Fátima del Reino Iniesta
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) ha aplazado la aprobación de la segunda edición del Manual de Buenas Prácticas en Eutanasia, que figuraba en el orden del día de la reunión celebrada este jueves entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros de salud de las comunidades autónomas. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que las comunidades han solicitado «tener más tiempo para poder enriquecer el documento». En este sentido, añadió que «es razonable que se trabaje con el máximo consenso, así que lo llevaremos para el próximo consejo interterritorial».
La retirada del punto se produjo a petición de la Comunidad de Madrid. Según han trasladado desde la Consejería de Sanidad, el objetivo es enriquecer el texto con las aportaciones de sociedades científicas y colegios profesionales, con los que consideran que no se había contado previamente. Todo ello, han apuntado, en aras de alcanzar «una mayor excelencia técnica y profesional en una materia tan compleja y sensible como es esta». Desde el departamento que dirige Fátima Matute han señalado además que la participación de sociedades científicas vinculadas al ámbito de la psiquiatría y de colegios profesionales, como el de médicos o el de paliativos, entre otras entidades, será beneficiosa y que quieren hacerlo de buen grado. La propuesta, según la Consejería madrileña, fue acordada por unanimidad, por lo que el asunto se trasladará al próximo Consejo Interterritorial.
La Comunidad de Madrid ha pedido retirar este punto del orden del día para sumar la visión de las sociedades científicas y los colegios profesionales
Pese a este aplazamiento, el Interterritorial sí dio luz verde a varios acuerdos de calado para el Sistema Nacional de Salud. Entre ellos, destaca la aprobación de un documento de consenso para el abordaje de la enfermedad renal crónica (ERC), que prioriza el cribado anual mediante análisis de sangre y orina en mayores de 60 años y en personas con factores de riesgo como hipertensión, diabetes, obesidad o enfermedad cardiovascular. En la misma reunión, el órgano también aprobó el documento 2026-2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos y la actualización del consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor.
Con estas decisiones, Sanidad refuerza su apuesta por un modelo asistencial más proactivo, coordinado y centrado en la persona, especialmente en áreas ligadas a la cronicidad, el envejecimiento y la complejidad clínica. El consenso sobre ERC, la nueva estrategia de cuidados paliativos y la actualización del abordaje de la fragilidad comparten una misma lógica: anticiparse a los problemas, mejorar la coordinación entre niveles asistenciales y reforzar la capacidad del sistema para responder antes y mejor.
El Consejo Interterritorial aprueba un consenso sobre ERC con cribado anual en mayores de 60 años y pacientes de riesgo
La ERC, una patología silenciosa con elevado infradiagnóstico
En el caso de la enfermedad renal crónica, el nuevo documento de consenso busca transformar la atención sanitaria en este ámbito a través de una mejor detección precoz, una mayor coordinación entre niveles asistenciales y un impulso del autocuidado. Para ello, el texto establece como medida prioritaria el cribado anual mediante análisis de sangre y orina en mayores de 60 años y en personas con factores de riesgo, una población en la que el diagnóstico temprano puede resultar decisivo para frenar la progresión de la enfermedad.
Además, el consenso define criterios más claros para la derivación de pacientes desde atención primaria a especialistas como nefrología, medicina interna y geriatría. También apuesta por potenciar las e-consultas para reducir los tiempos de espera e incorpora la integración de sistemas de alerta automática en las historias clínicas electrónicas. Estas herramientas permitirán ayudar a los médicos a identificar casos de riesgo y a ajustar las dosis de los medicamentos según la función renal de cada paciente.
Sanidad ha señalado que este documento establece la hoja de ruta estratégica para el periodo 2025-2028 y que se integra en el desarrollo de la Estrategia de Cronicidad. La finalidad es avanzar hacia un modelo más preventivo y menos reactivo, con mayor capacidad para detectar antes la enfermedad y actuar antes de que aparezcan complicaciones graves.
La estrategia sobre ERC impulsará e-consultas y alertas automáticas en la historia clínica para detectar riesgo renal
La enfermedad renal crónica afecta a más del 10% de la población adulta, es decir, a más de cuatro millones de personas en España. A ello se suma que, en muchos casos, aparece asociada a otras patologías crónicas, lo que incrementa su complejidad clínica y asistencial. Pese a su impacto, la ERC suele cursar sin síntomas en las fases iniciales, una característica que favorece el infradiagnóstico y retrasa el inicio de tratamientos capaces de ralentizar su progresión.
