Por la presunta comisión de los delitos de administración desleal, corrupción privada, fraude procesal, peculado por apropiación, peculado por apropiación oficial diferente, será denunciado penalmente el candidato presidencial Abelardo de la Espriella ante las autoridades judiciales, por parte del también aspirante, Iván Cepeda.
Según indicó Cepeda, los hechos estarían relacionados con la presunta participación de la Espriella en el saqueo del sistema de salud en la costa Caribe.
«Los hechos que motivan esta actuación, se relacionan con la empresa Salud Vida EPS«.
Durante la exposición se recordó que, según diversas investigaciones y reportes oficiales, estructuras paramilitares y dirigentes políticos habrían sustraído los recursos de la salud, desviándolos a las IPS.
En ese contexto, se señaló que de la Espriella y su firma de abogados representaron legalmente a varias empresas y políticos vinculados a investigaciones por corrupción en el sistema de salud.
De acuerdo con Cepeda, la Superintendencia Nacional de Salud en 2018 interpuso una medida preventiva de vigilancia especial con relación a la empresa y la sometió a una vigilancia especial con graves problemas e «irregularidades de carácter administrativo, financiero y operativo».
Contratación millonaria
El candidato del Pacto Histórico aseveró que, en noviembre de 2018, llevado a la vigilancia especial de la Supersalud, Salud Vida EPS contrató a de La Espriella para su empresa jurídica.
«En desarrollo de esta representación legal, se presentaron por lo menos tres hechos de enorme gravedad que denunciaron a continuación. El primero de ellos, hubo pagos de defensa jurídica con recursos públicos de la salud. Durante el periodo de vigilancia especial, Salud Vida entregó al señor de la Espriella un contrato por $18.000 millones, de los cuales $3.000 millones eran presentados de sus honorarios más una prima de éxito de $15.000 millones para que no defendiera a la empresa en este proceso».
En su explicación, el candidato presidencial indicó que, los pagos habrían comprometido recursos públicos o parafiscales de la salud, «lo cual, sin duda, constituye un delito grave, puesto que la regulación y jurisprudencia vigente es muy clara en señalar que se prohíbe explícitamente destinar recursos públicos de la salud para pagar defensa jurídica. Defensa que, obviamente, beneficia a personas, directivos, administradores, propietarios o terceros, que debían pagar su defensa no con el dinero destinado a los usuarios del sistema de salud».
Expresó que, en el momento en que se suscribió el contrato con de la Espriella y su firma se produjo 11 meses después de que la Superintendencia había ordenado la liquidación forzosa de Salud Vida que arrastraba un pasivo de un billón de pesos y más de un millón de usuarios.
«Así, la costosa contratación de la defensa jurídica ocurrió justo en la etapa terminal de la crisis de esta entidad, cuando sus recursos debían estar dirigidos, como ustedes entenderán, no a la defensa de los señores que estaban involucrados en estos hechos, sino a cumplir las necesidades de las personas afiliadas de la empresa y que requerían atención en materia de salud.
Desvío de recursos
Señaló que, en medio de toda esa situación, la empresa Salud Vida «decidió ocultar su patrimonio» y esto lo hizo a través de una transacción realizada en Panamá».
Mientras Salud Vida EPS atravesaba una grave crisis financiera, se habría trasladado a Panamá bienes de su patrimonio, es decir, «había vaciado su patrimonio para que pudiera ocultarse».
Según Cepeda, está documentado que en diciembre de 2018 se había informado a la Fiscalía General de la Nación sobre la venta de 46 inmuebles por un valor de 164 mil millones de pesos a la Sociedad Litian Investment S.A.S. de matriz panameña y vinculada a los propietarios del grupo empresarial Salud Vida.
Cuestionan vínculos entre el sector salud y el entorno político del abogado
Durante el anuncio de una denuncia penal contra Abelardo de la Espriella, los denunciantes expusieron un tercer hecho que, según afirmaron, involucra pagos realizados por Salud Vida EPS y otras entidades de salud a empresas vinculadas con Joaquín Gutiérrez, actual jefe de campaña del abogado y candidato presidencial.
“Y tercer hecho, del cual se ha dicho algo en la opinión pública, están los pagos de Salud Vida S.A.S. y otras EPS manejadas por paramilitares a empresas del señor Joaquín Gutiérrez”, señalaron durante la rueda de prensa.
¿Quién es Joaquín Gutiérrez?
Según lo expuesto, Gutiérrez ha sido una persona cercana a de la Espriella y ha ocupado varios cargos dentro de su estructura política y empresarial.
“Es un hecho conocido que él es jefe de campaña, secretario privado de Abelardo de la Espriella y fue subgerente de su firma de abogados”, afirmaron.
Asimismo, indicaron que se trata de un empresario con participación simultánea en los sectores de la construcción y la salud.
“Es un empresario con intereses simultáneos en la construcción y en la salud”, manifestaron.
Señalamientos al jefe de campaña de la Espriella
Durante la intervención se aseguró que Joaquín Gutiérrez controla la IPS AMRI-SAD, organización en cuya dirección figura desde hace varios años.
“El señor Joaquín Gutiérrez controla IPS, figura en su junta directiva desde hace varios años, concretamente desde el año 2002”, indicó.
Los denunciantes sostuvieron que esta entidad habría recibido millonarios recursos provenientes de varias EPS posteriormente cuestionadas o liquidadas.
“Esta empresa recibió giros directos de Ambuq, 44 mil millones de pesos del régimen subsidiado, 8 mil millones de pesos de otra empresa que se llama EnviSalud, una empresa que también controlaban los paramilitares, 2 mil millones de pesos de Salud Vida”.
Añadió que también se habrían recibido recursos de otras EPS liquidadas.
“Y otros 19 y 18 mil millones de pesos de EPS liquidadas que operaban en territorios controlados con evidente injerencia de paramilitares, como es el caso de Confacor, Comparta, Manexka, Comprecom y Ambuq”, afirmaron.
Clínicas y financiación de campaña
La denuncia también relaciona a Gutiérrez con la propiedad de centros médicos y empresas constructoras.
“El señor Gutiérrez es propietario de la clínica Santa Mónica, a través de la desarrolladora Salguero, la constructora con la que el señor de la Espriella dice financiar su campaña electoral”, indicaron.
Igualmente, se refirieron a otra institución prestadora de salud vinculada al empresario.
“Su otra clínica, CEOSAM, ha recibido cerca de 150 mil millones de pesos del sistema de salud, casi todo a través de Cajacopi EPS”, aseguraron.
Temas clave:
¿Cuál es el principal señalamiento contra De la Espriella?
Según Cepeda, habría tenido una presunta participación en actuaciones relacionadas con el saqueo de recursos del sistema de salud en la Costa Caribe, en calidad de abogado de Salud Vida EPS.
¿Por cuáles delitos será denunciado?
Por la presunta comisión de peculado por apropiación, administración desleal, fraude procesal, ocultamiento de bienes y concierto para delinquir.
¿Qué de irregular tenía el contrato?
Porque, según Cepeda, los pagos habrían sido realizados con recursos públicos o parafiscales destinados a la salud, los cuales no pueden utilizarse para financiar defensas jurídicas de directivos o particulares.
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