Sigue la indignación y la confusión en el país luego de que las autoridades capturaran a Grant Gail, un ciudadano estadounidense señalado por un presunto abuso sexual contra un menor en el norte de Bogotá.
Hasta el momento, los hallazgos del caso se mantienen bajo reserva, mientras las autoridades continúan con la investigación. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, confirmó que el niño que habría sido víctima de los hechos en el barrio Chicó Navarra se encontraba en un proceso de adopción, el cual estaba siendo gestionado a través de una IAPA, una institución autorizada para estos trámites.
En medio de la controversia, la senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa y Libres, y Andrea León, ex subdirectora de adopciones del ICBF, se pronunciaron sobre el caso ocurrido en el barrio Navarra de Bogotá, donde una situación que involucró a un ciudadano extranjero y a tres menores generó alarma en la comunidad. Ambas expusieron sus posturas sobre el funcionamiento del proceso de adopción en Colombia.
Durante el programa Rounds FM de La FM, la senadora Lorena Ríos afirmó que el caso “coloca sobre la mesa un tema muy clave en Colombia”, relacionado con la necesidad de revisar cómo se desarrollan los procesos de adopción internacional. Según explicó, la situación evidenciaría la importancia de que estos trámites sean asumidos directamente por el ICBF. “Es la importancia de no tercerizar los procesos de adopción internacional”, señaló.
Ríos también indicó que, según lo observado, los menores se encontraban en un Airbnb sin acompañamiento profesional en medio del proceso. “No había una profesional o alguien que estuviera acompañando a los niños”, sostuvo, al advertir que la investigación deberá establecer posibles fallas en el procedimiento adelantado por una IAPA.
¿Cómo funciona el proceso de adopción en Colombia?
Por su parte, Andrea León explicó que las IAPAS son instituciones autorizadas y supervisadas por el ICBF, y que hacen parte del sistema de protección. “Las IAPAS hacen parte del bienestar familiar, no son instituciones privadas”, afirmó, al precisar que cuentan con licencia y acompañamiento estatal.
León insistió en que todos los procesos de adopción tienen carácter público y pasan por múltiples controles. “Son miles los pasos que se hacen antes de que una familia llegue al proceso de adopción”, indicó. También explicó que la revisión de las familias incluye verificación de antecedentes, documentación apostillada y evaluación de condiciones físicas, morales y sociales.
Según detalló, el proceso inicia en el país de origen de la familia adoptante y continúa en Colombia con la validación del ICBF. “Es la subdirección de adopciones del ICBF quien revisa el dossier, valida toda la documentación y refrenda la idoneidad”, explicó. Añadió que, en casos internacionales, la autorización también involucra a autoridades del país de origen, como el Departamento de Estado en Estados Unidos.
León planteó que más allá del caso puntual, es necesario evitar desinformación sobre el sistema. “Lo primero es no seguir separando los procesos como si fueran privados o públicos. Todos los procesos son del orden público”, afirmó.
¿Qué debate se abre sobre las IAPAS y el rol del Estado?
La senadora Lorena Ríos reiteró su posición sobre la necesidad de que el Estado asuma directamente estos procesos. “Es un tema que debe manejar directamente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”, afirmó, al cuestionar la participación de entidades intermediarias, incluso si están supervisadas.
En respuesta, Andrea León sostuvo que las IAPAS cumplen un papel complementario en un contexto donde hay alta demanda de adopciones. “Cuando el Estado no es suficientemente capaz de atender la necesidad, las IAPAS ayudan a complementar el proceso”, indicó.
La experta enfatizó que la responsabilidad sobre los niños no recae únicamente en el Estado. “La responsabilidad de los niños, niñas y adolescentes no es solamente del ICBF, es de todos los colombianos”, afirmó. También subrayó que todas las decisiones están bajo supervisión del instituto.
León destacó además la situación de los menores en espera de adopción. “Hay más de 3.000 niños que anhelan ser acogidos por una familia”, señaló, precisando que más de 2.200 tienen más de 12 años. “Estos niños no pueden quedarse en un expediente. Necesitan una familia”, agregó.
Ríos, por su parte, insistió en que la supervisión estatal no sustituye la responsabilidad directa. “Hay una entidad privada intermediando, que es lo que se debe acabar en este tipo de procesos”, sostuvo. Ambas, con sus argumentos, coincidieron en la importancia de garantizar los derechos de los niños y de fortalecer los mecanismos de seguimiento en estos procesos.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
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