Redacción
La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal) ha reclamado la aprobación de una ley nacional de cuidados paliativos que ayude a «regular y garantizar» el acceso universal a este «derecho reconocido», pero ha considerado «erróneo e inadecuado» plantear esta normativa como «alternativa opuesta» a la ley de eutanasia.
Esta petición se produce a raíz del debate generado por las declaraciones de distintos representantes públicos. Entre ellos, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular (PP), quien anunció en una entrevista a Servimedia su intención de «proponer y aprobar», si llega al Gobierno, una ley estatal de cuidados paliativos. «Por tanto, la opción de morirse no puede ser la norma, tiene que ser la excepción de todas las excepciones», destacó el líder de la oposición.
La sociedad científica ha rechazado la necesidad de una ley de cuidados paliativos «como contraposición» a la eutanasia. Añaden que han incidido en «múltiples ocasiones en que no es apropiado situar la atención paliativa y la eutanasia en el mismo plano conceptual ni presentarlas como un dilema en el que ambas opciones son comparables, contrarias o excluyentes entre sí».
En este punto, han precisado que «siempre» han defendido que garantizar previamente el acceso universal a los cuidados paliativos para responder a las necesidades de la mayoría de la población habría sido lo «adecuado y oportuno», pero que plantearlos como «alternativa opuesta» a la eutanasia «genera confusión y puede aumentar la desprotección de los pacientes y sus familias».
La Secpal ha afirmado que «no existirá nunca el libre derecho a decidir ni se dignificará el proceso de morir mientras las personas que sufren al final de su vida no tengan garantizado un acompañamiento integral y de calidad»
Tras ello, la Secpal ha afirmado que «no existirá nunca el libre derecho a decidir ni se dignificará el proceso de morir mientras las personas que sufren al final de su vida no tengan garantizado un acompañamiento integral y de calidad que alivie su dolor físico, emocional, social y espiritual, siendo los cuidados paliativos un derecho reconocido, pero no una realidad para todos los ciudadanos que los necesitan en nuestro país», han advertido.
Desigualdad territorial en el acceso
La sociedad científica ha aseverado que «a menudo» la atención paliativa «llega tarde» y ha criticado que, en muchos casos, no lo hace, puesto que su integración en el sistema sanitario «no es completa» y existen desigualdades entre comunidades autónomas, e incluso dentro de un mismo territorio. De hecho, ha referido que menos de la mitad de las personas que necesitan cuidados paliativos específicos los reciben.
Teniendo en cuenta que la mayoría de la población morirá como consecuencia enfermedades progresivas e incurables, han incidido en la necesidad de desarrollar de forma adecuada los cuidados paliativos a través de una ley nacional que ayude a homogeneizar su implantación.
Actualmente, y según ha detallado la Secpal, solo existen leyes autonómicas aprobadas en Andalucía, Aragón, Navarra, Canarias, Baleares, Galicia, País Vasco, Comunidad de Madrid, Asturias, Comunidad Valenciana, Cantabria y La Rioja, así como una Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, que ha calificado como «insuficiente» para garantizar un acceso equitativo.
La Secpal califica de «insuficiente» la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos diseñada para garantizar un acceso equitativo
La Secpal ha apuntado que la promulgación de una ley nacional es una «reivindicación histórica» de la sociedad científica que ha hecho llegar a todos los partidos políticos, pero que, hasta el momento, no ha logrado materializar.
Aun así, se ha mostrado convencida de que todas las fuerzas políticas entienden la importancia de garantizar los cuidados paliativos y, aunque pueda haber diferencias entre ellas respecto a las fórmulas para desarrollarlos, existe «una base común» sobre la que construir acuerdos.
De este modo, ha insistido en que es «fundamental» avanzar hacia un consenso amplio que «trascienda posiciones partidistas» y permita establecer «unos mínimos compartidos» que aseguren la equidad en el acceso, la calidad de la atención y la dignidad de las personas que afrontan enfermedades avanzadas o el final de su vida.
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