La Fiscalía General de la Nación imputó a la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, a tres funcionarios y exfuncionarios de la administración municipal, y a un contratista, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en junio de 2024. El objeto del convenio era el suministro de alimentos para los animales del Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) de la ciudad.
Entre los investigados se encuentran Johana Carolina Veloza, exdirectora del CAPA y actual asesora de despacho; Jessika Soto Salas, abogada de la Secretaría de Gobierno de Ibagué; Edward Amaya Márquez, exsecretario de Gobierno, y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.
Las irregularidades detectadas
Según la investigación adelantada por el ente acusador, la mandataria habría delegado el ordenamiento del gasto en el entonces secretario de Gobierno, y presuntamente dio instrucciones para adjudicar el contrato a una empresa encargada del servicio de aseo de la Alcaldía y de los colegios de la ciudad.
La Fiscalía señala que la exdirectora del CAPA, la abogada Soto Salas y Amaya Márquez celebraron el contrato a pesar de saber que la empresa seleccionada no tenía relación con el objeto contractual ni experiencia en el suministro de alimentos para mascotas.
Además, los implicados habrían elaborado estudios de conveniencia con precios ajenos al mercado y solicitado cotizaciones únicamente a dos contratistas, entre ellos el adjudicatario, cuyos representantes legales tenían vínculos de parentesco. Por su parte, el contratista Ernesto Alfonso Quiroga habría facilitado el direccionamiento del contrato a su favor, obteniendo un beneficio de $34.991.000 por concepto de sobrecostos.
Cargos imputados
Ante esto, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de:
– Interés indebido en la celebración de contratos.
– Contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
– Peculado por apropiación en favor de terceros.
“El rol de la señora alcaldesa fue el de delegar la contratación o realización del proceso contractual en su secretario de Gobierno, el doctor Edward Amaya Márquez. Además, el de dar la instrucción a su funcionario sobre a quién debía contratar, pues ello se desprende de su función como alcaldesa. Esa instrucción partió del conocimiento previo que tenía la alcaldesa sobre el contratista con quien venía celebrando contratos en seis meses de su periodo de gobierno, conocía que ese contratista era el encargado del aseo de toda la alcaldía y colegios del municipio”, señaló el fiscal del caso.
Ninguno de los imputados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.
Las claves del tema en cinco preguntas
¿Quiénes son los implicados en este caso?
La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, tres funcionarios y exfuncionarios municipales (Johana Carolina Veloza, Jessika Soto y Edward Amaya) y el contratista Ernesto Alfonso Quiroga.
¿Qué ocurrió con los señalados?
La Fiscalía General de la Nación los imputó por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato público, imputándoles delitos como interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
¿Dónde se presentaron los hechos?
En el municipio de Ibagué, departamento del Tolima, específicamente en relación con el Centro de Atención y Protección Animal (CAPA).
¿Cuándo se suscribió el contrato investigado?
El contrato objeto de la investigación fue firmado en junio de 2024.
¿Por qué la Fiscalía inició la investigación y la imputación?
Porque el contrato de alimentos para animales se le entregó de forma presuntamente direccionada a una empresa de aseo sin experiencia en el sector, utilizando estudios con precios inflados y generando un sobrecosto estimado en casi 35 millones de pesos.
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