Tras dos fallidas solicitudes de aplazamiento, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, tuvo que acudir a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El alto tribunal abrió una investigación formal en su contra por su presunto rol en el entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD).
Cristina Lombana, la magistrada investigadora, citó a la congresista oficialista a una indagatoria, el mecanismo que el código de procedimiento para aforados ofrece para que los instructores intenten obtener una confesión sobre los presuntos delitos que se estuvieron indagando. Todo comenzó con los testimonios de Olmedo López.
De acuerdo con el exdirector de la UNGRD, a quien el Tribunal de Bogotá le tumbó el preacuerdo con la Fiscalía, Peralta le pidió direccionar un contrato de más de 2,21 mil millones de pesos para Isaac Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi, los representantes de IRL SAS, una empresa que buscaba un proyecto de maquinaria amarilla.
La Fiscalía, en abril de 2025, compulsó copias para que la Corte investigara a Peralta. El ente acusador no podía proceder, por cuenta de su fuero de senadora. Según López, el confeso corrupto que ahora debe allanarse a cargos por no haber logrado un acuerdo con la justicia, el contrato era para el mantenimiento de pozos en La Guajira.
Tras una sesión ordinaria el 14 de mayo, la Sala de Instrucción abrió una investigación formal señalando a Peralta como sospechosa de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Una vez se concreten los trámites secretariales, la Corte fijará la fecha en la que la parlamentaria debe acudir a la indagatoria.
Peralta y su defensa intentaron reprogramar la diligencia. La magistrada Lombana no accedió a las solicitudes y, por el contrario, ordenó que la Policía condujera a la parlamentaria guajira reelecta. A lo largo de la tarde de este jueves, 18 de junio, la congresista tendrá que responder varias preguntas sobre el expediente.
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