Tras dos días de audiencia, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia declaró formalmente acusados a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, en medio del entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía llevó a juicio a los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El fiscal Gabriel Sandoval, delegado ante la Corte, radicó el escrito de acusación, de casi trescientas páginas, el 7 de abril.
No es una acusación precisamente fuerte. Aunque tiene ciertas falencias en tecnicismos jurídicos en, por ejemplo, la “vocación de permanencia” del delito de concierto para delinquir, sirvió para llevar a dos de los exservidores públicos más cercanos al jefe de Estado en el pasado al banquillo.
Según la Fiscalía, Velasco lideró varias reuniones en el Palacio de Nariño para impartir directrices sobre el direccionamiento de varios contratos que servirían para que congresistas votaran a favor de proyectos de la administración de Petro. Según la Fiscalía, las iniciativas gubernamentales eran la reforma a la salud y la pensional.
Velasco captó una posible imprecisión de la Fiscalía, que señaló que la pensional se debatía en la Comisión Primera del Senado, cuando en realidad era un proyecto que navegaba en la Comisión Séptima. En todo caso, las investigaciones del ente acusador también hablan de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Se trata, en buena medida, del representante conservador Wadith Manzur y la representante de las circunscripciones de paz Karen Manrique, a quienes la Corte Suprema de Justicia envió a prisión preventiva. Este jueves, 30 de abril, la Sala Especial de Instrucción ratificó la medida de aseguramiento en su contra.
Testigos, contratos y la ruta de los presuntos sobornos del caso de la UNGRD
María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Ricardo Bonilla, ha sido clave. La justicia tiene cerca de cincuenta horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio y presiones de congresistas. La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad que un juzgado aprobó en julio del año pasado.
Benavides ha comprometido a casi cuarenta personas, una treintena de las cuales son congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías). La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, navega en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
La Fiscalía dice que Bonilla determinó a Benavides para que se contactara con los congresistas que Velasco seleccionaba para cuadrar 73 contratos del Invías —si bien la imputación hablaba inicialmente de 74— y cinco contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo, que sumaban unos 612.000 millones de pesos.
De la lista de convenios, solo siete se concretaron. Velasco, frente al magistrado Jorge Emilio Caldas —el ponente del caso en la Sala de Primera Instancia—, protestó porque la mayoría de los acuerdos empezó a tramitarse durante el gobierno de Iván Duque. “No caigamos en el juego narrativo que plantea la Fiscalía”, reclamó.
Entre septiembre y diciembre de 2023, narró la Fiscalía, Velasco y Bonilla presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales de la UNGRD para mitigar emergencias en Arauca, Córdoba y Bolívar. Los proyectos sumaban más de 86,6 mil millones de pesos y habrían provocado la aprobación de créditos en el Congreso.
La Corte Suprema, durante la investigación contra Manrique, Manzur, tres congresistas y un excongresista, constató que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió trece de los dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda —al mando de Bonilla— pidió durante el año.
Las defensas responden y el caso va a etapa de juicio
“A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostuvo la Corte. En agosto de 2025 el magistrado Misael Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del Gobierno, como Velasco.
La audiencia de acusación acumuló dos días, sumando trámites procesales, defensa de los exministros, recesos decretados por la magistratura, una audiencia de apelación de la medida de aseguramiento ante el Tribunal Superior de Bogotá y hasta un instante en el que el exministro Bonilla apagó su aspiradora.
Velasco y Bonilla, ya no investigados sino acusados, insisten en su inocencia, en que no desfalcaron la UNGRD y en que nunca dieron órdenes para desviar recursos. El Tribunal Superior de Bogotá, que le otorgó a Bonilla la libertad por vencimiento de términos, le negó la detención domiciliaria al exjefe de la cartera del Interior.
El exministro de Hacienda apuntó que nunca fue ordenador del gasto de entidades distintas a su ministerio. Y reprochó que uno de los contratos que la justicia le achaca se firmó en 2021, antes de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, en el Invías. El fiscal en la audiencia señaló que se basa en las adiciones al contrato, no en su firma.
Luis Fernando Velasco, por su parte, cuestionó que la Fiscalía fuese abstracta al advertir qué congresistas se habrían beneficiado por los contratos, sin nombrarlos propiamente. Y criticó la credibilidad que los investigadores le dan al exdirector de la UNGRD Olmedo López, a quien el Tribunal de Bogotá le tumbó un preacuerdo.
Con Ricardo Bonilla y Luis Velasco, cuatro exintegrantes del Gobierno van a juicio. Antes de ellos, pasó al banquillo la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, en prisión preventiva desde diciembre de 2024 por aparentemente mediar para que los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle —presos— recibieran sobornos. Y luego, el prófugo Carlos Ramón González, asilado en Nicaragua.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué van a juicio Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco?
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema los declaró formalmente acusados por concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho.
La Fiscalía sostiene que ambos hicieron parte de un entramado para direccionar contratos de la UNGRD y el Invías con fines políticos, lo que bastó —pese a vacíos técnicos en la acusación— para llevarlos al banquillo.
¿Cómo operaba el presunto esquema de corrupción en la UNGRD?
Según el ente acusador, Velasco coordinaba reuniones y seleccionaba congresistas, mientras Bonilla, a través de su entonces asesora María Alejandra Benavides, facilitaba el contacto para concretar contratos.
A cambio, parlamentarios habrían apoyado reformas clave del Gobierno, como la pensional y la de salud, en una lógica de intercambio entre contratación pública y respaldo legislativo.
¿Qué pruebas tiene la Fiscalía contra los exministros Bonilla y Velasco?
El caso se sostiene en cerca de cincuenta horas de grabación entregadas por María Alejandra Benavides, quien firmó un principio de oportunidad, y en la trazabilidad de al menos 78 contratos por más de $612.000 millones.
Aunque solo siete convenios se ejecutaron, la Fiscalía argumenta que existió una estructura para direccionarlos, incluyendo procesos en la UNGRD y en el Invías.
¿Cuál es la situación judicial actual de los implicados?
Velasco permanece con medida de aseguramiento, mientras Bonilla enfrenta el proceso en libertad por vencimiento de términos. Ambos niegan los cargos y cuestionan la solidez de la investigación. El caso entra ahora en etapa de juicio, con otros exfuncionarios ya procesados en otros expedientes.
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