El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, responsabilizó directamente a quienes explotan de manera ilegal el predio La Mandinga de estar detrás de los paros mineros registrados en el Bajo Cauca en los últimos años.
Según el mandatario, estas estructuras no solo han generado graves afectaciones ambientales, sino que también han promovido movilizaciones que han derivado en bloqueos y alteraciones del orden público en la región.
“Esos que han estado explotando ilícitamente oro en el predio La Mandinga han sido los principales instigadores de los paros mineros que se han hecho en el Bajo Cauca, en 2022, en 2023 y el reciente que acabamos de pasar”, afirmó.
Cuestionamientos por uso del predio
Rendón cuestionó además el papel del Gobierno Nacional frente a esta situación, al asegurar que se ha permitido la ocupación ilegal de un terreno que, según explicó, ya había sido extinguido en dominio y destinado a la reparación de víctimas del conflicto. En ese sentido, señaló que este predio, de cerca de 4.000 hectáreas, hoy está siendo usado para actividades ilícitas que han causado un deterioro ambiental evidente.
“Ese predio ya había pasado al Fondo de Reparación para las víctimas, pero hoy el crimen se ha apoderado de él y lo ha sometido a explotación ilícita de minerales, generando un daño ambiental que salta a la vista”, indicó.
Dificultades para la Fuerza Pública
El gobernador también advirtió sobre las dificultades que enfrenta la Fuerza Pública en el territorio. “Es muy difícil para la fuerza pública tener a su jefe como enemigo y también es muy duro para las víctimas”, expresó.
Contexto de la polémica
El origen reciente de la controversia sobre el predio La Mandinga se remonta a una investigación periodística internacional revelada por el fotoperiodista Federico Ríos, publicada a través de The New York Times, en la que se documentó la explotación ilegal de oro en la zona y sus implicaciones criminales y ambientales.
El reportaje evidenció cómo esta actividad estaría vinculada a estructuras ilegales y cómo el oro extraído podría ingresar a circuitos internacionales, lo que desató un fuerte debate sobre control institucional a nivel nacional.
Dudas sobre el título minero
En medio de la controversia, se conoció que el título minero relacionado con La Mandinga habría sido entregado en abril de 2024 durante un acto público encabezado por el presidente Gustavo Petro en Caucasia, como parte de procesos de formalización minera.
No obstante, actualmente la Agencia Nacional de Minería adelanta una revisión para establecer si dicho título fue otorgado correctamente y si corresponde con el predio ubicado en cercanías del Batallón Rifles, en el municipio de Cáceres.
A esto se suma que desde la Presidencia de la República fue consultada la información relacionada con la presunta entrega del título a Ermelina Isabel Cardozo, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la legalidad de las actividades extractivas en la zona.
Interrogantes sin respuesta
El caso ha abierto nuevos interrogantes en medio de la polémica: ¿por qué hasta ahora la Presidencia no ha entregado una respuesta clara frente a la entrega de este título? y, si la Agencia Nacional de Minería lo otorgó en 2024, ¿por qué actualmente asegura que el proceso está en estudio?
Responsabilidad del Gobierno Nacional
Finalmente, Rendón insistió en que la responsabilidad no solo recae en quienes ejecutan la explotación ilegal, sino también en el Gobierno Nacional. “Quien debe realmente responder, no solo a las víctimas a quienes les usurparon su propiedad, sino también por el daño ambiental, es el mismo Gobierno Nacional”, concluyó.
Las declaraciones se dan en medio de un contexto de tensión en el Bajo Cauca antioqueño, donde la minería ilegal continúa generando impactos en la seguridad, el medio ambiente y la economía de la región.
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