A través de un comunicado público, la Agencia Nacional de Contratación Pública (Colombia Compra Eficiente) anunció la suspensión por 30 días del proceso mediante el cual las entidades del Estado contratarían servicios de ciberseguridad en el país.
La medida afecta al proceso CCENEG-094-1-2026, diseñado para seleccionar a los proveedores de bienes y servicios de seguridad digital destinados a diversas instituciones estatales.
La decisión se adoptó tras una severa advertencia de la Procuraduría General de la Nación, que señaló posibles inconsistencias en las reglas de contratación de esta licitación, cuyo valor asciende a cerca de $300.000 millones.
«Por medio de la Resolución 463 del 24 de julio de 2026, la Agencia suspendió temporalmente el proceso con el fin de brindar claridad y tranquilidad a todos los interesados, órganos de control y ciudadanía en general, habida cuenta de los requerimientos de información realizados por la Procuraduría y las 5.652 observaciones presentadas por los interesados», precisó la entidad.
A pesar de la suspensión, Colombia Compra Eficiente defendió el proceso y ratificó que, desde mediados de 2025, contó con el acompañamiento técnico de expertos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) para la revisión de las observaciones.
¿Qué fallas detectó la Procuraduría?
Las alertas del Ministerio Público fueron emitidas el pasado 22 de julio, cuestionando la «pluralidad real» de los oferentes y la alta dependencia de autorizaciones expedidas por los propios fabricantes para participar.
Ante estas presuntas irregularidades, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública exigió explicaciones detalladas sobre los requisitos de experiencia, las condiciones del personal exigido, los factores técnicos y las inconsistencias halladas entre el pliego de condiciones, los anexos y la minuta del contrato.
El ente de control advirtió que las reglas contractuales deben evitar sesgos hacia marcas específicas que reduzcan la competencia a uno o muy pocos proveedores en el mercado.
Llamado a mesas técnicas
Finalmente, la Procuraduría exhortó a Colombia Compra Eficiente a realizar mesas técnicas de evaluación antes de reanudar las etapas definitivas del proceso, considerando que los servicios de ciberseguridad contratados estarán destinados a proteger la infraestructura digital de altas instituciones del Gobierno Nacional.
Procuraduría ordena vigilancia reforzada a la contratación estatal
La Procuraduría General de la Nación impartió nuevas directrices a sus procuradores regionales, provinciales y distritales para fortalecer la vigilancia preventiva sobre los procesos de contratación que adelantan las entidades nacionales con presencia en los territorios, en medio de la etapa final del actual Gobierno de Gustavo Petro y el proceso de empalme con la administración entrante.
La medida quedó consignada en el Memorando No. 012 del 24 de julio de 2026, firmado por el viceprocurador general de la Nación, Julián Fernández, quien señaló la necesidad de intensificar el seguimiento a la gestión contractual de las entidades desconcentradas del orden nacional antes de la culminación del periodo gubernamental prevista para el próximo 7 de agosto.
Actuaciones contractuales en Colombia
Según el documento, la Procuraduría busca garantizar que las actuaciones contractuales se desarrollen bajo el cumplimiento estricto de los principios constitucionales y legales que rigen la administración pública, así como proteger los recursos del Estado y asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos.
Entre las instrucciones emitidas, el Ministerio Público ordenó verificar que los procesos contractuales cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes relacionadas con la contratación estatal. Asimismo, pidió revisar que las necesidades de contratación estén debidamente incluidas en los planes anuales de adquisiciones de cada entidad.
También establece una vigilancia especial sobre las entidades desconcentradas que operan en las regiones del país. En estos casos, los procuradores deberán comprobar que los procesos se adelanten bajo el régimen contractual correspondiente y que exista una delegación válida otorgada por los representantes legales de las entidades nacionales.
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