Mientras la atención ciudadana y mediática se concentra en la contienda electoral para elegir al próximo presidente de Perú, una nueva iniciativa legislativa busca reabrir el proceso de formalización pesquera artesanal que culminó en 2023. Se trata del tercer intento del congresista José Pazo Nunura (Somos Perú). Aunque las dos propuestas anteriores fueron rechazadas por el Ministerio de la Producción (Produce) y el Congreso, este nuevo proyecto ley, presentado en marzo pasado, acaba de recibir el respaldo del Produce, pero con observaciones. Este espaldarazo ha levantado las alarmas del sector pesquero y ambiental, que consideran que, de aprobarse el proyecto de ley, se abriría la puerta al blanqueamiento de embarcaciones ilegales, aumentando la presión sobre los recursos pesqueros.
El objetivo de la propuesta es lograr que las embarcaciones pesqueras artesanales inscritas en el listado del Decreto Legislativo N°1392, que no lograron terminar el proceso de formalización puedan continuarlo y formalizarse.
La construcción de embarcaciones en Perú fue restringida en 2015 como medida para mitigar la presión pesquera y garantizar la conservación de los recursos marítimos. No obstante, el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) calcula que, desde aquella fecha, se han construido ilegalmente al menos 5000 naves.
Para hacer frente a esta informalidad, en 2018 se implementó un programa de formalización artesanal diseñado para legalizar exclusivamente a los barcos que ya operaban hasta ese año, pero cerca de 2000 embarcaciones no cumplieron con la etapa de verificación física antes de julio de 2023. Es decir, no pasaron la etapa donde debían demostrar que estaban construidas.
“Lo que pretenden es crear un nuevo proceso que rescate embarcaciones que no demostraron su existencia en los procesos de formalización que ya terminaron. Dicen que [dentro de esas 2000] 200 embarcaciones sí pasaron la verificación de existencia y no continuaron su proceso de formalización. Sin embargo, no hay forma de demostrar que estas existían”, explica el ingeniero pesquero Renato Gozzer.
Desde la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal), advierten que “la iniciativa constituye, en los hechos, un mecanismo de regularización de actividades desarrolladas ilegalmente”.
Pescadores artesanales en la costa norte peruana. Foto: cortesía ANDINA/Vidal Tarqui
El primer proyecto de Pazo Nunura constaba de cuatro artículos orientados a facultar a los propietarios de embarcaciones a continuar con el proceso de formalización vencido en 2023. Fue archivado en julio de 2025 por la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso. Mientras que el segundo fue retirado en marzo de este año por el mismo congresista tras no recibir la viabilidad del Ministerio de la Producción, según consta en la página web del Congreso de la República.
A diferencia de los anteriores proyectos de Pazo Nunura, esta vez el Produce determinó, en mayo último, que el nuevo proyecto del congresista es “viable con observaciones”. Según el máximo ente en materia pesquera, esta nueva propuesta incorpora mecanismos regulatorios que, si se aplican bajo estrictos criterios técnicos, permitirían reactivar el proceso de formalización sin incrementar el esfuerzo pesquero.
Este nuevo proyecto de ley del congresista Pazo propone, en su artículo 5, que las embarcaciones instalen un equipo de seguimiento satelital (SISESAT) autorizado por el Produce y permanezcan inmovilizadas en un fondeadero autorizado por la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (Dicapi) mientras se tramita la formalización.
Además, en el artículo 6 se establece que estos nuevos permisos de pesca solo se otorgarán en reemplazo de los permisos de otras embarcaciones que hayan caducado o que hayan sido cancelados por el Ministerio de la Producción.
“Lo que plantea es que las embarcaciones, mientras estén en lista de espera [de ser formalizadas], tengan un dispositivo satelital. Pero este es un mecanismo de seguimiento que solo se puede instalar a las embarcaciones legales”, explica Renato Gozzer. “Al parecer, son maniobras para darle legitimidad a embarcaciones que fueron construidas de forma irregular. Lo que buscan es que cuando un barco legal caduque ingrese uno ilegal”, agrega.
Astilleros en Parachique, ubicado en el distrito de Sechura en la provincia de Sechura, departamento de Piura. Fotógrafo: Sebastián Castañeda
La viabilidad que otorgó el Produce presenta varias observaciones. La entidad exige, por ejemplo, que se incluya una disposición expresa que indique que el ingreso al proceso de formalización no implica ni puede derivar en el acceso automático a la actividad extractiva.
Además, advierte que las naves podrían haber sufrido modificaciones estructurales o de capacidad de bodega desde 2018. Por lo tanto, exige implementar mecanismos para verificar no solo su existencia física, sino también sus dimensiones reales actuales, a fin de evitar que ingresen embarcaciones nuevas de forma irregular.
También precisó que los permisos de pesca solo podrían autorizar la extracción de los recursos pesqueros que estaban autorizados en el permiso cancelado.
Sin embargo, Renato Gozzer puntualiza que, “según la Ley de Pesca, no se pueden caducar permisos de pesca artesanales, que es lo que se necesita para sustituir una embarcación por otra”. De hecho, el Produce así lo reconoce, por lo que recomienda que debe establecerse este procedimiento formal y que el acceso a la pesquería debe darse respetando una lista de espera ordenada, administrada en conjunto con los gobiernos regionales.
Gozzer, no obstante, advierte otro inconveniente: “¿Cómo va a evitar el Produce los abusos de poder cuando venga un gran armador ilegal con dinero a querer hacerse con el permiso de un pequeño pescador artesanal sin presupuesto para defenderse?”.
