El presidente Gustavo Petro se pronunció en medio de la polémica que se ha generado por cuenta de la intervención de la EPS Coosalud y la decisión que tomó la Superitendencia de Economía Solidaria de devolverle esta entidad a la cooperativa que lleva el mismo nombre.
Petro defendió estas actuaciones, luego de que se interpusiera una denuncia ante la Fiscalía y la Procuraduría en contra de la superintendente María José Navarro, por un presunto incumplimiento de un fallo judicial.
“Una cooperativa saqueada debe ser intervenida para preservarla, aquí no se ha roto la ley y su cliente es, según la auditoría forense, el responsable del saqueo a través de la gerencia de la EPS”, dijo Petro.
Al responderle al abogado Julián Quintana, que es el defensor del exgerente de la EPS, Jaime González, dijo: “Su cliente contó con el permiso de la junta directiva de la EPS Coosalud que está compuesta por el señor Rafael Santos, hermano del vicepresidente de la República, el señor Juan Carlos Pastrana, hermano del presidente Andrés Pastrana. La ley se cumple señor abogados”.
No obstante, Quintana reveló que se interpusieron acciones legales por un presunto desacato a un fallo que ordenó restituir el manejo de la EPS a sus anteriores representantes legales.
“Denunciamos ante @FiscaliaCol a la superintendente @supersolidaria_ María José Navarro y radicamos queja ante @PGN_COL por ser la arquitecta del desacato al fallo del Tribunal que ordenó restituir la EPS @Coosalud_ a sus legítimos representantes legales. Pretende retenerla para entregarla a los aliados de @petrogustavo y prolongar su saqueo para campaña”, dijo Quintana.
¿Qué respondió la superintendente?
María José Navarro, superintendente de Economía Solidaria, también se defendió y respondió a la denuncia de Quintana y dijo que no ha cometido delitos con las decisiones que ha tomado en este caso.
“He actuado estrictamente dentro de mis competencias funcionales. Proteger el patrimonio de una cooperativa que se encuentra bajo intervención, en virtud de una resolución expedida por esta Superintendencia, no solo no es un delito, sino una obligación inherente al ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control”, dijo.
Y añadió: “No me van a intimidar ni a silenciar a través de acciones legales. Seguiré ejerciendo mis funciones con firmeza, responsabilidad y en defensa del interés colectivo”.
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