Aunque el exministro del Interior Luis Fernando Velasco intentó salir de prisión mientras avanza el proceso penal en su contra por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Corte Suprema de Justicia lo rechazó.
Velasco alegó que los términos de su detención ya se habían vencido y que cualquier aplazamiento en las diligencias judiciales es culpa de la justicia, no de él o de su defensa. El magistrado Jorge Emilio Caldas, de la Sala Especial de Primera Instancia, desestimó los argumentos. Así que el caucano seguirá detenido.
El 30 de abril, tras dos días de audiencia, la Sala de Primera claró formalmente acusados a los exministros Ricardo Bonilla, de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, del Interior, en medio del entramado de corrupción en la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía llevó a juicio a los exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer. El fiscal Gabriel Sandoval, delegado ante la Corte, radicó el escrito de acusación, de casi trescientas páginas, el 7 de abril.
No es una acusación precisamente fuerte. Aunque tiene falencias en tecnicismos jurídicos en, por ejemplo, la “vocación de permanencia” del delito de concierto para delinquir, sirvió para llevar a dos de los exservidores públicos más cercanos al jefe de Estado en el pasado al banquillo.
La Fiscalía vinculó a Velasco con el direccionamiento de contratos en la UNGRD
Según la Fiscalía, Velasco lideró varias reuniones en el Palacio de Nariño para impartir directrices sobre el direccionamiento de varios contratos que servirían para que congresistas votaran a favor de proyectos de la administración de Petro. Según la Fiscalía, las iniciativas gubernamentales eran la reforma a la salud y la pensional.
Velasco captó una posible imprecisión de la Fiscalía, que señaló que la pensional se debatía en la Comisión Primera del Senado, cuando en realidad era un proyecto que navegaba en la Comisión Séptima. En todo caso, las investigaciones del ente acusador también hablan de congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
Se trata, en buena medida, del representante conservador Wadith Manzur y la representante de las circunscripciones de paz Karen Manrique, a quienes la Corte Suprema de Justicia envió a prisión preventiva. El mismo jueves 30 de abril, la Sala Especial de Instrucción ratificó la medida de aseguramiento en su contra.
María Alejandra Benavides, exasesora del exministro Ricardo Bonilla, ha sido clave. La justicia tiene cerca de cincuenta horas de grabación en las que Benavides delata encuentros en el ministerio y presiones de congresistas. La Fiscalía firmó con ella un principio de oportunidad que un juzgado aprobó en julio del año pasado.
Benavides ha comprometido a casi cuarenta personas, una treintena de las cuales son congresistas que habrían negociado contratos en la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías). La línea de investigación del Invías, que ya ha impulsado detenciones preventivas, singla en el despacho del magistrado Marco Antonio Rueda.
Contratos, congresistas y pruebas en el caso de corrupción
La Fiscalía dice que Bonilla determinó a Benavides para que se contactara con los congresistas que Velasco seleccionaba para cuadrar 73 contratos del Invías —si bien la imputación hablaba inicialmente de 74— y cinco contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo, que sumaban unos 612.000 millones de pesos.
De la lista de convenios, solo siete se concretaron. Velasco, frente al magistrado Jorge Emilio Caldas —el ponente del caso en la Corte Suprema—, protestó porque la mayoría de los acuerdos empezó a tramitarse durante el gobierno de Iván Duque. “No caigamos en el juego narrativo que plantea la Fiscalía”, reclamó.
Entre septiembre y diciembre de 2023, narró la Fiscalía, Velasco y Bonilla presuntamente intercedieron en tres procesos contractuales de la UNGRD para mitigar emergencias en Arauca, Córdoba y Bolívar. Los proyectos sumaban más de 86,6 mil millones de pesos y habrían provocado la aprobación de créditos en el Congreso.
