Una semana después de la indagatoria de la magistrada Cristina Lombana, de la Sala Especial de Instrucción, a la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, la congresista le dio un giro a su estrategia de defensa.
La firma del penalista Marlon Díaz asesorará a la guajira en su futuro ante la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con el equipo de Peralta, fue su despacho el que decidió desvincular al asesor anterior, Henry Montes, de la representación judicial.
El relevo llega cuatro días después de que la magistrada Lombana levantara la detención que impuso en su contra mientras avanzaban los tres días de indagatoria que la togada lideró.
Para la defensa anterior de la congresista, y para ella misma, el trato de la jueza fue desproporcionado. El 18 de junio, Lombana ordenó detener a la senadora del Pacto Histórico, quien pasó esa noche en su casa, vigilada por la Policía. Doce horas después regresó al despacho de la magistrada, en la sede de la Sala Especial. Una decena de uniformados la llevó.
Un vehículo se movilizó al frente de la camioneta de la senadora y otro viajó detrás. Pasadas las ocho de la mañana de ese viernes, 19 de junio, los escoltas y los policías abrieron la puerta por la que Peralta, abordada por la prensa, bajó, con vestimenta típica indígena. Se resistió a dar declaraciones, contrario al día anterior.
“Demasiado excesivo”, refunfuñó la parlamentaria en un tono casi inaudible. La indagatoria empezó el 18 de junio, en medio de una trama que combinó una conducción de la Policía que Peralta evadió cuando los agentes la buscaban en su casa, cuatro horas de tensión y un supuesto riesgo de no comparecencia.
Henry Montes, el abogado defensor de Peralta, radicó un hábeas corpus, una medida constitucional que busca la liberación inmediata de una persona que haya sido detenida injustamente. La Juez 21 de Familia de Bogotá, donde aterrizó el recurso, lo rechazó, tras la oposición tajante de la magistrada Lombana, quien alegó que existían argumentos suficientes para privar a Peralta de la libertad.
La indagatoria contra Martha Peralta que define su futuro jurídico y político
Montes fue el artífice de las solicitudes de aplazamiento que Lombana interpretó como ganas de Peralta de no presentarse a la indagatoria. Según argumentó a la salida de la segunda parte de la diligencia, el exdirector de la UNGRD Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, testigos estrella, entregaron varias declaraciones.
Peralta y su defensa no conocen “el alcance” de los testimonios, afirmó Montes. “Para poder participar de una indagatoria, que es un medio de defensa, debe conocer la totalidad del material probatorio que reposa en el expediente”, sostuvo antes de acompañar a su clienta a la sede de la Dijín de la Policía, en el occidente de Bogotá.
La Dirección de Investigación Criminal e Interpol mantuvo detenida a la senadora, que luego pasó tres tardes delante de Lombana, a quien busca recusar, incluso con la nueva estrategia, salvo que Marlon Díaz intente algo distinto. La magistrada “asumió” que las intenciones de reprogramación para conocer los testimonios de Pinilla y Olmedo significaban que Peralta “no se iba a presentar”, apuntó Montes.
Tras finalizar la diligencia, la Sala de Instrucción debe definir la situación jurídica de Martha Peralta. Las opciones son una medida de aseguramiento y una acusación, una acusación —que implica un llamado a juicio— en libertad o un archivo del expediente, que es improbable.
Lo más intenso de toda la indagatoria fue el intento de Lombana de investigar a fondo el presunto delito de interés indebido en la celebración de contratos de maquinaria amarilla y para ollas comunitarias.
El capítulo de la maquinaria amarilla está más desarrollado, en buena medida porque la Fiscalía lo investigó y terminó remitiendo apartes de sus expedientes a la Corte para que procediera. Pero el punto de las ollas comunitarias requiere más profundidad.
La Procuraduría General de la Nación abrió en mayo de 2024 una indagación por presuntas irregularidades en un contrato para ejecutar el programa en Albania, a poco más de setenta kilómetros de la natal Riohacha de Peralta.
