Abelardo de la Espriella no es ajeno al Palacio de Justicia. En enero de 2018, mucho antes de sus aspiraciones políticas, vociferó en la sala de audiencias a favor de uno de sus clientes, Jorge Pretelt, el expresidente de la Corte Constitucional condenado en dos instancias por pedir quinientos millones de pesos para amañar un fallo de tutela.
Ocho años después, vuelve a la principal sede judicial del país, en el centro de Bogotá. Ya no como defensor de un acusado, sino como presidente electo y formalmente certificado. El bogotano —con cédula expedida en Montería y toda una identidad costeña— recibirá su credencial y luego irá al edificio de piedra caliza.
Durante la campaña, el colomboestadounidense se calificó a sí mismo como un “hombre de leyes”. En su discurso como ganador de los comicios, tras un cristal blindado que convirtió en uno de sus emblemas, insistió en la idea: “Soy un hombre formado en las leyes, respetuoso de la independencia de las ramas del poder”.
Tres días después de la segunda vuelta, y luego del fin del escrutinio, el Consejo Nacional Electoral (CNE) le entregará a De la Espriella la credencial que lo acredita como mandatario electo. Fue el único trámite que sacó al penalista de Barranquilla, la ciudad que convirtió en el cuartel en el que empezó a planear su futuro.
Luego, el futuro jefe de Estado sostendrá reuniones con los presidentes de las cortes. Él solicitó el encuentro, la magistratura aceptó. Conversará con Hugo Quintero, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia; Paola Meneses, presidenta de la Constitucional, y el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña.
Defensores de la Patria, el movimiento que fundó De la Espriella, informó que el encuentro con Lenis está programado para las diez y media de la mañana. El Consejo de Estado, por su parte, comunicó que la reunión en su presidencia será media hora después, a las once. Y en la Corte Constitucional será a las doce del mediodía.
Los choques de Petro con las cortes sirven de telón de fondo
Todo depende, en todo caso, de la entrega del diploma, que estaba programada para las nueve, pero una hora después no se había cumplido. Entre las cortes hay consenso en que se trata de una visita “informal” sin agenda definida ni temas específicos previstos. “Solo quiso pasar a saludar”, le contó a La FM una fuente.
Antes de todo el protocolo, Abelardo De la Espriella habló por teléfono con la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura —la entidad rectora del sector justicia que, por ejemplo, expide las tarjetas profesionales de los abogados o asigna partidas presupuestales a juzgados—, Mary Lucero Novoa.
La relación entre el Ejecutivo y la Rama Judicial debe reconstruirse. En mayo, tres semanas antes de la primera vuelta, la magistratura encaró al presidente Gustavo Petro cuando el mandatario pidió “demandar” al magistrado que frenó el traslado de veinticinco billones de pesos de los fondos privados de pensiones a Colpensiones.
A través de su cuenta de X, su canal de comunicación más habitual, Petro aseguró sin pruebas que el Consejo actuó “a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general”, y llamó “sentencia” al auto que suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, que reglamenta la ahora fallida transferencia billonaria.
El jefe de Estado, entre algunas imprecisiones —como tachar de “sentencia” a un auto, que es una decisión de trámite que toma un ponente y no un fallo de fondo, o pedir “demandar” por un delito, que en realidad se denuncia—, acusó de “prevaricato” al consejero Juan Enrique Bedoya, que analiza cinco demandas contra el traslado.
La defensa de la separación de poderes desde la Rama Judicial
La Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, conformada por las altas cortes, la Fiscalía y representantes de empleados judiciales, se opuso a la postura del presidente. Con un comunicado conjunto, los tribunales, el ente acusador y los funcionarios insistieron en que debe respetarse la separación de poderes.
“Fue justo nuestro poder constituyente”, una figura que el presidente Petro ha utilizado para referirse al pueblo, invitar a marchas y oponerse a otras ramas del poder, “el que instituyó, como un elemento central de nuestra estructura institucional, en el artículo 113, el principio de separación de poderes”, afirmó la misiva.
La Constitución, además, contempla la facultad de suspender actos administrativos, como resoluciones o decretos del Ejecutivo, lo que parte de los “controles efectivos al ejercicio del poder público”. “La existencia, competencias y legitimidad del Consejo de Estado tienen origen directo en la Constitución”, concluyó.
