El reciente pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, en el que afirmó que no acepta los resultados de las elecciones presidenciales de primera vuelta, en las que el candidato de ultraderecha, Abelardo De la Espriella, obtuvo una mayoría de votos del 43,7%, ha abierto una serie de interrogantes que la ciudadanía debe considerar de cara a la segunda vuelta electoral. Petro no solo fue crítico de las elecciones, sino que también aseguró tener evidencias que, según afirma, constatarían irregularidades en las votaciones y le permitirían sostener la afirmación de un “posible fraude”, de acuerdo con publicaciones en su cuenta de X.
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura emitieron un pronunciamiento conjunto en el que respaldaron el trabajo de las comisiones escrutadoras, encargadas de la verificación de los votos de la primera vuelta presidencial. Además, hicieron un llamado a la ciudadanía y a los actores políticos para actuar con responsabilidad y evitar la desconfianza en las instituciones electorales. En ese contexto, surge la pregunta: ¿qué ocurriría si el Presidente de la República insiste en desconocer los resultados electorales?
Ante este panorama, y en medio del alcance de estas declaraciones, el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry se refirió, en entrevista con La FM, a las posibles implicaciones de este desconocimiento y a lo que podría desencadenar, no solo en el ámbito político, sino también en materia social y de orden público.
¿Qué pasa si el presidente no reconoce los resultados electorales?
Charry afirmó que el presidente no tiene competencias directas en el proceso. “El presidente dentro de sus funciones constitucionales no tiene función alguna relativa al proceso electoral”, señaló. Añadió que su papel es “garantizar las condiciones de orden público para que se celebren las elecciones”.
Frente a una eventual insistencia en irregularidades, indicó que existen vías legales. “Si el presidente insiste en las irregularidades, tendría que acudir a los mecanismos legales para impugnar las actas con las pruebas correspondientes”, afirmó.
El constitucionalista también se refirió al contexto en el que se da esta situación. “Estamos viviendo una circunstancia sin antecedentes en el pasado reciente”, sostuvo, al tiempo que describió la posición del mandatario como parte de un escenario político.
En ese sentido, explicó que se trata de una conducta enmarcada en el debate electoral. “Tenemos un presidente con un estilo retador, confrontador, que se para en las zonas grises de la legalidad”, indicó. Agregó que, en su concepto, “está siendo política partidista por el candidato que sería el continuista de su política de gobierno”.
Charry señaló que esta postura puede interpretarse dentro de una estrategia. “Creo que esto podría enmarcarse en ese contexto, es parte de su estrategia y de su rol frente a las elecciones y frente al debate electoral”, afirmó.
¿Quién tiene la última palabra en una crisis electoral en Colombia?
Al ser consultado sobre una eventual crisis electoral, Charry explicó que la autoridad competente está definida. “En materia electoral la última palabra la tendría el Consejo Nacional Electoral”, señaló.
Asimismo, indicó que el sistema contempla instancias adicionales. “La organización electoral y eventualmente, si hubiera debates jurídicos, la jurisdicción contencioso-administrativa”, añadió, al referirse a los mecanismos institucionales disponibles.
El experto reiteró que el proceso cuenta con canales establecidos para resolver controversias. En ese sentido, enfatizó que las decisiones deben tramitarse dentro de los marcos legales definidos por la organización electoral.
Charry insistió en que cualquier cuestionamiento debe sustentarse. “Tendría que acudir a los mecanismos legales con las pruebas correspondientes”, reiteró, al referirse a la posibilidad de impugnar resultados.
Las instituciones competentes, según declaró, son las encargadas de resolver disputas. “La última palabra la tendría el Consejo Nacional Electoral”, afirmó, al resumir el papel de las autoridades en escenarios de controversia electoral.
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