Cómo arrancó la investigación contra la senadora del Pacto Histórico
Al parecer, el dinero destinado a la iniciativa de asistencia alimentaria, unos veinte mil millones de pesos en el municipio entre los 61 mil millones del total en La Guajira, terminaron desviados y favoreciendo campañas, incluyendo la de la alcaldesa Nera Robles. El Ministerio Público aún no revela los hallazgos de su investigación.
Peralta, al terminar la indagatoria, aseguró estar «dispuesta» a presentarse «siempre» que la magistratura la llame. «Tendrá que prevalecer la verdad», añadió, y tachó al exdirector Olmedo López de «delincuente mentiroso».
En todo caso, el periodo de la exjueza militar en la Sala Especial terminará en octubre. Martha Peralta seguirá en el Congreso. En la víspera, la senadora tuvo que acudir al paraninfo tras un fallido aplazamiento. La corporación, que hace las veces de fiscalía para aforados, abrió una investigación formal contra la congresista indígena.
Todo comenzó con Olmedo López, a quien el Tribunal de Bogotá le tumbó un preacuerdo con la Fiscalía. Dice que Peralta le pidió torcer un contrato de 2,21 mil millones de pesos para Isaac Rizcala Lozano y Jorge Rizcala Muvdi, representantes de IRL SAS, una empresa que buscaba quedarse con un proyecto de maquinaria amarilla.
La Fiscalía, en abril de 2025, compulsó copias para que la Corte investigara a Peralta. El ente acusador no podía proceder, por cuenta de su fuero de senadora. Según López, a quien una juez le derrumbó incluso el allanamiento a cargos por el mismo entramado de corrupción, el contrato era para el mantenimiento de pozos en La Guajira.
Tras una sesión ordinaria el 14 de mayo, la Sala de Instrucción abrió una investigación formal señalando a Peralta como sospechosa de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Una vez concretados los trámites secretariales, la Corte fijó la fecha en la que la parlamentaria debía acudir a la indagatoria, 18 de junio.
Peralta y su defensa intentaron postergar la diligencia. La magistrada Lombana no accedió a la petición y, por el contrario, ordenó que la Policía condujera a la legisladora guajira reelecta. Cuando los uniformados la buscaban en su lujosa casa en la capital, la senadora decidió ir por sus propios medios hasta la Corte.
«Una persecución política»
“Confíen en mí”, expresó Peralta al llegar a la calle 72 de Bogotá, la sede de la Sala de Instrucción y de la de Primera Instancia. “Mi actuar siempre ha sido transparente, honesto, y eso es lo que voy a demostrar”, añadió. Acudió junto a su abogado. “Es que no es un juicio, es apenas la apertura de un proceso”, zanjó.
Olmedo López asegura que Peralta se reunió con él tres veces para pedirle contratos, con el argumento de que “eso la iba a ayudar mucho en su campaña en el territorio”. En las elecciones de Congreso de 2026, la senadora obtuvo más de sesenta mil votos y su partido, el Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais), 88.2 mil.
La planilla de ingresos a la Unidad de Gestión del Riesgo, que la Fiscalía le envió a la Corte Suprema, muestra que el 19 de septiembre de 2023 fue a la sede de la entidad con los Rizcala. Inversiones IRL, basada en Barranquilla y fundada en 2017, obtuvo un contrato para alquilar maquinaria de construcción un mes después del encuentro.
El convenio estaba destinado al mantenimiento de jagüeyes, pozos profundos de agua, un servicio esencial que presenta vastas falencias en La Guajira. La Corte citó al exministro del Interior Luis Fernando Velasco a declarar bajo juramento. Hoy el caucano está privado de la libertad, también por el escándalo de la UNGRD.
“Todo esto ha sido una persecución política”, pretextó Peralta el jueves, antes de arrostrar a la magistrada Lombana. “Aquí voy a estar siempre, dando la cara y con la frente en alto”, agregó. Su versión es que lideró el trámite de varias reformas sociales del gobierno de Gustavo Petro, como la pensional, sin negociar con el Ejecutivo.
Hace seis meses, en la imputación a Velasco y su antiguo colega de Hacienda en la administración petrista, Ricardo Bonilla, la fiscal María Cristina Patiño mencionó a Peralta varias veces, argumentando que el excongresista liberal la contactó para impulsar iniciativas legislativas. Peralta cuestionó en su momento las afirmaciones.
