J.P.R.
La industria farmacéutica mira con cierta esperanza el procedimiento iniciado por el Tribunal Superior de Justicia de Irlanda. La institución dictó a finales de mayo una sentencia por la que concede una remisión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acerca de la Directiva sobre el Tratamiento de las Aguas Residuales Urbanas. La normativa responsabiliza directamente a los sectores farmacéutico y cosmético de la contaminación de aguas urbanas y les obliga a la financiación del 80% del tratamiento de las aguas residuales urbanas.
La industria no niega su responsabilidad en el tratamiento de aguas pero reclama un análisis exhaustivo de la Comisión Europea sobre los sectores implicados en la contaminación del agua y compartir costes. «Es cierto que nosotros somos un sector utilizador de agua en nuestra cadena de valor, desde investigación a producción, pero no más que otros. No somos más que el sector alimenticio, el energético u otros sectores», ha subrayado Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España y Portugal, durante la presentación del informe lecciones aprendidas sobre la sostenibilidad del sector farmacéutico, donde la compañía detalla sus actividades de sostenibilidad.
«Poner todo el peso en estos dos sectores no nos parece justo», asegura Teresa Millán, directora de Asuntos Corporativos de Lilly España y Portugal
«Poner todo el peso en estos dos sectores, no nos parece justo. De hecho, estamos bastante contentos todos con la decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Justicia de Irlanda», ha añadido Millán. La directora de Asuntos Corporativos de Lilly España y Portugal se ha mostrado crítica con el planteamiento del ejecutivo y el legislador europeos. «Pensamos que hay otros sectores implicados y que este cálculo se ha hecho quizá a la ligera, sin cuestionar los razonamientos del legislador europeo a la hora de decidir cómo abordar este tema», ha añadido Millán.
«Nosotros queremos contribuir», ha respaldado este argumento Ana Bosch, directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria. «Si quien contamina paga, la Comisión tendría que haber realizado un examen exhaustivo de todos aquellos sectores que están contaminando las aguas, y establecer un sistema de financiación del tratamiento. Desgraciadamente, este análisis no se ha realizado», ha observado.
Mientras el Gobierno español ha comenzado el procedimiento para trasponer la directiva en España. Ya se han producido contactos con Farmaindustria para abordar esta situación. «Ha salido a consulta pública el anteproyecto de ley, que va a transponer la directiva de aguas residuales urbanas. Ya directamente el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico nos han adelantado que prácticamente iban a copiar la directiva», ha desvelado Bosch.
«La Comisión tendría que haber realizado un examen exhaustivo de todos aquellos sectores que están contaminando las aguas», sostiene Ana Bosch, directora del Departamento Jurídico de Farmaindustria
La industria confía en que antes de que concluya el proceso en España, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya emitido una sentencia favorable. Más allá del procedimiento, la normativa requeriría una tramitación parlamentaria que se antoja complicada con la situación política española en la actualidad.
No obstante, la industria se prepara también si se produce una sentencia desfavorable por parte del tribunal europeo. «Puede ser una carga adicional para un sector que atraviesa ahora mismo también en un momento complejo, porque se está aprobando muchísima legislación. Nosotros nos estamos preparando, porque tendríamos que cumplir norma. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero no podemos infringir una norma porque tampoco es la voluntad del sector», ha subrayado Millán.
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