Antes de llegar al Congreso, Pedro Suárez Vacca fue juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, un tipo de togado encargado de definir qué detenidos permanecen privados de la libertad mientras están procesados o condenados. Ejerció en Tunja, a unos setenta kilómetros de su natal Sogamoso, en Boyacá.
Y cometió un delito: prevaricato por acción agravado. Así lo determinó la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que lo condenó a 68 meses, poco más de cinco años, de prisión. Además, lo inhabilitó por más de nueve años para ejercer cargos públicos y ordenó capturarlo apenas el fallo quede firme.
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