El presidente Gustavo Petro expidió la Directiva Presidencial No. 03, mediante la cual fija nuevos lineamientos sobre la vocería del Gobierno nacional y la relación con los medios de comunicación.
El documento está dirigido a ministros, directores de departamentos administrativos y representantes legales de entidades adscritas y vinculadas del orden nacional.
En la directiva, el mandatario establece que la vocería principal del Gobierno será ejercida por el propio presidente de la República, quien definirá las posiciones oficiales frente a asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales.
Ministros deberán tener autorización
El documento señala que los ministros, ministras y directores de departamentos administrativos podrán ejercer vocería únicamente sobre temas propios de sus carteras, pero siempre con autorización previa del presidente.
Además, deberán ceñirse estrictamente a las orientaciones del Gobierno nacional y mantener coherencia con la línea institucional definida desde la Casa de Nariño.
En esa misma línea, la directiva advierte que los directores, gerentes y presidentes de entidades adscritas o vinculadas solo podrán pronunciarse sobre asuntos de su competencia y no podrán abordar temas de política o estrategia del Gobierno sin aval del jefe de Estado.
Uno de los puntos centrales del documento es el énfasis en la “unidad de mensaje”. El presidente Petro subraya que todas las entidades de la Rama Ejecutiva deberán garantizar coherencia, rigor técnico y responsabilidad institucional en sus comunicaciones públicas.
Otras directivas polémicas
Esta circular se suma a otra que el mandatario envió la semana pasada a las entidades, en la que ordena acelerar la difusión de los logros de su administración ante la opinión pública.
“De forma expresa y urgente, se promuevan los logros fundamentales de cada una de sus entidades a la opinión pública”, señala la comunicación firmada por el mandatario.
La instrucción incluye el uso intensivo de pauta y piezas publicitarias. Según el memorando, las entidades deberán “generar comerciales televisivos y spots publicitarios” y disponer de los recursos necesarios para esa difusión, la cual “debió estar contemplada en los planes de medios de cada una de las entidades”.
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