La Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal contra la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., concesionaria encargada de la administración de los cementerios distritales, al establecer un presunto detrimento patrimonial por $7.451.331.688,94.
Con esta decisión, el organismo de control dejó en firme la responsabilidad fiscal de la empresa por presuntas irregularidades en el manejo de recursos derivados de la operación de los cementerios públicos de la capital. El fallo agota la vía administrativa, por lo que ya no procede ningún recurso dentro de este proceso.
Hallazgos durante la ejecución del contrato
La decisión se deriva de la investigación adelantada por la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría sobre la ejecución del Contrato de Concesión No. 415 de 2021, suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S., encargada de administrar los cementerios Central, Norte, Sur y Serafín.
Según el organismo de control, las pruebas recaudadas evidenciaron que los recursos obtenidos por la prestación de los servicios funerarios continuaron siendo administrados mediante cuentas independientes y no a través del esquema fiduciario previsto contractualmente, incluso después de haber finalizado el periodo de transición establecido.
Para la Contraloría, esa situación implicó un incumplimiento de las condiciones pactadas para el manejo de los recursos públicos y dio lugar al detrimento patrimonial determinado dentro del proceso fiscal.
Contraloría rechazó los argumentos de la concesionaria
Durante el trámite, la empresa apeló la decisión y sostuvo que las diferencias surgidas durante la ejecución del contrato y diversas situaciones operativas justificaban el mecanismo utilizado para administrar los recursos.
No obstante, la Contraloría concluyó que esos argumentos no desvirtúan la responsabilidad establecida en primera instancia y señaló que las diferencias contractuales no autorizan a un concesionario a administrar recursos públicos por fuera de los mecanismos de control definidos en el contrato.
El organismo reiteró que la gestión de recursos estatales debe ajustarse a los principios de transparencia, trazabilidad y destinación específica, mediante el cumplimiento de las reglas previamente establecidas.
Con la decisión de segunda instancia, la Contraloría podrá iniciar las actuaciones correspondientes para buscar la recuperación de los recursos determinados en el proceso de responsabilidad fiscal.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Contraloría de Bogotá ratificó el fallo contra el concesionario de cementerios?
Contraloría de Bogotá confirmó en segunda instancia la responsabilidad fiscal contra Jardines de Luz y Paz S.A.S. al evidenciar que administró recursos públicos de los cementerios distritales fuera del esquema fiduciario contractual. El organismo de control dejó en firme un detrimento patrimonial por más de $7.451 millones de pesos tras rechazar los recursos presentados por la firma privada.
¿A cuánto asciende la sanción impuesta por la Contraloría de Bogotá a Jardines de Luz y Paz?
Contraloría de Bogotá estableció un detrimento patrimonial por $7.451.331.688,94 en contra del concesionario encargado del Contrato de Concesión No. 415 de 2021. La decisión administrativa pone fin al proceso fiscal y abre paso al cobro coactivo para recuperar los dineros recaudados en los cementerios Central, Norte, Sur y Serafín.
¿Cuáles cementerios distritales resultaron implicados en el fallo emitido por la Contraloría de Bogotá?
Contraloría de Bogotá determinó irregularidades financieras en la operación de los cementerios Norte, Sur, Central y Serafín, administrados por la sociedad Jardines de Luz y Paz S.A.S. El ente fiscalizador aclaró que los desacuerdos entre el contratista y la UAESP no justificaban el manejo del dinero público en cuentas bancarias no autorizadas.
¿Qué acciones legales proceden tras el fallo definitivo dictado por la Contraloría de Bogotá?
Contraloría de Bogotá dejó ratificada la responsabilidad fiscal en última instancia, por lo que la resolución ya no admite ningún tipo de recurso legal ordinario. Esta medida definitiva habilita las gestiones de cobro coactivo contra el concesionario de la red funeraria pública para restituir los fondos afectados al patrimonio presupuestal de la capital.
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