La vicepresidenta Francia Márquez rechazó el atentado ocurrido en Cali, donde fueron detonados cilindros explosivos en inmediaciones del Batallón Pichincha.
“Quiero rechazar enérgicamente lo que acaba de pasar aquí a unos kilómetros, y es que acaban de explotar unos cilindros que ponen en el batallón, al lado del batallón Pichincha, que pone en riesgo la vida de nuestra gente”, afirmó la alta funcionaria.
Márquez fue enfática en que este tipo de hechos no frenarán los procesos democráticos ni la participación ciudadana, refiriéndose a las jornadas electorales que próximamente vivirá el país.
“No nos van a silenciar, no nos van a amedrentar, y como pueblo nos seguimos levantando con rectitud por la vida y por la paz. No aceptamos que los grupos armados sigan sembrando el miedo. No es sembrando miedo que se cosecha democracia. No es así como se ganan elecciones. No es sembrándole terror a nuestro pueblo como se gobierna un país”, sostuvo.
La funcionaria lanzó una alerta sobre la violencia en el Región Pacífica y el sometimiento de la población civil a los grupos al margen de la ley. En ese sentido le pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez tomar medidas urgentes.
“Rechazo que mi región, que mis departamentos, que mi Pacífico esté sometido a la barbarie de estos grupos. Solicito al Ministerio de Defensa y a las entidades responsables que tomen las acciones requeridas para proteger la vida de los caucanos, de los nariñenses y de toda la población”.
Agregó: “Como mujer de esta región, estar viendo y enfrentando todos los días los desafíos de la seguridad… no más. Se tienen que usar todas las herramientas del Estado colombiano para proteger al Pacífico”.
MinInterior calificó el atentado como «una atrocidad»
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se solidarizó con las víctimas y calificó el atentado como un ataque directo contra la institucionalidad.
“Después de los hechos acaecidos en la ciudad de Cali, me solidarizo con todo el pueblo caleño y vallecaucano. Lo que ha pasado es, una vez más, una atrocidad, algo que va contra la vida, contra la democracia, contra nuestro país”, afirmó.
El funcionario anunció medidas inmediatas para contener la situación: “He hablado con el alcalde de Cali. Vamos a tomar medidas en lo que tiene que ver con inteligencia, con pie de fuerza, y posibles reuniones como un consejo de seguridad en la ciudad”.
La ola de violencia en Cali y el Pacífico
El atentado en Cali se suma a una serie de hechos de violencia que han afectado al suroccidente del país, una región históricamente golpeada por la presencia de grupos armados ilegales, entre ellos disidencias de las FARC y estructuras del ELN.
En los últimos meses se ha evidenciado un incremento en acciones violentas en el Valle del Cauca y departamentos vecinos como Cauca y Nariño, con ataques a la fuerza pública, hostigamientos y atentados con explosivos.
Las autoridades han advertido que estos hechos estarían relacionados con disputas territoriales por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita, lo que ha incrementado los riesgos para la población civil.
Las claves del tema en cuatro preguntas
¿Qué evento específico motivó el pronunciamiento de la vicepresidenta Francia Márquez?
El atentado ocurrido en las inmediaciones del Batallón Pichincha en Cali, donde fueron detonados cilindros explosivos que pusieron en riesgo a la población civil.
¿Cuál fue la postura de la vicepresidenta frente a la relación entre violencia y democracia?
Márquez enfatizó que el terror no es la vía para gobernar ni ganar elecciones, asegurando que estos actos no silenciarán al pueblo ni frenarán los procesos democráticos y de participación ciudadana.
¿Qué medidas inmediatas anunció el Ministerio del Interior para abordar la situación en Cali?
El ministro anunció el fortalecimiento de la inteligencia, el incremento del pie de fuerza y la posible realización de un consejo de seguridad en coordinación con la alcaldía de la ciudad.
¿A qué factores atribuyen las autoridades el incremento de la violencia en el suroccidente del país?
A las disputas territoriales entre grupos armados (como disidencias de las FARC y el ELN) por el control de economías ilegales, específicamente el narcotráfico y la minería ilícita.
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