Petro cuestiona a De la Espriella y anuncia demanda

En medio de un nuevo consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro cuestionó las actividades que viene realizando su sucesor, Abelardo De la Espriella, entre ellas reuniones con funcionarios públicos, alocuciones y lo que calificó como consejos de ministros «ilícitos», al considerar que aún no ha asumido formalmente la Presidencia de la República.

“Este puede ser el último o penúltimo consejo de ministros de verdad, porque están haciendo un consejo de ministros ilícito, particulares que no han tomado ni juramento, ni posesión, queriendo imitar que ya son gobierno. De eso tenemos que cuidarnos porque trae varias consecuencias. Simular que son gobierno es un delito y todo funcionario local o distrital o nacional que se preste a eso, pues yo mismo tengo que denunciarlo porque es mi deber”, afirmó el presidente.

Petro agregó que «las órdenes del mundo que el candidato electo hoy quiere desobedecer, la ONU, la OEA, no quiere acatarlas porque imita al señor Netanyahu, que es un genocida. Esa actitud lo que lleva es a quitarle la defensa a las libertades y derechos de la sociedad», aseguró el mandatario, quien además calificó de «estafador» a su sucesor, Abelardo De la Espriella.

El jefe de Estado también se refirió al papel de las Fuerzas Militares durante el proceso de transición y enfatizó que el saludo militar solo debe rendirse a los comandantes en ejercicio y al presidente de la República como comandante supremo. «A nadie más saludan, todo lo demás es pura lentejuela, baratería; el saludo militar no es para los civiles», sostuvo.

Asimismo, dejó claro que su administración concluirá el próximo 6 de agosto y reiteró que la entrega del poder se hará dentro de los parámetros constitucionales. «El camino de Colombia no es la violencia, es la paz; ahora la llevan de nuevo a la violencia, pero no somos nosotros», manifestó, al insistir en que no promoverá acciones que alteren el orden institucional.

En otro apartado de su intervención, Petro rechazó la intención anunciada por el gobierno entrante de reintegrar a integrantes de la Fuerza Pública que fueron retirados del servicio durante su administración. Según explicó, las desvinculaciones se produjeron únicamente por extralimitación de funciones, participación indebida en política o por la comisión de delitos.

Las declaraciones del mandatario se producen en medio de la controversia por las actividades adelantadas por el presidente electo antes de su posesión, entre ellas consejos con los ministros designados, reuniones con autoridades nacionales y regionales y anuncios de decisiones que, según el Gobierno saliente, solo pueden adoptarse una vez se asuma formalmente el cargo.

La tensión entre Petro y De la Espriella también se ha intensificado por la ceremonia de transmisión del mando prevista para el próximo 7 de agosto. Mientras el presidente electo ha insistido en realizar su juramento en una guarnición militar, el Gobierno sostiene que la Constitución establece que el presidente debe tomar posesión ante el Congreso de la República, lo que ha abierto un nuevo pulso político entre ambas administraciones.

Preguntas clave para entender la noticia

¿Por qué Gustavo Petro habló de un posible delito?

Porque considera que el presidente electo y su equipo están actuando como si ya fueran Gobierno, pese a que aún no han tomado juramento ni se han posesionado oficialmente, lo que, a su juicio, constituye una simulación de funciones públicas.

¿Qué anunció el presidente frente a esas actuaciones?

Petro aseguró que denunciará a cualquier funcionario nacional, departamental o municipal que participe en actividades que, según él, impliquen reconocer o actuar bajo órdenes de un gobierno que todavía no ha iniciado su mandato.

¿Qué dijo sobre la entrega del poder?

Reiteró que dejará la Presidencia de manera pacífica, respetando la Constitución, y afirmó que no promoverá acciones violentas al finalizar su mandato.

¿Qué otro desacuerdo mantiene con el gobierno entrante?

Además de cuestionar las reuniones y consejos previos a la posesión, rechazó la intención de reintegrar a militares retirados durante su administración y reiteró que esos casos obedecieron a extralimitaciones de funciones, participación en política o presuntos delitos.

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