La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia le puso punto final a una disputa del ministro del Interior, Armando Benedetti, para recuperar un lujoso apartamento en Rosales, un barrio de clase alta en el nororiente de Bogotá.
Todo se remonta a un proceso que la Fiscalía sigue contra el jefe de la cartera política por presunto enriquecimiento ilícito. No es el único caso: la Sala de Instrucción de la Corte Suprema también lo investiga por el mismo delito.
Benedetti alegó, a través de una tutela, que la Fiscalía y el Tribunal Superior de Bogotá, en su Sala de Extinción de Dominio, le vulneraron sus derechos fundamentales al dictar medidas cautelares a un inmueble en la calle 85.
La Fiscalía adoptó la medida en 2021 para evitar que el inmueble fuese negociado o transferido a otras personas para ocultar un posible origen ilícito. La justicia, además, analizó un contrato de leasing de 43 millones de pesos para la cuota inicial.
En septiembre de 2022 el Juzgado Segundo Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá declaró ilegal el embargo y del leasing gracias a un recurso de la defensa del ministro. En enero de 2026, el Tribunal de Bogotá revocó un aparte de la decisión.
Así que los bienes del exsenador volvieron a quedarse embargados. Benedetti acudió a una tutela y la Corte Suprema la denegó en dos instancias. La última de ellas, la Sala Civil. El ministro dijo que su patrimonio no es injustificado.
Por qué la justicia mantuvo el embargo sobre el inmueble de Benedetti en Rosales
Para la Sala, las determinaciones de varias instancias contra el apartamento no son arbitrarias ni caprichosas. El Tribunal Superior de Bogotá “se valió de una suficiente motivación, en la que se aplicó tanto la normativa como la jurisprudencia”.
“La autoridad querellada”, o sea, el Tribunal, “echó mano de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, así como del embargo y secuestro de un inmueble y de los derechos derivados de un contrato de leasing”, añadió la Corte.
En octubre de 2021, Benedetti trinó que la decisión de la fiscalía era “sospechosa, desmedida e ilegal” porque la investigación por la que se extinguió el dominio del apartamento, en Altos del Retiro, no se dirige a él, sino a la anterior propietaria.
Armando Benedetti tiene varios líos por propiedades suntuosas alrededor del país. En noviembre de 2025, la magistrada Cristina Lombana, a quien recusó en todos los casos en su contra, ordenó un allanamiento a una mansión a las afueras de Barranquilla.
Lombana admitió que dirigió «personalmente» el planeamiento y la ejecución del procedimiento, en medio de una «investigación formal» contra Benedetti. Aunque no aclaró los detalles de la causa penal, se trataría de un caso de enriquecimiento ilícito.
“Debo destacar del personal que acompañó la diligencia la disciplina, el resguardo de la información y, sobre todo, el respeto por la ley, lo que permitió que la actividad probatoria se adelantara con todo éxito”, remarcó la magistrada.
Los otros procesos que rodean el patrimonio del ministro del Interior
Benedetti aseguró el 11 de noviembre que la investigadora, a quien ha insultado en reiteradas ocasiones, no decomisó nada en el allanamiento. Además, acusó a Lombana de intimidar a su esposa, Adelina Guerrero, quien lo secundó en redes.
La jueza se desmarcó. Aunque admitió “posibles vicisitudes”, señaló que los miembros de la Dijín, la Sijín, el Goes y la Policía de Infancia “en todo momento guardaron la compostura y templanza que exige una diligencia judicial de esta índole”.
En 2022, antes de que Gustavo Petro ganara la Presidencia y nombrara a Benedetti como embajador en Venezuela, Lombana llevaba contra el entonces senador barranquillero al menos cinco investigaciones, incluyendo las de enriquecimiento ilícito.
Como Benedetti pasó a embajadas y luego a ministerios, sus casos en la Corte Suprema se movieron entre la Fiscalía y la Sala de Instrucción. Lombana fue de las que abogó por que la mayoría se quedaran en el alto tribunal.
Benedetti la recusó varias veces. La Corte avaló los recursos —inicialmente, una parte, y luego, todos— y la apartó en principio de un expediente de enriquecimiento ilícito. Lombana adelantaba otro por el mismo delito, por la compra de un apartamento con un “préstamo” de Euclides Torres.
La casa allanada del ministro en el Atlántico estaba en un leasing del empresario Ricardo Leyva, quien a su vez vive en un apartamento en el que Benedetti vivía. Según el exembajador, la diligencia no concluyó en ninguna incautación ni detención.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Corte Suprema mantuvo el embargo sobre el apartamento de Armando Benedetti?
La Sala de Casación Civil concluyó que las decisiones de la Fiscalía y del Tribunal Superior de Bogotá estuvieron debidamente motivadas y no fueron arbitrarias. Por eso negó la tutela con la que Benedetti buscaba dejar sin efecto las medidas cautelares que pesan sobre un apartamento ubicado en el sector de Rosales, en el norte de Bogotá.
¿Qué relación tiene el inmueble con las investigaciones contra Benedetti?
El apartamento quedó bajo medidas cautelares dentro de un proceso de extinción de dominio relacionado con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La Fiscalía ordenó el embargo en 2021 para impedir que el bien fuera vendido o transferido mientras se esclarece el origen de los recursos utilizados en la operación.
¿Qué ocurrió antes de que la Corte rechazara la tutela del ministro?
En 2022 un juzgado especializado declaró ilegales algunas de las medidas adoptadas por la Fiscalía, pero en enero de 2026 el Tribunal Superior de Bogotá revocó parcialmente esa decisión. Como consecuencia, el embargo y las demás restricciones sobre el inmueble volvieron a quedar vigentes, situación que Benedetti intentó revertir mediante una tutela.
¿Qué otros procesos judiciales rodean el patrimonio de Armando Benedetti?
Además de este caso, Benedetti enfrenta investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito tanto en la Fiscalía como en la Corte Suprema. Entre ellas figuran pesquisas relacionadas con propiedades de alto valor, un apartamento adquirido mediante un supuesto préstamo del empresario Euclides Torres y una mansión en el Atlántico que fue objeto de un allanamiento ordenado por la magistrada Cristina Lombana.
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