Un caso de presunto abuso contra un menor de edad en Bogotá desató una ola de rechazo político y ciudadano. El hecho, ocurrido en un edificio de la localidad de Usaquén, reactivó el debate sobre la protección de la niñez, la reacción institucional y la responsabilidad social frente a este tipo de denuncias.
Testigos registraron la escena y dieron aviso inmediato a las líneas de emergencia, lo que permitió la intervención de la Policía en el inmueble.
Tras conocerse el dictamen del ICBF y Medicina Legal, en el que se concluyó que los menores no habían sido víctimas de abuso, surgió un nuevo interrogante: ¿las denuncias en redes sociales fortalecen la justicia, son una herramienta útil o, por el contrario, carecen de sustento y aumentan la histeria colectiva?
En este contexto, el debate sobre el impacto de las redes sociales en la justicia fue abordado en Rounds FM, con la participación de Francisco Bernate, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, y Diego Santos, analista digital, quienes expusieron sus posturas sobre el papel de estas plataformas en la denuncia pública.
Durante la conversación, Diego Santos planteó que las redes sociales pueden cumplir una función relevante si se utilizan de manera adecuada. “Las redes sociales sí fortalecen la justicia siempre y cuando sean bien utilizadas”, afirmó, al señalar que permiten corregir problemas como la lentitud y la desigualdad en el acceso al sistema judicial.
En ese sentido, destacó que estas plataformas “democratizan la denuncia” y “obligan a actuar a instituciones que suelen ser lentas”, lo que, a su juicio, puede contribuir a una mayor visibilidad de los casos y a una respuesta más oportuna por parte de las autoridades.
¿Las redes sociales fortalecen la justicia o generan riesgos?
Santos explicó que estas herramientas no sustituyen la labor judicial, sino que la complementan. “No se trata de reemplazar aquí a la justicia, sino complementarla”, indicó, al mencionar que también “reducen las asimetrías de poder” y “crean memoria pública”. Además, sostuvo que facilitan la investigación colaborativa y fortalecen la rendición de cuentas.
Sin embargo, reconoció que existen excesos en su uso. “Hay linchamientos digitales, hay condenas sin debido proceso”, advirtió, al mencionar la existencia de campañas de desinformación y presión emocional sobre jueces. A pesar de ello, concluyó que “tenemos una herramienta muy poderosa para ejercer un control ciudadano”.
Por su parte, Francisco Bernate coincidió en que las redes sociales pueden aportar beneficios si se utilizan correctamente. “Si son bien utilizadas pueden ser una herramienta que ayude a la justicia”, señaló, al destacar su papel en la memoria colectiva y en la posibilidad de reportar hechos en tiempo real desde cualquier lugar.
¿Qué riesgos implica el uso de redes sociales en procesos judiciales?
Bernate advirtió sobre los efectos negativos derivados de su uso inadecuado. “Encontramos en las redes sociales la estigmatización a funcionarios judiciales, a abogados, a magistrados”, afirmó, al señalar que estas plataformas pueden generar hostigamiento y falsas denuncias. Según indicó, estos fenómenos se presentan de manera recurrente.
El jurista también se refirió a las consecuencias que pueden derivarse de la difusión masiva de contenidos. “Muchos de esos episodios que comienzan con unos trinos… terminan desafortunadamente en tragedias”, señaló, al advertir que situaciones similares han puesto en riesgo la integridad de personas. En ese contexto, explicó que un caso reciente dejó a un ciudadano “con su reputación en el suelo” tras la difusión de información no verificada.
En ese sentido, insistió en la necesidad de una mayor responsabilidad por parte de las plataformas. “Se requiere, y es urgente, una colaboración activa de las plataformas”, afirmó, al proponer mecanismos para identificar usuarios anónimos y conductas de hostigamiento. También cuestionó que estas permitan el anonimato y el perfilamiento sin controles efectivos.
Diego Santos coincidió en la necesidad de regulación. “Las empresas que gestionan estas herramientas sí necesitan una mayor regulación”, afirmó, al señalar que las plataformas pueden amplificar emociones y generar lo que denominó “bullying mediático”. No obstante, reiteró que la visibilización de hechos permite exigir transparencia y activar instituciones.
Bernate subrayó la importancia de un uso responsable. “No al anonimato y no a la irresponsabilidad de quienes matonean”, indicó, al insistir en que el debate debe centrarse en el equilibrio entre control ciudadano y garantías procesales. Por su parte, Santos reiteró que, pese a los riesgos, las redes sociales continúan siendo un mecanismo relevante dentro del entorno digital.
*Este contenido fue escrito y producido por una inteligencia artificial bajo supervisión y curaduría de un periodista de La FM
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