Ante la alerta de seguridad en el suroccidente del país y la violencia que golpea al campo y deja víctimas, miedo y pérdidas, Procaña advirtió que “sin seguridad no hay democracia”, al tiempo que exigió acciones urgentes para proteger la vida y el trabajo en la región.
Luego que en el suroccidente del país se vuelven a encender las alertas por la escalada de violencia. Desde el sector agroindustrial, el gremio Procaña lanzó un llamado urgente al Gobierno Nacional para garantizar la vida y el trabajo en una de las regiones más golpeadas por el orden público.
Para Procaña en Colombia la seguridad no da espera
El llamado se dio durante la más reciente Mesa de Derechos Humanos en el norte del Cauca, y en él se destaca que la seguridad no da espera. Así lo dejó claro la directora ejecutiva del gremio, Marcela Urueña, quien advirtió que la situación en el territorio ya supera cualquier límite.
“Sin seguridad no hay democracia, y sin orden no hay sustento”, aseguró la dirigente, al referirse a la necesidad de una presencia real del Estado en las zonas rurales.
Advierten que el impacto va mucho más allá de las cifras
Hay que destacar que este pronunciamiento se da en medio de hechos violentos que han sacudido al suroccidente colombiano, con ataques, hostigamientos y acciones armadas que han dejado víctimas y profundas afectaciones en comunidades campesinas.
Desde Procaña insisten en que el impacto va mucho más allá de las cifras. “La protección de quienes labran y trabajan la tierra no da espera”, señaló Urueña, al tiempo que describió el drama que viven cientos de familias en la región.
Y es que la violencia reciente ha dejado un saldo doloroso. “Esta tragedia enluta a nuestras familias rurales, a nuestras familias del suroccidente colombiano”, enfatizó, haciendo referencia a los hechos ocurridos en municipios como Cajibío, Silvia y Jámbalo.
Ninguna causa justifica la pérdida de vidas humanas
El gremio también expresó su solidaridad con las víctimas y fue enfático en un punto: ninguna causa justifica la pérdida de vidas humanas. En ese contexto, rechazaron de manera categórica los ataques contra la infraestructura productiva.
“Estos actos no son protesta; son ataques directos al sustento de miles de familias”, afirmó la directora ejecutiva, al referirse a la quema de cultivos, vehículos cañeros y otros hechos que afectan la economía regional.
Procaña planteó tres exigencias inmediatas
Frente a este panorama, Procaña planteó tres exigencias inmediatas. Primero, garantías reales para el ejercicio democrático, especialmente en zonas donde la violencia pone en riesgo la participación ciudadana.
Segundo, esquemas de protección para los trabajadores del campo, que hoy enfrentan riesgos incluso para movilizarse hacia sus lugares de trabajo.
Y tercero, respeto por la propiedad privada y la producción, como base fundamental para la estabilidad económica de la región.
El gremio advierte que sin condiciones mínimas de seguridad, no solo se afecta la productividad, sino que se profundiza la pobreza y el miedo en los territorios.
Por eso, y de acuerdo con ese gremio, el llamado es directo: «se necesita una acción decidida y permanente del Estado que permita recuperar la tranquilidad en el suroccidente colombiano».
Mientras tanto, las comunidades siguen enfrentando el impacto de la violencia, en una región donde el campo insiste en resistir, pero también en ser escuchado.
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