Tras varias sesiones de audiencia un juez de control de garantías de Bogotá dictó medida de aseguramiento y ordenó enviar a prisión a nueve presuntos integrantes de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca), investigados por su posible participación en un entramado de corrupción que saqueo los recursos del Sistema General de las Regalías en un monto que ascendió al medio billón de pesos.
El fiscal delegado señaló que se trata de todo un ‘cartel de direccionamiento de contratos“ que se valió de la creación de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca) para concentrar la ejecución de millonarios proyectos financiados con los recursos de las regalías.
Los investigadores advirtieron que los capturados diseñaron un manual de contratación prohibido y con base en ello lograron el direccionamiento de más de cien contratos que entregaron a dedo entre 2020 y 2026
Los implicados son el exrepresentante legal de Aremca, Gustavo Bolaño Pastrana; las representantes legales y tesorera Emilia María Álvarez Guerrero y Dayana Ramos Guerrero; los coordinadores Andrés David Sáez Miranda, Javier Antonio Ramírez Manzola, Liliana Urán Germán, Rafael Antonio Flórez Franco y Fredy Francisco Borelly Salazar; y Luis Alfredo Soto Caraballo, señalado de actuar como enlace con terceros.
Más de un centenar de contratos direccionados
Expertos del CTI de la Fiscalía lograron determinar que recibido el aval, gracias al papel que jugaba esta asociación, se direccionaron un total de 101 proyectos por un monto que ascendió al medio billón de pesos.
La Fiscalía determinó que dichos procesos tenían como objeto desarrollar obras civiles, interventorías o planes ambientales, de saneamiento básico, agricultura y alimentación, entre otros, en Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.
Delitos imputados por entramado corrupto
Ante la gravedad de los hechos un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a estas personas los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, prevaricato por omisión, enriquecimiento ilícito de particulares, peculado por apropiación y concierto para delinquir agravado.
Estas iniciativas habrían sido ejecutadas mediante órdenes de servicio y subcontrataciones con empresas fachada, firmas de papel y otras personas relacionadas con la organización, en contravía de las disposiciones que regulan la contratación pública.
Entre las irregularidades detectadas figuran procesos contractuales sustentados en manuales internos, ausencia de estudios previos suficientes, direccionamiento de contratistas a través listados cerrados de proveedores y la vinculaciones por prestación de servicios para ejecutar actividades relacionadas con obras, suministros y alquiler de maquinaria.
“En dos oportunidades asignó a la Asociación de Municipios del Golfo de Morrosquillo y Córdoba proyectos de interventoría sobre obras proyectadas en Clemencia (Bolívar) y San Andrés, sin tener en cuenta las restricciones de ley.”, indicó la Fiscalía.
Los investigadores establecieron que en 23 contratos, al parecer, se configuró un enriquecimiento ilícito en favor de los contratistas que ascendió a los 14.235 millones de pesos.
También se investigan posibles apropiaciones indebidas de recursos públicos relacionadas con el manejo de anticipos y la ejecución contractual.
Los fiscales identificaron anomalías asociadas a la omisión en el cobro de 6.913 millones de pesos por concepto de impuestos territoriales y a la falta de retención de cerca
de 14.000 millones de pesos correspondientes a la contribución de obra pública destinada al Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Soportes elaborados por fallecidos y el millonario peculado
En desarrollo de las investigaciones quedó al descubierto que uno de los documentos utilizados sería un estudio tipográfico elaborado por una persona fallecida ocho años antes, quien además no tuvo título de topógrafo.
Con estas actuaciones corruptas la exmandataria presuntamente favoreció a terceros que se apropiaran de recursos públicos provenientes de regalías por 40.327 millones de pesos, representados en sobrecostos, apropiación de tributos territoriales y de altas cuantías significativas de los anticipos.
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