La discusión entre la administración de la capital de la República y el sistema judicial del país —en relación con el sistema penal acusatorio— parece cobrar mayor relevancia tras las recientes decisiones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación frente al proceso de once presuntos delincuentes que hoy permanecen privados de la libertad por distintos delitos, entre ellos, terrorismo en Bogotá en el marco de las protestas.
El escenario del debate judicial no es lejano. El ente investigador determinó recientemente, a través de una resolución firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, que el proceso contra dichos detenidos —quienes habían sido capturados el año pasado— pasará ahora a un grupo especializado de fiscales. Allí se analizará si el expediente corresponde a terrorismo o a un «acto de protesta pacífica».
Pese a que estas personas fueron capturadas el año pasado y señaladas como responsables de al menos 28 actos vandálicos entre 2024 y 2025 en la capital, durante el primer semestre de este año el caso contra los procesados avanzaba en vísperas de un juicio. No obstante, tras la nueva resolución, un grupo de tareas especiales determinará si los hoy privados de la libertad habrían incurrido en delitos o si, por el contrario, gozaban de su derecho a la protesta.
Alcalde Galán le sale al paso a la Fiscalía
Frente a esta resolución, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a cargo de Carlos Fernando Galán, rechazó la decisión judicial adoptada por el ente investigador.
Según la investigación de la propia Fiscalía y de la Policía Nacional, estas once personas capturadas sí habrían cometido actos de terrorismo utilizando explosivos para atacar a miembros de la fuerza pública. Además, según reveló el alcalde Galán, también utilizaban bombas incendiarias para atacar el sistema de transporte público de la ciudad.
«Es muy preocupante que una investigación tan sólida pueda estar en peligro. En Bogotá tenemos la obligación de garantizar el ejercicio de la protesta pacífica, y lo haremos, pero no podemos permitir que se disfracen de protesta pacífica o de manifestación hechos que, según la misma investigación de la Fiscalía, serían concierto para delinquir y terrorismo. Eso no puede pasar en Bogotá», advirtió el alcalde Carlos Fernando Galán.
Cabe recordar que, en uno de los folios policiales elaborados al momento de la múltiple captura en 2025, se dejó consignado que, para capturar a estos presuntos delincuentes, la Policía adelantó una investigación que duró dos años. En esta quedó demostrado que no se trataba de manifestantes, sino de una «estructura criminal organizada» responsable de ataques deliberados con explosivos contra la infraestructura pública y la fuerza pública en la capital.
Propuesta al sistema penal
Debe recordarse que el gobierno distrital también viene insistiendo en esta reforma con ocasión del reciente encuentro que el mandatario sostuvo con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, debido a lo que él denomina altos índices de impunidad.
Mientras las autoridades avanzan en las investigaciones, crece el debate en la capital. Sectores ciudadanos cuestionan los daños a la infraestructura pública y las afectaciones a terceros, mientras que algunos grupos estudiantiles insisten en la urgencia de discutir una tarifa diferencial y mejores condiciones sociales para los universitarios.
Reciente captura de «Los Seguros»
Recientemente, las autoridades en Bogotá también desarticularon a «Los Seguros», una estructura criminal liderada por una madre y su hijo que traficaba drogas y torturaba a sus víctimas en el sector del Siete de Agosto.
En este capítulo, «alias Marcela» era conocida como la madre y cabecilla de esta banda. Lo más grave, según reveló la investigación de la Policía, es que algunos integrantes de esta organización ejercían actos de violencia y tortura contra los compañeros que intentaran abandonar el grupo, utilizando elementos como ácido, machetes y mangueras para intimidarlos y mantener el control interno de la estructura criminal.
Entre los presuntos expendedores fueron capturados alias «Julieth», «Jhonatan», «La Crespa», «Karen», «El Veneco» y «Nariz».
Por su parte, la organización obtenía una renta criminal aproximada de 2,5 millones de pesos diarios mediante la comercialización de sustancias estupefacientes —entre ellas cigarrillos de marihuana, bazuco y cocaína— que eran vendidos a transeúntes y huéspedes de hoteles ubicados en el sector.
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