El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernado Velasco y en el caso de este último le negó la libertad y la detención domiciliaria, tras ser acusados como piezas clave del entramado de corrupción de la UNGRD e Invías.
La decisión fue anunciada por la magistrada ponente Alma Gertrudis Chamat Lozano y los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Efraín Adolfo Bermúdez y Fabio Bernal.
El Tribunal no acogió la apelación de las defensas que plantearon que se había cometido una supuesta violación al debido proceso y al derecho de una defensa justa.
Los defensores también argumentaban que se había registrado una extralimitación en las funciones de la magistrada de control de garantías de primera instancia, Aura Alexandra Rosero Baquero, que ordenó la reclusión en una cárcel de ambos exministros, pese a que ni la Fiscalía General ni las víctimas hicieron una petición en ese sentido.
“Ciertamente el marco investigativo adelantado por la Fiscalía aún no han permitido identificar a todos los que intervinieron en el esquema de corrupción del que hicieron parte los exministros Velasco y Bonilla”, dijo la magistrada Chamat Lozano
Así mismo, sostuvo que “algunos que han sido identificados han evadido la acción de la justicia saliendo del país o no han sido formalmente judicializados de ahí que persiste el riesgo de la continuación de la actividad delictiva”.
Según los magistrados en este caso la urgencia de aplicar una medidas de aseguramiento no se mide en el tiempo de duración de la investigación que involucra a los exministros, sino que abarca un concepto más amplio que incluye la modalidad en que operó la organización, así como la intervención de otras personas.
Para el Tribunal hay que tener en cuenta el cúmulo de esfuerzos para recolectar el material probatorio que fue fundamental para desentrañar los hechos de corrupción develados.
“El capital reputacional de los exministros contribuye a sostener que la medida de privación de la libertad no ha perdido su urgencia, además de las dinámicas propias del esquema de corrupción puesto en marcha desde que aquellos decidieron direccionar recurso públicos para favorecer congresistas”, indicó la magistrada.
Los contratos que enredan a los exministros
De acuerdo con la Fiscalía, los exministros presuntamente impartieron instrucciones para el direccionamiento de contratos y convenios por más de 612 mil millones de pesos de la UNGRD y el Invias, a cambio de lograr el apoyo para reformas como la pensional y de salud promovidas por el Gobierno, así como el respaldo en la votación a los proyectos de endeudamiento de la Nación que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público.
Para los investigadores, se estableció que esta organización criminal tuvo vocación de permanencia y durabilidad, entre mayo de 2023 y febrero de 2024, durante el tiempo en que Luis Fernando Velasco Chávez y Ricardo Bonilla González, se desempeñaron como ministros de despacho en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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