Pescadores artesanales capturando Pota. Foto: Global Fishing Watch
El proyecto de Pazo Nunura también busca inaplicar temporalmente el Decreto Legislativo N°1393 (que sanciona la pesca ilegal), pero el Ministerio de Producción considera que esto reduciría la capacidad de control del Estado y debilitaría la lucha contra este delito.
“El sector espera que estas consideraciones sean incorporadas en el dictamen final que apruebe el Congreso de la República”, precisó el Produce en un reciente comunicado.
El ministro de Producción, César Quispe, declaró a medios locales que la entidad no ha cambiado su posición de rechazo al incremento de flota. Indicó que este nuevo “proyecto es viable siempre y cuando se cumpla con las observaciones [realizadas por el Produce], como que no se puede dar permiso para el tipo de recurso que no sea el que se haya cancelado”.
Mongabay Latam envió preguntas al Produce, pero el Ministerio respondió que no daría más declaraciones.
Unos días antes de conocerse la decisión del Produce, el Ministerio de Ambiente (Minam) concluyó que el Proyecto de Ley no resulta viable debido a los riesgos que genera para la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y para los objetivos nacionales de conservación ambiental.
A través de la Oficina General de Asesoría Jurídica y basándose en el análisis del Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, el Minam argumenta que el proceso de formalización original, modificado en diversas ocasiones, finalizó en julio de 2023. Por lo tanto, no resulta procedente vincular un nuevo plazo legal a un proceso ya cerrado hace más de dos años y medio.
“En términos ecológicos, representaría un riesgo significativo para la biodiversidad marina porque se propiciaría el incremento del esfuerzo pesquero (con embarcaciones que no cumplieron oportunamente con las exigencias establecidas), lo que podría intensificar procesos de sobrepesca, reducir la biomasa disponible y afectar la capacidad de recuperación de las especies”, fundamenta el Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales.
El Minam concluyó que el ingreso de embarcaciones que no cumplieron oportunamente con los requisitos debilitaría los mecanismos de control, trazabilidad y sostenibilidad ambiental. En ese sentido, recomendó remitir estas observaciones a la Comisión de Producción, Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso para su consideración.
Los gremios pesqueros del norte y sur de Perú coinciden en que el ingreso embarcaciones artesanales que no cumplieron con los procesos establecidos sería un golpe a la formalidad y a los pescadores artesanales que se esforzaron por cumplir con los requisitos y plazos establecidos. Además, consideran que este proyecto para reabrir el proceso de formalización, el quinto presentado desde 2023 (los tres de José Pazo, más uno del congresista Jorge Marticorena Mendoza, de Alianza para el Progreso, y otro del congresista Miguel Ciccia Vásquez, de Renovación Popular), provocaría un enfrentamiento entre los pescadores.
En una entrevista con Mongabay Latam sobre su proyecto anterior, el legislador Pazo afirmó que el objetivo es concluir los trámites de las naves artesanales que quedaron inconclusos y que la medida no busca habilitar nuevas inscripciones, sino asegurar que los pescadores que ya habían empezado el proceso puedan finalizarlo de manera legal.
Pero, a decir de los dirigentes pesqueros, el congresista representante de la región de Piura y quien se presenta como impulsor de la formalidad en el sector pesquero tendría intereses personales, ya que proviene de una familia dedicada íntegramente al rubro pesquero.
Pazo Nunura, quien asumió su escaño en 2023 para reemplazar a un legislador vacado, es accionista de empresas del sector y su familia es dueña de un astillero. Además, una investigación de El Comercio reveló que desde 2006, tanto sus propias naves como las de su familia acumulan 58 sanciones por pesca ilegal.
Mongabay Latam solicitó una entrevista con el congresista, y envió preguntas a través de su correo electrónico, pero no obtuvo respuesta.
Flota pesquera en el puerto de Chimbote. Foto: Sebastián Castañeda
Sonapescal advierte que la pesquería de pota ya opera bajo una intensa presión con más de 6000 embarcaciones legales que superan la capacidad extractiva, por lo que incorporar más embarcaciones aceleraría el colapso de un recurso que genera más de 1400 millones de dólares en exportaciones y sostiene más de 70 000 empleos.
“En 2023 y 2024, casi no hubo pota y miles de familia se quedaron sin ingresos. El Minan tiene razón, se necesita ver la sostenibilidad del recurso, porque no solo las embarcaciones artesanales se dedican a su extracción, también lo hacen los conserveros y los de mediana escala”, explica Elsa Vega Pardo, presidenta de Sonapescal.
Y es que la pota o calamar gigante (Dosidicus gigas) y el perico (Coryphaena hippurus) son los principales recursos de la pesca artesanal, pero también son dos especies que desde 2021 se encuentran catalogadas como plenamente explotadas por el Imarpe. Eso quiere decir que la captura de esas especies ha alcanzado su nivel máximo de aprovechamiento sostenible y es necesario establecer límites de extracción que deben respetarse rigurosamente.
Incluso el Ministerio de la Producción, en su opinión técnica de este proyecto, recordó que estas especies han sido declaradas como plenamente explotadas por la misma entidad. Precisó que la Ley General de Pesca es clara en señalar que en estos casos el Ministerio “no autorizará incrementos de flota ni otorgará permisos de pesca que concedan acceso a esas pesquerías, salvo que se sustituya igual capacidad de bodega de la flota existente en la pesquería de los mismos recursos hidrobiológicos”.
El artículo original fue publicado por Cristina Fernandez en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.
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