Las declaraciones del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre una eventual disminución de los recursos destinados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el posible fin de la justicia transicional, abre un nuevo debate sobre el futuro de uno de los pilares del Acuerdo de Paz y su papel en el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
Frente a ese panorama, el magistrado de la JEP, Raúl Eduardo Sánchez, en su más reciente visita a Neiva, aseguró que “la corporación espera establecer puentes de comunicación con el nuevo Gobierno. El propósito es presentar los resultados alcanzados durante estos años y demostrar el impacto que ha tenido la jurisdicción en la garantía de los derechos de las víctimas”.
La JEP tiene protección jurídica
Y es que la JEP creada por el Acuerdo Final de Paz de 2016, cuenta con protección jurídica y constitucional, ya que fue incorporada a la constitucional mediante el acto legislativo 01 de 2017 lo que genera que no dependa únicamente de la voluntad del Gobierno de turno.
Sin embargo, eso no significa que sea completamente inmune a cambios, ya que el Gobierno sí elabora el presupuesto que presenta al Congreso. Para modificar su existencia o sus competencias de manera sustancial, sería necesario un cambio constitucional teniendo en cuenta los compromisos internacionales que se tienen y las obligaciones derivadas del Acuerdo de Paz.
“Queremos mostrarle el trabajo realizado por la JEP a favor de las víctimas de la paz y la reconciliación. Hay que decirlo, las víctimas se sienten representadas, y creo que por primera vez en la historia de Colombia, las víctimas del conflicto armado tienen una voz que los escuchan y estos actos judiciales que hace la JEP, están sirviendo para la paz y reconciliación que son tan importantes para el país”, agregó el magistrado Sánchez.
Sánchez fue enfático en señalar que las víctimas seguirán siendo el centro del trabajo de la jurisdicción y que la búsqueda de la verdad no puede detenerse. Recordó que miles de familias aún esperan respuestas sobre lo ocurrido con sus seres queridos y que numerosos procesos judiciales continúan en marcha, por lo que reiteró que la JEP no abandonará a quienes han acudido a este mecanismo en busca de justicia y reconciliación.
En el senado también se dan la pelea
Asimismo, desde Neiva el senador del Pacto Histórico, Wilson Arias, manifestó que continuará defendiendo la permanencia de la Jurisdicción Especial para la Paz durante el nuevo periodo legislativo, impulsando las discusiones necesarias para impedir que prosperen iniciativas encaminadas a reducir el alcance o la financiación de la entidad.
“Espero que podamos evitar que se consume el propósito ya anunciado de la extrema derecha de sepultar la JEP, los derechos, los avances y las conquistas de las gentes, que tampoco es que fueran el socialismo, es decir no nos digamos mentiras, son avances modestos pero muy importantes para la población, y aún eso está amenazado por los señores del nuevo gobierno. Ni la JEP la van a poder sepultar, ni los derechos del pueblo los van a poder borrar”, indicó el senador Arias.
El senador reconoció que los avances logrados por la JEP pueden parecer insuficientes frente a la magnitud de la violencia que vivió el país, pero sostuvo que representan pasos importantes en el esclarecimiento de la verdad y en el reconocimiento de responsabilidades por parte de distintos actores del conflicto.
«Sólo un estado que reconoce a sus víctimas puede esperar una paz duradera» magistrado Raúl Eduardo Sánchez.
Claves del tema en cuatro preguntas:
¿La JEP puede desaparecer por decisión del nuevo Gobierno?
No. La JEP tiene respaldo constitucional y fue creada como parte del Acuerdo de Paz de 2016. El Gobierno no puede eliminarla de manera unilateral sin embargo, no significa que sea completamente inmune a cambios.
¿El Gobierno sí puede reducir el presupuesto de la JEP?
Sí. El Gobierno puede proponer cambios en el presupuesto general de la Nación, incluidos los recursos para la JEP, aunque esa decisión debe surtir el trámite correspondiente en el Congreso.
¿Qué pasaría si la JEP recibe menos recursos?
Una reducción presupuestal podría afectar el ritmo de las investigaciones, las audiencias y la atención a las víctimas, aunque no implicaría automáticamente el fin de la jurisdicción.
¿Por qué la JEP insiste en mantener el diálogo con el nuevo Gobierno?
Porque busca exponer los resultados obtenidos desde su creación y garantizar que continúe el cumplimiento de su mandato constitucional de aportar a la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación de las víctimas del conflicto armado.
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