La Corte Suprema de Justicia resolvió el recurso de casación en el caso de Luis Andrés Colmenares y dejó en firme la absolución de Laura Moreno por el delito de homicidio, mientras que en el caso de Jessy Quintero ratificó la extinción de la acción penal por prescripción.
El eje central de la decisión fue la imposibilidad de demostrar con certeza la causa de la muerte, lo que impidió estructurar responsabilidad penal. Según el fallo, durante el proceso no se logró superar la duda sobre si se trató de un homicidio o de una muerte accidental.
La Corte señaló que “no logró superarse la duda sobre la causa de la muerte”, lo que obliga a mantener la absolución bajo el principio de in dubio pro reo.
La duda sobre la causa de la muerte fue determinante
Uno de los puntos clave del fallo fue la valoración de las pruebas periciales. La decisión expone que existieron dictámenes contradictorios sobre las lesiones y las circunstancias del fallecimiento.
El Tribunal ya había advertido que los informes técnicos presentaban inconsistencias y limitaciones. En particular, se cuestionó el dictamen del perito Máximo Duque, señalando errores en protocolos, cadena de custodia y falta de soporte en algunas conclusiones.
Al mismo tiempo, los expertos de la defensa tampoco lograron establecer de forma concluyente una hipótesis única. La Corte enfatizó que ninguna de las teorías logró acreditarse plenamente, ni la de homicidio ni la de accidente.
En el fallo se lee que los dictámenes resultaron “insuficientes para esclarecer la causa de la muerte”, lo que dejó el caso en un escenario de incertidumbre probatoria.
Las fallas en la acusación también pesaron en la decisión
Otro aspecto relevante fue la estructura de la acusación de la Fiscalía. La Corte advirtió que no se demostraron los elementos necesarios para sostener que Laura Moreno actuó como coautora del homicidio.
El fallo explica que no se acreditó un acuerdo con terceros ni un aporte concreto al delito, requisitos necesarios para configurar esa forma de responsabilidad penal.
Además, se descartó la posibilidad de condenarla por otras modalidades, como la comisión por omisión, debido a que no fueron incluidas en la acusación inicial, lo que vulneraría el principio de congruencia.
Incluso se menciona que, en el mejor de los escenarios, la conducta podría encajar en omisión de socorro, pero ese delito ya estaba prescrito.
La prescripción en el caso de Jessy Quintero
En cuanto a Jessy Quintero, la Corte no entró a debatir su responsabilidad penal de fondo, debido a que el proceso en su contra ya había terminado por prescripción de la acción penal.
Esto significa que, aunque se analizaron aspectos del proceso, no era jurídicamente posible emitir una condena.
Las versiones y testimonios no fueron concluyentes
El fallo también analizó las declaraciones de testigos y las versiones entregadas durante la investigación. Aunque se identificaron contradicciones en algunos relatos, la Corte concluyó que no tenían suficiente respaldo en pruebas técnicas.
En ese sentido, se indicó que los llamados “testimonios de oídas” carecen de valor directo y no permiten establecer hechos con certeza.
Además, se evaluaron aspectos como la posible dinámica del cuerpo en el caño El Virrey, el estado de la ropa y las condiciones del lugar, sin que estos elementos permitieran confirmar una hipótesis única.
Otros elementos analizados por la Corte en el caso Colmenares
La Corte examinó las versiones entregadas por Laura Moreno y señaló que existen dos lecturas dentro del proceso: una que indica coherencia en lo esencial y otra que advierte contradicciones. No obstante, el fallo precisó que el valor de esas declaraciones depende de la prueba pericial, la cual no permitió establecer con certeza la causa de la muerte.
También se revisaron las labores de búsqueda en el caño El Virrey, incluyendo la primera inspección que no arrojó resultados. Este punto fue relevante para analizar la secuencia de los hechos y la información suministrada a las autoridades en las horas posteriores a la desaparición.
El fallo abordó la hipótesis del arrastre del cuerpo por la corriente, indicando que, aunque era una posibilidad, generaba dudas frente al estado en que fueron encontradas las prendas de la víctima, aspecto que fue objeto de discusión durante el juicio.
Además, la Corte se refirió a la actividad probatoria de la Fiscalía, señalando limitaciones en la incorporación de pruebas técnicas que permitieran respaldar de forma concluyente las hipótesis planteadas sobre las lesiones y la dinámica de los hechos.
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