El presidente electo, Abelardo de la Espriella, ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, solicitar formalmente la intervención urgente de la Procuraduría General de la Nación en varios procesos de contratación que actualmente adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La solicitud está dirigida al procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, para que, en ejercicio de sus funciones de vigilancia preventiva, intervenga en actuaciones que, según el documento, involucran “asuntos de la más alta sensibilidad para la seguridad del Estado, la protección de los derechos fundamentales y la correcta administración de los recursos públicos”.
De la Espriella señala que la instrucción busca garantizar que las decisiones que hoy adopta la UNP “se desarrollen con absoluto respeto por los principios de legalidad, transparencia, planeación, responsabilidad y selección objetiva”.
Especialmente, señala la misiva, cuando comprometen la seguridad del presidente que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, de los integrantes de su gabinete ministerial y de miles de personas protegidas por el Estado.
Solicitan revisar contratación de escoltas
La principal preocupación del Gobierno electo se centra en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los 78.000 millones de pesos y mediante el cual se contratará la prestación del servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial.
Según el comunicado, la adjudicación de ese contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, una situación que, a juicio del equipo del presidente electo, impediría a la administración entrante participar en la revisión de “los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones” de quienes asumirán la protección inmediata del nuevo jefe de Estado y sus ministros.
Por esa razón, el Gobierno electo solicitó a la Procuraduría asumir vigilancia preventiva sobre ese proceso, requerir el expediente contractual y evaluar la conveniencia de recomendar o solicitar su suspensión preventiva, con el fin de que la nueva administración pueda revisar “la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación”.
La solicitud también incluye la intervención preventiva del Ministerio Público frente al proceso mediante el cual la UNP prevé proveer más de 5.100 cargos de oficiales de protección en provisionalidad, pese a que, según el comunicado, únicamente cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.
También pidió vigilancia sobre otros procesos contractuales
De igual manera, el presidente electo ordenó solicitar vigilancia preventiva sobre el proceso contractual SC-UNP-050-2026, mediante el cual la UNP busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda destinados a 29 municipios de nueve departamentos del país.
A comunicación, pide revisar aspectos relacionados con la planeación del proceso, los tiempos de ejecución, las especificaciones técnicas de las embarcaciones, el cumplimiento de las normas de seguridad y la garantía de pluralidad de oferentes, “con el propósito de asegurar una contratación transparente y plenamente ajustada a la normatividad vigente”.
Además, la solicitud elevada a la Procuraduría incluye seis procesos de contratación iniciados durante julio de 2026 para la adquisición de bienes destinados al cumplimiento de medidas colectivas de protección en favor de resguardos indígenas.
Frente a esos procesos, el Gobierno electo considera necesario verificar si las necesidades que dieron origen a cada contratación están debidamente sustentadas y si existían condiciones para consolidarlas en un solo procedimiento contractual que permitiera una mayor eficiencia administrativa, economías de escala y un mejor uso de los recursos públicos.
Finalmente, el comunicado señala que Abelardo de la Espriella reiteró que la transición entre gobiernos debe desarrollarse “con absoluto respeto por las instituciones y bajo los más altos estándares de legalidad y responsabilidad administrativa”.
Sostuvo que la intervención preventiva de la Procuraduría busca fortalecer la confianza institucional, proteger el derecho fundamental a la vida de las personas amparadas por la UNP y garantizar que las decisiones relacionadas con estos procesos se adopten conforme a la Constitución, la ley y el interés general.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué el presidente electo, Abelardo de la Espriella, solicitó la intervención de la Procuraduría en la UNP?
Abelardo de la Espriella ordenó pedir la vigilancia urgente del Ministerio Público en varios procesos de contratación de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para garantizar la transparencia y la seguridad nacional ante el cambio de mando el próximo 7 de agosto. El mandatario electo busca asegurar que las decisiones de la entidad cumplan con los principios de legalidad y planeación, especialmente en licitaciones sensibles que comprometen directamente la protección de su futuro gabinete y de miles de ciudadanos amparados por el Estado.
Contratación de escoltas ¿Qué proceso de la UNP genera mayor preocupación en el Gobierno entrante?
La Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, un contrato que supera los 78.000 millones de pesos para el servicio de escoltas presidenciales y ministeriales, es el foco principal de alarma debido a que se adjudicaría antes del relevo presidencial. De la Espriella y su equipo advierten que esto les impediría evaluar la idoneidad y los perfiles de quienes cuidarán al nuevo jefe de Estado, por lo que solicitaron formalmente evaluar la suspensión preventiva de este millonario proceso y de la provisión provisional de más de 5.100 cargos de protección.
¿Cuáles son los otros procesos contractuales de la UNP que están bajo la lupa de la transición?
El proceso SC-UNP-050-2026 para la compra de 188 botes y 264 motores fuera de borda destinados a 29 municipios, junto con seis contrataciones de julio de 2026 para resguardos indígenas, son los otros expedientes que el Gobierno entrante pide auditar. La nueva administración exige revisar la planeación de estas adquisiciones fluviales y determinar si las compras para las comunidades nativas debieron unificarse en una sola licitación para generar economías de escala y un uso más eficiente de los dineros públicos.
Transición de Gobierno ¿Cuál es el objetivo de Rodrigo Lara y el nuevo gabinete al recurrir a Gregorio Eljach?
El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, busca que el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, aplique sus funciones de control preventivo para blindar la transición administrativa bajo rigurosos estándares de responsabilidad. Con esta medida, el Gobierno entrante intenta evitar compromisos presupuestales apresurados de última hora, proteger el derecho fundamental a la vida de los protegidos y asegurar que los recursos del Estado se ejecuten con estricto apego al interés general.
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