La Corte Suprema, durante la investigación contra Manrique, Manzur, tres congresistas y un excongresista, constató que entre noviembre y diciembre de 2023 la Comisión de Crédito Público emitió trece de los dieciocho conceptos que el Ministerio de Hacienda —al mando de Bonilla— pidió durante el año.
“A cambio de avalar los conceptos de operaciones de crédito, los aforados habrían acordado dádivas”, sostuvo la Corte. En agosto de 2025 el magistrado Misael Rodríguez compulsó copias para que la Fiscalía investigue al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a diez exfuncionarios del Gobierno, como Velasco.
La defensa de los exministros y el avance del juicio por la UNGRD
La audiencia de acusación acumuló dos días, sumando trámites procesales, defensa de los exministros, recesos decretados por la magistratura, una audiencia de apelación de la medida de aseguramiento ante el Tribunal Superior de Bogotá y hasta un instante en el que el exministro Bonilla apagó su aspiradora.
Velasco y Bonilla, ya no investigados sino acusados, insisten en su inocencia, en que no desfalcaron la UNGRD y en que nunca dieron órdenes para desviar recursos. El Tribunal Superior de Bogotá, que le otorgó a Bonilla la libertad por vencimiento de términos, le negó la detención domiciliaria al exjefe de la cartera del Interior.
El exministro de Hacienda apuntó que nunca fue ordenador del gasto de entidades distintas a su ministerio. Y reprochó que uno de los contratos que la justicia le achaca se firmó en 2021, antes de la llegada de Petro a la Casa de Nariño, en el Invías. El fiscal en la audiencia señaló que se basa en las adiciones al contrato, no en su firma.
Luis Fernando Velasco, por su parte, cuestionó que la Fiscalía fuese abstracta al advertir qué congresistas se habrían beneficiado por los contratos, sin nombrarlos propiamente. Y criticó la credibilidad que los investigadores le dan al exdirector de la UNGRD Olmedo López, a quien el Tribunal de Bogotá le tumbó un preacuerdo.
Con Ricardo Bonilla y Luis Velasco, cuatro exintegrantes del Gobierno van a juicio. Antes de ellos, pasó al banquillo la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz, en prisión preventiva desde diciembre de 2024 por aparentemente mediar para que los expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle —presos— recibieran sobornos. Y luego, el prófugo Carlos Ramón González, asilado en Nicaragua, cuyo abogado fue Iván Cancino, el próximo ministro de Justicia en el gobierno de Abelardo de la Espriella.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué la Corte Suprema negó la libertad a Luis Fernando Velasco?
La Corte Suprema concluyó que no se configuró el vencimiento de términos alegado por la defensa del exministro del Interior y sostuvo que los aplazamientos del proceso no justifican su salida de prisión. Por esa razón, Velasco continuará privado de la libertad mientras avanza el juicio por el escándalo de corrupción en la UNGRD.
¿De qué acusa la Fiscalía a Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla?
La Fiscalía sostiene que ambos exministros participaron en un supuesto esquema para direccionar contratos de la UNGRD y del Invías a cambio de asegurar apoyos de congresistas a las reformas del gobierno de Gustavo Petro. Por esos hechos fueron acusados de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer.
¿Cuáles son las principales pruebas que sustentan el caso de la UNGRD?
La investigación se apoya en declaraciones de exfuncionarios como María Alejandra Benavides y Olmedo López, además de decenas de horas de grabaciones, documentos y el seguimiento a contratos que, según la Fiscalía, fueron utilizados para beneficiar a congresistas a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno en el Congreso.
¿En qué etapa está el proceso judicial por el escándalo de la UNGRD?
Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla ya fueron formalmente acusados y enfrentarán juicio ante la Corte Suprema de Justicia. Con ellos, ya son cuatro exintegrantes del gobierno de Gustavo Petro que han llegado al banquillo por el caso, mientras las investigaciones siguen avanzando contra congresistas y otros exfuncionarios presuntamente vinculados al entramado.
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