Anuario iSanidad 2025
Enrique Ruiz Escudero, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Sanidad del Senado
Nuestra Constitución reconoce el derecho a la protección de la salud en su artículo 43, formando par te de los principios rectores de la política social y económica, los cuales deben ejercer como base para la gestión de los recursos de cualquier gobierno.
Si el Ministerio de Sanidad se tomara en serio este mandato constitucional, deberíamos haber vislumbrado mejoras, al menos, en alguna de las áreas sanitarias donde las reclamaciones actuales se pueden considerar estructurales.
Durante el año 2025, hemos observado como el Ministerio de Sanidad se alejaba cada vez más de los intereses de los pacientes y de los profesionales, así como de la realidad en la que se encuentra nuestro sistema sanitario, lo que ha provocado que la adopción de decisiones se haya caracterizado por la ausencia de soluciones reales ante situaciones que posicionan al paciente frente a un menos cabo asistencial: tanto en términos de calidad, incluida la humanización de la atención prestada, como en términos de accesibilidad y equidad.
Las continuas huelgas, manifestaciones y negociaciones infructuosas, sobre todo a lo largo de la segunda mitad del año 2025, han derivado en consecuencias que impactan directamente sobre los ciudadanos. En ocasiones, parece que el Gobierno olvida que su función es dar respuesta a las demandas de la sociedad, teniendo en cuenta que el ámbito sanitario avanza con rapidez.
Las continuas huelgas, manifestaciones y negociaciones infructuosas han derivado en consecuencias que impactan directamente sobre los ciudadanos
El Estatuto Marco requiere una modificación urgente que permita adaptarlo al contexto actual puesto que, desde el 2003 hasta hoy — habiéndose desencadenado, además, una pandemia de alcance global—, la sociedad ha evolucionado demográfica y tecnológicamente y, por tanto, los recursos sanitarios deben sincronizarse al mismo ritmo para dar respuesta al nuevo contexto.
Resulta urgente alcanzar un acuerdo efectivo con el sector médico, basado en la escucha real de sus reivindicaciones. El Ministerio de Sanidad debe asumir que el hecho de mantener una plantilla con un 25% del personal a las puertas de la jubilación sin crear un número suficientes de plazas que garantice la necesaria reposición generacional; unido a un sistema retributivo susceptible de mejora —atendiendo especialmente a la compensación de las guardias, entre otras demandas—, genera un des contento generalizado derivado del agotamiento profesional, con una incidencia significativa en determinadas especialidades y en el incremento de las listas de espera.
Durante el mes de diciembre, cerramos el año con la reprobación a la ministra de Sanidad en el Senado, motiva da por el caos generado en el Sistema Nacional de Salud (SNS) durante el proceso de negociación del Estatuto Marco, sin que todavía hayan conseguido un consenso claro con el sector.
El Ministerio de Sanidad está evidenciando su falta de capacidad para negociar y alcanzar acuerdos, tanto con el sector médico como con las comunidades autónomas
El Ministerio de Sanidad está evidenciando su falta de capacidad para negociar y alcanzar acuerdos, tanto con el sector médico como con las comunidades autónomas. La falta de coordinación y cohesión territorial están resultando considerables, está prevaleciendo la sensibilidad ideológica del Gobierno y se está ignorando la legislación que en su día se aprobó, precisamente, para reforzar estos principios y situar al paciente en el centro del sistema sanitario.
El sistema, tal y como se gestiona actualmente, genera desigualdades en la distribución de los recursos humanos y en el acceso a la tecnología sanitaria más innovadora o a medicamentos específicos en función de la región en la que se esté tratando el paciente.
El sistema genera desigualdades en la distribución de los recursos humanos y en el acceso a la tecnología sanitaria más innovadora
Por ejemplo, los medicamentos oncológicos se caracterizan por una rápida evolución científica y su capacidad de generar mejoras sustanciales en la salud; sin embargo, el Ministerio de Sanidad está priorizando el coste que supone su adquisición sobre el beneficio que aportan. El resultado es el rechazo de medicamentos que mejorarían la calidad de vida de los pacientes considerablemente.
El caso más claro lo encontramos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya gestión corresponde exclusivamente al Ministerio de Sanidad a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), al no haberse transferido las competencias sanitarias.
La situación resulta preocupante debido a la falta de planificación y a la insuficiente asignación de recursos humanos y materiales, y no parece que la ministra de Sanidad la esté abordando con la seriedad requerida. El déficit de profesionales en ambas ciudades es acuciante, lo que eleva considerablemente la presión asistencial aumentando las derivaciones hacia la Península.
El déficit de profesionales en ambas ciudades es acuciante, lo que eleva considerablemente la presión asistencial aumentando las derivaciones hacia la Península
El modelo de gestión centralizado está cuestionado, dado que las lagunas administrativas y asistenciales a las que se ven sometidos los ciudadanos de Ceuta y Melilla son permanentes, situando a su población con la esperanza de vida más baja de toda España.
El Real Decreto 118/2023 reconoció que todos los puestos sanitarios del Ingesa en Ceuta y Melilla debían considerarse de difícil cobertura y que, en con secuencia, era necesario implementar políticas que incentivaran específicamente a los profesionales para atraerlos a estos territorios.
Sin embargo, la ministra de Sanidad no ha cumplido con las medidas de incentivos prometidas, y la infradotación se mantiene como un problema estructural, claramente desigual con respecto a otras comunidades autónomas.
El SNS necesita con urgencia actualizar la legislación que haya quedado obsoleta, atendiendo a las demandas de los agentes sociales, profesionales y pacientes; reforzar la coordinación entre todos los territorios, independientemente del signo político; e impulsar y consolidar la cohesión territorial.
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