El Consejo de Estado, por su parte, en su momento remarcó el “tono incendiario” de Petro, precisando que “no amerita ni justifica una respuesta en igual sentido”. “Inquietan las manifestaciones del presidente”, continuó el comunicado, que reprochó “la desinformación y la descontextualización de las decisiones judiciales”.
“A poderes mayores, mayores controles, a poderes desbordados, controles efectivos e inmediatos”, zanjó el pronunciamiento. El Consejo reconoció que “cuando los poderes se controlan, incomoda”, pero ratificó que el uso de sus facultades de suspensión “no es un obstáculo para la democracia”, sino “una de sus principales garantías”.
Los nombramientos y las decisiones que marcarán el nuevo gobierno
De la Espriella arriba al poder con el reto de rediseñar lazos necesarios para la armonía del Estado, con un historial vasto de demandas contra periodistas que lo investigan y con un asesor jurídico como Germán Calderón España, a quien la Corte Suprema no escogió entre los finalistas para reemplazar a Diana Fajardo en la Constitucional.
La jurisdicción agraria también será clave. El Legislativo y la Corte Constitucional avalaron tanto el acto legislativo como la ley estatutaria, pero el proyecto de ley reglamentaria se estancó en su trámite. El último ministro de Gustavo Petro, Jorge Iván Cuervo, le pidió al Consejo de la Judicatura empezar la implementación.
Como presidente, Abelardo de la Espriella podrá moldear varias parcelas del Estado entre agosto de 2026 y 2030. Apenas se posesione, conformará un gabinete con un ministro de Justicia que se encargará de la política criminal, la carcelaria y la de drogas, además de mover fichas en el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec).
En marzo de 2028, el mandatario presentará una terna de la que el pleno de la Corte Suprema elegirá al sucesor o la sucesora de Luz Adriana Camargo en la Fiscalía General de la Nación. Camargo es jefa del ente acusador tras la primera terna exclusivamente femenina en la historia del mecanismo de selección.
Diez meses después, ternará ante el Senado a un candidato que competirá con el de la Corte Suprema y el Consejo de Estado para ser el próximo procurador general, sucediendo a Gregorio Eljach —que fue un triunfo para Petro—. En 2029, además, ternará a alguien que reemplace a la magistrada Paola Meneses.
Todo ocurrirá mientras los altos tribunales siguen sus labores de análisis de normas que De la Espriella expida como cabeza del Ejecutivo. Como el Plan Nacional de Desarrollo, que se construye con el Congreso, o decretos reglamentarios, susceptibles de ser demandados, o cualquier reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué Abelardo de la Espriella visitará las altas cortes tras ser elegido presidente?
El presidente electo solicitó reuniones con los presidentes de la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado pocas horas después de recibir su credencial. Aunque desde la Rama Judicial insisten en que se trata de encuentros informales y sin agenda definida, la visita simboliza el inicio de la relación institucional entre el próximo gobierno y las altas cortes.
¿Qué antecedentes marcan la relación entre Gustavo Petro y la Rama Judicial?
Durante el último tramo del gobierno Petro se produjeron varios choques con las cortes, especialmente después de que el Consejo de Estado suspendiera normas clave del Ejecutivo. Las altas cortes y la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial llegaron a emitir comunicados conjuntos para defender la separación de poderes y rechazar señalamientos del presidente contra magistrados.
¿Qué decisiones de la justicia serán relevantes para el gobierno de De la Espriella?
Las cortes seguirán revisando decretos, reformas y políticas que impulse el nuevo Ejecutivo, incluido el futuro Plan Nacional de Desarrollo. También tendrán un papel determinante en asuntos como la implementación de la jurisdicción agraria y eventuales reformas a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
¿Qué influencia tendrá De la Espriella en las principales instituciones de justicia?
Como presidente, podrá presentar ternas para elegir al próximo fiscal general, al futuro procurador general y a un magistrado de la Corte Constitucional. Además, designará un ministro de Justicia y tendrá incidencia en la orientación de la política criminal, penitenciaria y de drogas durante los próximos cuatro años.
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