El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, amplió en la Procuraduría General de la Nación una denuncia sobre presunta corrupción en el Fondo Adaptación, la entidad del Ministerio de Hacienda creada tras el fenómeno de La Niña entre 2010 y 2011.
La sociedad, que administra más de 660.000 millones de pesos al año, está en el centro de una disputa entre su gerente, la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y Carrillo, quienes alegan irregularidades en el megaproyecto de La Mojana, una región de la Costa propensa a inundaciones.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, unas treinta mil personas fueron afectadas por los desbordamientos en la zona, que recoge las afluencias de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, y comprende once municipios de cuatro departamentos.
El Estado, a través del Fondo y de la Unidad, ha tratado de intervenir para contener las fuerzas de las aguas, proteger a la población y recuperar la dinámica hídrica en La Mojana. Y los esfuerzos han estado plagados de aparente corrupción. En diciembre del año pasado Rodríguez denunció contratos sin ejecutar y obras inconclusas.
La denuncia de Carrillo por una presunta coima en el Fondo Adaptación
Carrillo, por su parte, asevera que en uno de los convenios para la región está estancado por una coima. El contrato, entre el Fondo y el Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025 —cuyo representante legal es Freddy Covilla, involucrado en proyectos en Cauca y Bolívar— costó más de 13,5 mil millones de pesos.
Verónica Villegas, la funcionaria del Fondo Adaptación que supervisa el contrato 385 de 2025, habría manifestado que no desembolsaría el total del pago si no recibía un pago del 10% del valor. Carrillo dice haberse enterado con un mensaje de texto por WhatsApp que le entregó a la Fiscalía General de la Nación.
El 23 de abril, en medio de días de fuego amigo en la Casa de Nariño, con rondas de medios de Angie Rodríguez que Carrillo le achaca a su denuncia penal, la Procuraduría abrió una indagación para esclarecer si hubo siquiera un ofrecimiento de soborno, y citó al director de la UNGRD a ampliar sus manifestaciones.
Freddy Covilla “asegura haber cumplido” las obligaciones del convenio —elaborar estudios de recuperación de la dinámica hídrica de La Mojana— y sostiene “que de manera informal le pidieron un cobro del 10% para poder pagarle”, expresó Carrillo en la sede de la Procuraduría, en el centro de Bogotá, antes de su citación.
Los contratos bajo la lupa de la Procuraduría
“Esa es una práctica que, desgraciadamente, ha sido habitual en este país, pero que es inaceptable”, añadió el exconcejal, quien calificó como su “obligación” poner el caso en conocimiento de las autoridades. Cinco meses atrás, la Procuraduría y la Contraloría abrieron indagaciones por otras denuncias de Angie Rodríguez.
La exdirectora del Dapre elaboró un informe que indica una ejecución de apenas un 3% en los trabajos en La Mojana, en contraste con las reparaciones de La Niña hace quince años. La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal escarba tanto en los datos que aportó la gerente como en los que entregó el director.
El Ministerio Público señaló en diciembre de 2025 que “en varios contratos” la ejecución sería del 0%. El ente de control se enfoca, además de la presunta coima, en cuatro negocios del Fondo Adaptación: Hidrodinámica, Senderos parala Paz, Mojana y La Ruta del Arroz, que en conjunto suman los cien mil millones de pesos.
Dinámicas Hídricas, un proyecto que la Unidad de Gestión del Riesgo presentó en agosto de 2024 como modelo para recuperar los movimientos, circuitos y cambios experimentados en las aguas de La Mojana, costó 56.000 millones de pesos. El de la Ruta de la Arroz, que busca beneficiar a once municipios, unos 36.000 millones.
La indagación también apunta a presiones políticas
«También se validarán las denuncias sobre posibles vínculos y presiones políticas de dirigentes de partidos políticos y otras colectividades», anunció la Procuraduría en un comunicado. La Fundación Universitaria San José estaría involucrada en los líos contractuales.
La universidad, célebre por haber permitido que la excandidata a viceministra de Juventudes Juliana Guerrero se graduara sin cumplir los requisitos académicos, participa con un 33% de la participación en la Unión Temporal Reactivación Económica La Mojana, que obtuvo la licitación de la Ruta del Arroz.
Con la apertura de la indagación, la Procuraduría verificará si efectivamente hubo irregularidades, qué funcionarios habrían intervenido, si hubo interferencias en la interventoría de los convenios y «si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad».
La indagación implicó además la práctica de pruebas. Rodríguez afirma que el Gobierno destinó 1,1 billones de pesos a la reparación de La Mojana, de los que el Fondo solo ha pagado unos 30.000 millones. Carrillo, por su parte, culpa a «socios políticos» del ministro del Interior, Armando Benedetti, por las denuncias.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Qué denunció Carlos Carrillo ante la Procuraduría?
El director de la UNGRD amplió una denuncia sobre una presunta exigencia de coimas en contratos relacionados con La Mojana. Según Carrillo, el representante de un consorcio aseguró que le pidieron un pago del 10% del valor del contrato para desembolsarle los recursos pendientes.
¿Qué contrato y qué funcionarios están bajo la lupa?
La controversia gira alrededor del contrato 385 de 2025, firmado entre el Fondo Adaptación y el Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025. Carrillo señaló que la supervisora del convenio habría condicionado pagos a la entrega de una comisión, un señalamiento que ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría.
¿Por qué La Mojana se convirtió en un foco de investigaciones?
La región arrastra años de obras inconclusas, baja ejecución y denuncias de irregularidades en proyectos destinados a controlar inundaciones y recuperar la dinámica hídrica. La Procuraduría y la Contraloría investigan contratos que suman cerca de $100.000 millones, en medio de cuestionamientos sobre la efectividad del gasto público.
¿Qué más investiga la Procuraduría en este caso?
Además de la presunta coima, el Ministerio Público busca establecer si hubo presiones políticas, interferencias en las interventorías y responsabilidades de funcionarios o contratistas. La indagación también examina vínculos de dirigentes políticos y el papel de entidades que participaron en las uniones temporales adjudicatarias.
Deja una respuesta