“Faltando tres meses para las elecciones, ahora la Fiscalía me señala sin tener la competencia para investigarme, con afirmaciones falsas, actuando en contra de mi buen nombre y proceder político, que ha sido transparente y por el beneficio de los colombianos”, indicó en un video que difundió en sus redes sociales.
El caso UNGRD crece mientras avanzan las decisiones judiciales
Aseguró que la justicia no le había dado la oportunidad de defenderse. En la indagatoria, contó con su defensa y con Bladimir Cuadro como representante del Ministerio Público. Peralta, abogada de profesión, obtuvo poco más de la mitad de sus respaldos electorales en La Guajira, con 33 mil de los 42 mil votos del Mais en el departamento.
Entre 2023 y 2024, Martha Peralta fue presidenta de la Comisión Séptima, que aprobó la reforma pensional del Gobierno Petro, que la Corte Constitucional mantiene en vilo por vicios de trámite. El jefe de Estado aseguró que el entonces presidente del Senado, Iván Name —expulsado de la Alianza Verde— dilató el avance de la iniciativa.
Olmedo López estuvo en una sesión de la Séptima el 13 de junio de 2023. Se sentó entre las senadoras Martha Peralta y Berenice Bedoya. Iván Name está preso y en juicio.
En marzo, la Corte Suprema rechazó una nulidad que interpuso el expresidente de la Cámara Andrés Calle —del Partido Liberal, también detenido— y ratificó el juicio a la mesa directiva del Legislativo que habría recibido cuatro mil millones de pesos como soborno del Gobierno, según Sneyder Pinilla.
Una semana antes del anuncio de la investigación formal, Martha Peralta tuvo que acudir al despacho del magistrado Marco Antonio Rueda, de la Sala de Instrucción, a rendir versión libre dentro de una de las líneas de investigación del complejo entramado: contratos que se habrían desviado del Instituto Nacional de Vías (Invías).
El mismo 6 de mayo, Rueda escuchó a la senadora Berenice Bedoya, de la Alianza Social Independiente (ASI). Además de Olmedo López, las más de cincuenta horas de grabación que la justicia tiene de María Alejandra Benavides, exasesora del ministro de Hacienda Bonilla, son clave y han comprometido a dos veintenas de personas.
Ahora Peralta, por compromiso firmado con la justicia, no puede salir del país ni cambiar su residencia sin antes informarle a la Corte Suprema. El futuro de su caso navegará entre las decisiones de la Sala de Instrucción y el derrotero que decida Marlon Díaz.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué Martha Peralta cambió de abogado en plena investigación de la Corte Suprema?
La senadora del Pacto Histórico reemplazó a Henry Montes por el penalista Marlon Díaz una semana después de su indagatoria ante la magistrada Cristina Lombana. El relevo ocurre cuando la Sala de Instrucción debe definir si archiva el caso, la llama a juicio o le impone una medida de aseguramiento.
¿Qué investiga la Corte Suprema contra Martha Peralta en el caso de la UNGRD?
La Corte la investiga por presunto tráfico de influencias y cohecho impropio, a partir de las declaraciones de Olmedo López, quien asegura que la congresista intervino para favorecer contratos de maquinaria amarilla en La Guajira. La investigación también explora posibles irregularidades relacionadas con convenios para ollas comunitarias.
¿Por qué fue polémica la indagatoria de Martha Peralta?
La diligencia estuvo precedida por intentos de aplazamiento que la magistrada Cristina Lombana interpretó como un riesgo de no comparecencia. La Corte ordenó conducir a la senadora con la Policía, pasó cuatro noches privada de la libertad y su defensa promovió un hábeas corpus que fue rechazado por la justicia.
¿Qué consecuencias puede tener el proceso para Martha Peralta?
La Sala de Instrucción definirá su situación jurídica tras concluir la indagatoria. Mientras tanto, la congresista quedó sujeta a restricciones como no salir del país ni cambiar de residencia sin autorización de la Corte, y su nueva estrategia de defensa será determinante para el rumbo del expediente.
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