a un escenario de sombras e incertidumbre. La responsabilidad recae directamente sobre el Ministerio, cuya gestión ha permitido quiebras de seguridad inaceptables en un examen de tal relevancia. Las denuncias sobre el uso de dispositivos móviles y gafas con inteligencia artificial están alarmando tanto a profesionales como a la sociedad. Son negligencias que rompen la equidad necesaria entre los 30.000 aspirantes que se juegan su futuro profesional en unas pocas horas.
A estos problemas se suman errores de maquetación y la dimisión del comité de expertos antes de la prueba. No son meras anécdotas organizativas, sino que representan una falta de respeto hacia el esfuerzo de miles de médicos, a toda la comunidad sanitaria. Las puntuaciones récord vinculadas a expedientes bajos solo alimentan una sospecha de fraude que el Ministerio debe afrontar con urgencia. Distintas voces autorizadas ya están advirtiendo que el proceso podría ser declarado nulo de pleno derecho. La Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común indica que en el caso de vulnerarse los principios de igualdad y mérito, cualquier tribunal puede tumbar la convocatoria. El error en el nombramiento de las comisiones calificadoras aporta, además, una base sólida para impugnaciones masivas.
La convocatoria del MIR 2026 bajo el paraguas de Mónica García será recordada como un punto de inflexión negativo
Como una repetición del examen sería un desastre logístico y económico sin precedentes y el Estado enfrentaría reclamaciones millonarias por daños y perjuicios, el Ministerio ya lo ha negado. Sin embargo, el daño reputacional es my grave porque no podríamos digerir que el acceso a la formación especializada perdiera su transparencia y rigor. El retraso en la incorporación de los nuevos residentes agravaría la precariedad de las plantillas de profesionales como ya ocurrió durante la pandemia. El cronograma docente sufriría un desfase difícil de corregir. Los residentes actuales verían prorrogados sus contratos en condiciones de incertidumbre para sostener el sistema mientras se resuelve el conflicto jurídico.
Este desajuste afecta directamente a la calidad asistencial y a los ciclos de rotación de las promociones venideras. La Sanidad Pública que tanto defiende Mónica García no puede permitirse vacíos en el relevo generacional por la incapacidad administrativa de organizar una prueba segura. Para el médico que oposita, el daño psicológico sería incalculable. Tras años de estudio y meses de aislamiento, la posibilidad de repetir el examen produciría un efecto devastador. El agotamiento mental y el estrés financiero sitúan a los candidatos en una posición de vulnerabilidad extrema.
Una repetición del examen MIR sería un desastre logístico y económico sin precedentes
Muchos han agotado sus ahorros y dependen del apoyo familiar. Una «segunda oportunidad» forzada por errores ajenos genera un agravio comparativo insalvable. Quienes obtuvieron su plaza con esfuerzo verían invalidado su mérito de forma injusta. El Ministerio debe asumir su responsabilidad y ejecutar una auditoría externa inmediata para salvar la integridad del sistema.
La declaración de nulidad o la repetición de la prueba sería una bomba nuclear y la más temida por los MIR y por la propia Mónica García. Si los informes jurídicos internos concluyen que el proceso vulneró los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, el responsable debe dictar una resolución anulando la convocatoria. La consecuencia política sería la dimisión inmediata del responsable; la consecuencia administrativa la convocatoria de un examen extraordinario en un plazo de dos a tres meses; y la consecuencia económica debería afrontar la provisión de fondos para indemnizar a los opositores por gastos de todo tipo (manutención, formación, viajes…). Demasiado para un Ministerio que tiene pocos amigos y demasiadas guerras abiertas.














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