A propósito de que el Tribunal Superior de Bogotá determinó que el estallido social fue un plan orquestado por grupos ilegales, hay un evento que pasó desapercibido hace unos días en el Ministerio de Justicia.
Los Secretos de D’Arcy Quinn conocieron que hace unos días miembros de la denominada Primera Línea se tomaron la sede del Ministerio de Justicia de la calle 53, tanto que los empleados tuvieron que ser evacuados de la sede.
Al parecer buscaban presionar al ministro para que liberen a los miembros de ese grupo que participaron en actos de vandalismo y que se encuentran detenidos aún en centros de reclusión.
La toma duró varios días, pero se mantuvo en silencio y se manejó a alto nivel. ¿Qué les prometieron? ¿Qué les dijo el ministro Cuervo o sus viceministros? Es un misterio, pero finalmente los miembros de la Primera Línea abandonaron las instalaciones de la sede del ministerio. ¿Está la promesa de liberarlos? ¿Y qué dirán ahora que el tribunal ha dicho que se trató de terrorismo urbano y que fueron movidas por grupos al margen de la ley?
El Tribunal Superior de Bogotá emitió un fallo que ha reabierto el debate sobre los eventos de 2021
En una sentencia de su Sala Penal, el alto tribunal concluyó que parte de los disturbios y actos violentos registrados durante el denominado “estallido social” o Paro Nacional, ocurrido en el gobierno del presidente Iván Duque, no fueron producto exclusivo de una movilización social espontánea.
Tras analizar interceptaciones telefónicas, testimonios, seguimientos y otras pruebas, los magistrados determinaron que existió una estructura organizada detrás de algunos episodios de vandalismo, terrorismo urbano y ataques coordinados en Bogotá.
La decisión judicial identificó coordinación entre civiles y actores ilegales
Según el fallo, varios de los procesados mantuvieron comunicaciones y operaron en alianza con células urbanas vinculadas a disidencias de las FARC, específicamente el Bloque Segundo Manuel Marulanda Vélez.
Estos hechos incluyeron ataques a la Fuerza Pública, vandalismo contra infraestructura como el sistema TransMilenio y generación de caos planificado, más allá de las protestas pacíficas iniciales contra la reforma tributaria. Como resultado, varios implicados fueron condenados a penas de prisión de hasta 19 años y multas millonarias.
El fallo ha generado reacciones políticas y sociales encontradas
Mientras algunos sectores lo ven como una validación de que hubo infiltración y orquestación criminal, otros lo interpretan como un intento de deslegitimar la protesta social masiva que marcó el país en 2021, con decenas de muertos y graves denuncias de abusos por parte de la Fuerza Pública. La sentencia no niega la existencia de manifestaciones legítimas, pero subraya que ciertos actos vandálicos respondieron a una planificación delictiva coordinada.
Este contexto judicial revive la polarizada discusión sobre uno de los capítulos más convulsos de la historia reciente de Colombia.
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