Tras la caída de Nicolás Maduro, hasta ahora se está empezando a dimensionar la magnitud de la corrupción sistemática que el régimen ejercía con las ganancias de la estatal petrolera PDVSA durante décadas.
Un artículo de The New York Times, revela que a través de un familiar cercano de Maduro con empresas fantasma, el régimen chavista se quedaba con uno de cada dos dólares que ganaba por cuenta de la venta de petróleo. Según la ley venezolana, solamente PDVSA puede quedarse con las ganancias de dichas ventas.
El periódico se pregunta cómo, ante años de corrupción y desvío de fondos, el presidente Donald Trump puede garantizar que las ventas de crudo venezolano no tengan el mismo destino que antes.
El gobierno venezolano deberá presentar presupuestos mensuales a la Casa Blanca, mientras firmas auditoras internacionales verificarán cada transacción.
Del lado venezolano, la nueva líder Delcy Rodríguez prometió una revolución en la rendición de cuentas: un portal digital que permitiría a los ciudadanos rastrear cada dólar generado por la industria petrolera. La iniciativa, bautizada como “Soberanía Transparente”, busca enviar una señal de cambio tanto a la población como a los inversionistas internacionales.
¿Ha habido resultados concretos?
Sin embargo, hasta ahora los resultados son prácticamente inexistentes. El portal apenas registra una única transacción, sin detalles clave sobre compradores o condiciones, mientras que las auditorías anunciadas aún no han presentado informes públicos. Esta opacidad revive viejos temores en torno a una industria históricamente marcada por el secretismo.
El diario neoyorquino reveló uno de los casos más ilustrativos sobre la corrupción en PDVSA. Carlos Malpica Flores, sobrino de la ex primera dama Cilia Flores, ascendió rápidamente en la estructura de poder hasta convertirse en una figura clave en el manejo de las finanzas petroleras.
¿Cómo funcionaba el esquema de corrupción?
Documentos de PDVSA revelan que empresas vinculadas a su red exportaron petróleo por más de 11.000 millones de dólares entre 2021 y 2022 sin pagar a la estatal, lo que representó cerca de la mitad de los ingresos petroleros del país en ese período.
Este esquema no solo drenó recursos públicos, sino que consolidó una red de lealtades políticas que permitió a Maduro sostenerse en el poder durante años de crisis económica y sanciones internacionales. Incluso después de su salida, varios de estos mecanismos parecen seguir operando bajo nuevas formas.
Uno de los ejemplos más reveladores es el de la empresa Hangzhou Energy, registrada en China, que obtuvo contratos altamente favorables para exportar crudo venezolano. A cambio de una vaga promesa de “ayuda humanitaria”, la compañía recibió volúmenes significativos de petróleo, en condiciones que expertos consideran atípicas y potencialmente irregulares.
Más llamativo aún, según el Times, algunos contratos permitían pagos en bolívares —una moneda fuertemente devaluada— en lugar de dólares, lo que abría la puerta a ganancias extraordinarias mediante arbitraje cambiario. Este tipo de prácticas contradice la lógica básica de un país exportador de petróleo, cuyo objetivo es precisamente obtener divisas fuertes.
Aunque la administración de Rodríguez ha tomado algunas medidas para frenar las irregularidades más flagrantes, como las ventas de crudo sin pago, persisten señales de continuidad en los privilegios otorgados a ciertos actores económicos cercanos al antiguo régimen. Esto plantea interrogantes sobre los límites reales de la reforma.
El plan de inversión estadounidense, estimado en 100.000 millones de dólares, depende en gran medida de generar confianza entre las grandes petroleras. Sin garantías claras de estado de derecho, difícilmente estas compañías asumirán el riesgo de operar en Venezuela.
¿Quién se quedaba con la plata?
Empresas fantasmas vinculadas a la esposa de Nicolás Maduro.
¿Cuánta plata saquearon?
No se sabe con exactitud, pero se calcula que con el 50% de los recursos percibidos por venta de petróleo.
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