Al bunker de la Fiscalía en Bogotá fue llevado el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa, luego de ser capturado el pasado 7 de mayo por agentes del CTI en momentos en los que arribaba a su despacho en la administración municipal.
“No es cierto, yo no doy licencias”, dijo a algunos medios de comunicación el funcionario, tras su llegada al Bunker.
¿Qué tipo de coimas habría pedido el alcalde?
A Gamboa se le investiga por los delitos de concusión y prevaricato por acción, luego de que el 28 de abril del 2026 la representante legal de la empresa Inversiones San Jacinto Nelvic SAS denunciara que le estaría solicitando coimas a cambio de la licencia de construcción para la mansión que ejecuta por fases en zona rural del municipio. Se menciona que las exigencias económicas superarían los 400 millones de pesos.
La Fiscalía ha dicho oficialmente que el alcalde, a través de llamadas, chats de WhatsApp y reuniones presenciales, habría hecho las solicitudes indebidas en las que incluso habría pedido la contratación de una persona y posteriormente un aumento de su salario.
Además, la entidad habría incautado los celulares de Luis Fernando Cárdenas; saliente secretario de Planeación y posible aspirante a la alcaldía; y William Molina, inspector de Policía, con el propósito de avanzar en las investigaciones y reunir el material probatorio pertinente para la audiencia de imputación de cargos que se desarrollará este 8 de mayo del 2026.
El Gobernador de Boyacá se solidariza y anuncia acciones
Desde Bucaramanga, en evento de la Federación Nacional de Departamentos que reunió a congresistas y gobernadores, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se pronunció ante medios de comunicación sobre la situación del alcalde de Villa de Leyva.
«Respeto por la justicia y solidaridad con la familia del alcalde. Ojalá pueda con su debido proceso y con su equipo de abogados demostrar su inocencia», dijo.
El segundo pronunciamiento, lo elevó el gobernador desde Tunja durante la inauguración del auditorio Francisco Suescún del Hospital San Rafael. Según el mandatario, ya habló con la familia del alcalde a quienes les expresó su solidaridad:
«Lamentable la situación y mi solidaridad para él, para su familia. Estaba justamente hablando con su mamá, con su hermana. Es una situación que uno no se la desea a nadie. Esperamos él pueda con sus abogados demostrar su inocencia y que pueda salir de esto bien. Y pues obviamente respeto absoluto por la justicia y las decisiones judiciales», dijo.
Asimismo, agregó que «ya estamos revisando el procedimiento que debemos hacer desde la gobernación para que la alcaldía pues no quede acéfala y que podamos seguir pues trabajando y que el municipio de Villa de Leyva pueda seguir avanzando en sus labores mientras el señor alcalde hace ejercicio de su defensa».
Entre tanto, enfatizó en que «en este momento está justamente revisando todo mi equipo jurídico cuál es el procedimiento en estos casos y pues frente a este tema de procesos judiciales y definiciones de la justicia por respeto a la institucionalidad y la separación de poderes, pues prefiero no referirme a eso».
Comunidad de Villa de Leyva consternada:
Por otro lado, mientras algunos habitantes consideran que la detención es un hecho lamentable que refleja la falta de gestión y los graves problemas de seguridad local, otros defienden fervientemente al mandatario.
«Es un hecho lamentable, por supuesto, es una situación que no es ajena para los villaleyvanos, pues no se ha podido ver a grandes proyectos y sí grandes problemáticas de seguridad«, dijo un joven.
Por su parte, un adulto mayor agregó que «la Fiscalía cometió un error al capturarlo, porque para mí eso fue un secuestro, porque debe haber un una formalidad muy diferente. La Fiscalía debe saber investigarlo primero. Él es la autoridad del pueblo, merece respeto».
¿A quién habría intentado sobornar el alcalde de Villa de Leyva?
Los Solarte, exitosa familia de empresarios del departamento de Nariño, fueron los encargados de denunciar las presuntas exigencias de coimas por parte del alcalde de Víctor Alfonso, hoy investigado por concusión y prevaricato por acción.
Esta poderosa familia, durante más de 50 años ha gestionado parte de las obras públicas del país. En Boyacá construyeron durante 14 años y por más de 1 billón de pesos la doble calzada Briceño – Tunja – Sogamoso, cuya obra culminó en 2016.
Desde hace cuatro años llegaron a zona rural de Villa de Leyva para construir su mansión en varias fases; hecho que supuestamente habría sido aprovechado por el alcalde para solicitar las mencionadas coimas.
No es el primer escándalo judicial del alcalde
Esta no es la primera vez que el alcalde se ve involucrado en un proceso judicial, pues en enero del 2026 la Fiscalía ya le había imputado cargos por aparente celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y en medio de un régimen de presuntas inhabilidades e incompatibilidades.
En declaraciones a La FM, Gamboa en su momento defendió la transparencia de su gestión explicando que el contrato indagado ascendía a los 13 millones de pesos y que hacía parte de un proceso, destinado a optimizar el banco de maquinaria renovado en 2024, pero que nunca llegó a ejecutarse ni adquirió vida jurídica, por lo que no existió detrimento patrimonial.
«En este oficio del servicio público no ha sido la primera vez que me adelantan procesos de investigación, porque pues desde que me gradué como profesional decidí dedicarme al servicio de la vida pública y siempre he ejercido puestos cargos públicos y en ese sentido pues la Fiscalía tiene todas las garantía de adelantar su proceso de investigación», dijo.
En menos de un mes en Boyacá se han capturado a funcionarios por presunta corrupción
Este hecho se suma a la ola de escándalos de corrupción de servidores públicos en Boyacá: el 9 de abril del 2026 en Duitama fue capturado funcionario de la secretaría de tránsito por presuntamente extorsionar a una persona para levantarle orden de comparendo.
El 29 de abril la inspectora de Policía de Sogamoso Carolina Rincón fue capturada junto a su pareja sentimental Alberto Arenas, por aparentemente aliarse para exigirle 6 millones de pesos a una ciudadana a cambio de no sancionarla por la construcción que hacía en su vivienda sin cumplir con los requisitos de Ley.
Carolina fue imputada por concusión y hoy cumple en su vivienda una medida de aseguramiento, mientras que Alberto se le imputó el delito de simulación de investidura o cargo.
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