La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar formal en contra del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, y otros dos altos funcionarios de la entidad. La medida responde a una compulsa de copias ordenada por el Juzgado Octavo Administrativo Oral de Medellín, ante el aparente incumplimiento de un fallo de tutela que buscaba salvaguardar la vida del activista político Santiago Alvarán Mejía. El proceso penal se adelanta por el presunto delito de fraude a resolución judicial.
Un esquema de seguridad incompleto
La FM en Antioquia conoció en exclusiva el expediente de la Fiscalía que detalla el origen de la investigación. De acuerdo con el documento judicial, el juez Walter Manuel Posada Pérez determinó que la cúpula de la UNP incurrió en desacato al no implementar de forma integral las medidas de protección ordenadas constitucionalmente. Aunque la institución asignó un hombre de protección para custodiar al líder político, la orden se ejecutó a medias: el esquema carece de un vehículo automotor. Esta omisión, según el denunciante, anula la efectividad de su seguridad durante los traslados y lo expone a la delincuencia.
El propio Santiago Alvarán Mejía detalló ante los micrófonos de La FM el impacto de esta desatención institucional en su día a día. «A pesar de que la medida fue incongruente con la evaluación que realizó la Unidad Nacional de Protección, me protegió con una sola persona, y me está dejando en vulneración en los desplazamientos», argumentó el afectado. Para el activista, la falta de un carro convencional o blindado incrementa de forma crítica su vulnerabilidad en una ciudad con complejas dinámicas de orden público como Medellín.
El historial de atentados contra el activista
La gravedad del caso radica en el perfil de riesgo del denunciante, quien ha sido blanco de múltiples agresiones en diferentes regiones del país debido a su visibilidad en el ejercicio de la política pública. En su declaración, Alvarán documentó que en noviembre de 2025 fue víctima de un secuestro extorsivo en el Urabá antioqueño mientras realizaba labores de activismo. Asimismo, reportó ante las autoridades un intento de homicidio previo y un ataque reciente que le causó lesiones personales durante un evento en Cartagena de Indias.
«Mi vida de verdad está en riesgo, porque he padecido un secuestro extorsivo en Urabá, he padecido lesiones personales, y padecido un constreñimiento ilegal de manera criminal por mi forma de interactuar en la visibilidad de la política pública», alertó el líder social al enfatizar la urgencia de su requerimiento.
Implicaciones penales para la cúpula de la UNP
Ante la renuencia de la entidad para completar el esquema automotor, el juzgado de Medellín no solo impuso una multa de un salario mínimo legal mensual vigente a los directivos, sino que trasladó el expediente al ámbito penal y disciplinario. Además del director general Augusto Rodríguez, la indagación de la Fiscalía cobija a Nelson Rolando Russi Beltrán, director de Evaluación de Riesgo, y a Miguel Ángel Quiroga Ruiz, director de Protección de la UNP.
Respecto a la decisión del despacho judicial, Alvarán Mejía concluyó: «El Juzgado Octavo de Medellín compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, por el hecho de que él incumplió la primera sentencia, el fallo constitucional emitido por ese despacho». Con la apertura de la noticia criminal, la Fiscalía recolectará las evidencias para establecer si existió dolo por parte de los funcionarios o si el caso será archivado.
Las claves de la noticia en tres preguntas
1. ¿Por qué delito investiga la Fiscalía al director de la UNP?
La Fiscalía General de la Nación investiga a Augusto Rodríguez y a su equipo directivo por el presunto delito de Fraude a Resolución Judicial (Art. 454 del Código Penal), el cual se configura cuando un servidor público se niega de forma injustificada a cumplir una orden emitida por un juez.
2. ¿Qué le falta al esquema de seguridad de Santiago Alvarán Mejía?
Aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) asignó un escolta para la seguridad del activista político, el cumplimiento fue parcial debido a que no se le otorgó un vehículo de protección, dejándolo vulnerable y expuesto durante sus desplazamientos terrestres.
3. ¿Cuáles son los hechos de violencia previos que sustentan el riesgo del activista?
Santiago Alvarán Mejía registra un historial crítico de seguridad que incluye un intento de homicidio, un secuestro extorsivo perpetrado en el Urabá antioqueño en noviembre de 2025, y un reciente ataque con lesiones personales en la ciudad de Cartagena.
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