La ofensiva arancelaria del presidente Donald Trump ha entrado en una nueva fase. Después de que la Corte Suprema invalidara este año buena parte de los gravámenes globales que la Casa Blanca había impuesto desde 2025, la administración republicana busca reconstruir su arquitectura comercial utilizando mecanismos legales alternativos. El más reciente movimiento apunta a un tema particularmente sensible: el trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), encabezada por Jamieson Greer, anunció una propuesta para imponer nuevos aranceles a 60 socios comerciales, incluida Colombia, acusados de no combatir de manera efectiva la importación de bienes producidos mediante trabajo forzado.
La medida todavía debe superar un proceso de consultas públicas antes de entrar en vigor, pero representa uno de los esfuerzos más ambiciosos de la Casa Blanca para restablecer parte de las barreras comerciales que perdió tras los fallos judiciales de comienzos de año.
La propuesta afectaría a algunas de las economías más importantes del mundo. China, Japón, Corea del Sur y Brasil figuran entre los países que enfrentarían gravámenes del 12,5 % sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos. Un segundo grupo, que incluye a Canadá, México, el Reino Unido, la Unión Europea, Taiwán y Argentina, estaría sujeto a un arancel reducido del 10 %, debido a que Washington considera que han tomado medidas o han asumido compromisos para limitar la entrada de productos vinculados al trabajo forzoso.
Aunque los nuevos aranceles abarcan una amplia variedad de bienes, algunos productos quedarían excluidos. Entre ellos figuran el café, la carne de res y los tomates. Además, la administración estudia crear mecanismos preferenciales para determinados textiles, permitiendo reducciones arancelarias a países que incrementen sus compras de productos textiles estadounidenses.
Una nueva justificación para la guerra comercial
La iniciativa refleja la evolución de la estrategia comercial de Trump desde que los tribunales comenzaron a cuestionar sus amplios poderes para imponer gravámenes por razones de emergencia nacional.
La administración sostiene que Estados Unidos aplica restricciones más estrictas que la mayoría de sus socios comerciales respecto a bienes producidos mediante trabajo forzado. Según esta visión, las empresas extranjeras obtienen ventajas competitivas injustas al importar o utilizar productos cuya fabricación involucra prácticas laborales prohibidas por la legislación estadounidense.
“Es inaceptable que nuestros socios comerciales más importantes no aborden la importación de productos elaborados con mano de obra forzada. Esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir a nivel mundial en condiciones desiguales”, afirmó Greer al presentar la propuesta.
La argumentación busca conectar la agenda comercial con una causa que genera amplio respaldo político en Washington: la lucha contra el trabajo forzoso y las violaciones de derechos laborales, particularmente en sectores manufactureros de Asia.
Sin embargo, varios economistas advierten que, independientemente de la justificación utilizada, los aranceles terminan funcionando como impuestos a las importaciones que suelen trasladarse a consumidores y empresas mediante precios más altos.
La respuesta al revés judicial
La nueva ofensiva comercial también debe entenderse en el contexto de la derrota legal sufrida por la Casa Blanca este año.
En febrero, la Corte Suprema anuló gran parte del sistema de aranceles globales que Trump había impuesto utilizando poderes de emergencia presidencial. El tribunal concluyó que la legislación invocada por la administración no otorgaba autoridad suficiente para establecer gravámenes generalizados a las importaciones.
La decisión obligó a la Casa Blanca a buscar fundamentos jurídicos alternativos.
La propuesta anunciada esta semana se apoya en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, una herramienta que permite investigar prácticas comerciales consideradas injustas y aplicar sanciones específicas tras una revisión formal.
Se trata de una vía más lenta y compleja que los poderes de emergencia utilizados anteriormente, pero considerada jurídicamente más sólida por la administración.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ya había anticipado esta estrategia en marzo, cuando aseguró que las tarifas comerciales podrían regresar gradualmente a niveles similares a los existentes antes del fallo judicial.
Una estrategia de reconstrucción gradual
Los nuevos aranceles forman parte de un esfuerzo más amplio para reconstruir el sistema comercial diseñado por Trump durante su segundo mandato.
Además de las investigaciones relacionadas con el trabajo forzoso, la Oficina del Representante Comercial mantiene abiertas pesquisas contra varios países por presunto exceso de capacidad industrial, una acusación que Washington utiliza para señalar a economías que producen más bienes de los que pueden absorber sus mercados internos y que, según Estados Unidos, terminan inundando el comercio mundial con exportaciones subsidiadas.
La administración considera que estas herramientas permitirán restablecer progresivamente las barreras comerciales que formaban parte central de la agenda económica de Trump.
La cuestión ahora es si los nuevos mecanismos lograrán superar los desafíos legales que derribaron la estrategia anterior. Mientras tanto, socios comerciales de todo el mundo observan con atención una nueva etapa de la política comercial estadounidense, en la que la lucha contra el trabajo forzoso se ha convertido en el argumento elegido por la Casa Blanca para reactivar su agenda arancelaria.
Bloque de preguntas y respuestas
¿Qué anunció la administración Trump?
La Casa Blanca propuso nuevos aranceles contra 60 socios comerciales acusados de no combatir adecuadamente la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.
¿Qué países enfrentarían los gravámenes más altos?
China, Japón, Corea del Sur y Brasil figuran entre los países que enfrentarían aranceles propuestos del 12,5 % sobre sus exportaciones hacia Estados Unidos.
¿Por qué Estados Unidos justifica esta medida?
Washington sostiene que muchos países permiten el ingreso o la utilización de productos vinculados al trabajo forzoso, lo que generaría ventajas competitivas injustas frente a las empresas estadounidenses.
¿Cómo se relaciona esta decisión con el fallo de la Corte Suprema?
La propuesta surge después de que la Corte Suprema invalidara buena parte de los aranceles globales impuestos por Trump bajo poderes de emergencia, obligando a la administración a buscar nuevas bases legales.
¿Los aranceles entrarán en vigor de inmediato?
No. Antes de su implementación deberán superar un período de consultas públicas y revisión administrativa.
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