Bogotá vivió una jornada marcada por el caos en la movilidad, tras varios bloqueos protagonizados por vendedores informales en algunos de los corredores viales más importantes de la ciudad.
Uno de los puntos más críticos se registró en la Avenida NQS con Calle 26 y Calle 34, donde las manifestaciones generaron un fuerte colapso en el sistema TransMilenio, afectando a más de 82 mil usuarios. A esto se sumaron bloqueos en la Avenida Calle 26, a la altura de la carrera 27 y sectores cercanos a la Universidad Nacional, complicando la movilidad hacia el aeropuerto El Dorado y el centro de la capital.
Las protestas se originaron por el rechazo al decreto 117 de la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, una medida que busca reorganizar el uso del espacio público y regular la actividad de los vendedores informales en diferentes zonas de la ciudad.
Medidas estarían afectando a miles de personas que dependen del trabajo en el espacio público
Durante la jornada, La FM habló con varios de los manifestantes, quienes expresaron su inconformidad y pidieron ser escuchados por el Distrito.
Uno de los voceros, Wilson Alberto Forero, líder social de vendedores informales, aseguró que la actual administración desconoce los derechos de esta población y no está aplicando normas que, según él, los protegen a nivel nacional.
Según explicó, las nuevas medidas estarían afectando a miles de personas que dependen del trabajo en el espacio público para subsistir, en medio de lo que consideran una falta de oportunidades laborales y de políticas claras de inclusión.
Otro de los vendedores manifestó que la protesta también busca abrir espacios de diálogo con las autoridades, con el fin de construir una política pública que garantice condiciones dignas para quienes viven del comercio informal.
Los manifestantes insisten en que no se oponen a la regulación
Advirtió además que sectores vulnerables, como madres cabeza de familia y personas en condición de discapacidad, podrían verse especialmente afectados por las nuevas restricciones, al depender directamente de estos ingresos para su sustento diario.
Los manifestantes insisten en que no se oponen a la regulación, pero sí a medidas que, aseguran, los excluyen sin ofrecer alternativas reales.
Mientras tanto, la jornada dejó importantes afectaciones en la movilidad de la ciudad, evidenciando una vez más la tensión entre el uso del espacio público y la necesidad de garantizar el derecho al trabajo de miles de bogotanos.
Por ahora, queda abierto el llamado al diálogo entre vendedores informales y la administración distrital, en medio de un debate que sigue generando posiciones encontradas en la capital del país.
«El desorden que termina alimentando la inseguridad no puede seguir siendo la norma»: defensor del decreto
En el Concejo de Bogotá se habló del decreto que para sus defensores «busca garantizar un equilibrio entre la preservación y el orden del espacio público como un bien colectivo y la inclusión social de quienes dependen económicamente de él, como los vendedores informales».
“Se van a delimitar las zonas donde no puede haber venta informal por temas seguridad como estaciones de Policía, bases militares o embajadas y también se pretende definir aquellas zonas en las cuales sí se permitirán las ventas informales», dijo el concejal Jesús Araque y destacó que este debe ser con orden: «determinando el número máximo de personas que pueden ejercer la venta sin que se generen condiciones de riesgo o inaccesibilidad al espacio público”.
Según el funcionario, “aquí no se trata de perseguir a nadie, se trata de algo básico: el espacio público es de todos. Y el desorden, que termina alimentando la inseguridad y abriendo la puerta a mafias, no puede seguir siendo la norma”.
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