Ese retraso diagnóstico tiene una repercusión directa en la evolución del paciente, pero también en la sostenibilidad del sistema sanitario. Según los datos trasladados por el Ministerio, la ERC representa actualmente en torno al 5% del gasto sanitario total, una cifra que refleja el peso creciente de esta patología en la práctica asistencial. De ahí que el documento insista en la necesidad de pasar de un modelo reactivo a otro proactivo y preventivo.
La detección temprana no solo mejora el pronóstico clínico, también puede ayudar a contener el impacto social y ambiental asociado a tratamientos más avanzados, como la diálisis. En esta línea, el texto aprobado promueve un abordaje integral que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a optimizar los recursos del sistema sanitario.
La enfermedad renal crónica afecta a más de cuatro millones de personas y representa en torno al 5% del gasto sanitario
Otro de los ejes del consenso es el fomento del autocuidado y de la toma de decisiones compartida. Para ello, se impulsarán programas educativos y se reforzará la participación de las asociaciones de pacientes, con la intención de que las personas afectadas tengan un papel más activo en el cuidado de su salud. El Ministerio ha explicado además que el cumplimiento de los objetivos marcados será evaluado anualmente mediante indicadores específicos, entre ellos el porcentaje de pacientes en riesgo que reciben su revisión anual y la reducción del uso de fármacos potencialmente perjudiciales para el riñón.
Sanidad ha recordado que el documento es fruto del trabajo conjunto de comunidades autónomas, sociedades científicas y asociaciones de pacientes, en un proceso de consenso orientado a garantizar su aplicabilidad en las diferentes realidades del territorio.
Nueva estrategia de cuidados paliativos: más allá de la fase terminal
El Consejo Interterritorial ha aprobado además el documento 2026-2030 para el desarrollo de la Estrategia de Cuidados Paliativos. La principal novedad del nuevo plan es que amplía el enfoque y sitúa el sufrimiento del paciente como criterio central de atención, más allá de la fase terminal. Tras veinticinco años desde el primer Plan Nacional, Sanidad subraya que la nueva estrategia refuerza el acceso a estos cuidados como un derecho del individuo, independientemente de su patología o lugar de residencia.
La estrategia 2026-2030 de cuidados paliativos amplía el acceso más allá de la fase terminal y sitúa el sufrimiento como eje central
Además, estos cuidados ya no se limitan a pacientes en situación terminal con un pronóstico inferior a seis meses, sino que se centran en el sufrimiento causado por la enfermedad como activador principal de la atención. El Ministerio sostiene que este cambio responde a una realidad epidemiológica marcada por el envejecimiento de la población y el aumento del peso de las enfermedades crónicas en la mortalidad y en la demanda asistencial.
Se estima que el 75% de los fallecimientos en España se produce actualmente a consecuencia de enfermedades crónicas que generan necesidades paliativas. Aunque el cáncer representa el 25% de estas muertes, las enfermedades no oncológicas, como las demencias, las insuficiencias de órgano o la fragilidad avanzada, suponen ya el 50%. Esto consolida un cambio de perfil en los pacientes con necesidades paliativas, ya que el grupo más numeroso ya no es exclusivamente el oncológico, sino el compuesto por personas con multimorbilidad y fragilidad avanzada.
La estrategia dedica además una atención específica a la población infantil y adolescente, cuya prevalencia en España se estima en 65 por cada 10.000 niños. En este ámbito, incorpora la atención perinatal, con cobertura paliativa desde la etapa prenatal en los casos de diagnóstico de condiciones incompatibles con la vida extrauterina. Asimismo, el documento establece una transición no precipitada hacia los recursos de adultos para jóvenes de entre 19 y 24 años, con el objetivo de evitar la ruptura del vínculo terapéutico en momentos especialmente delicados.
El 75% de los fallecimientos en España se relaciona con enfermedades crónicas que generan necesidades paliativas, según Sanidad
También recoge el compromiso de garantizar el acceso a la educación mediante aulas hospitalarias y apoyo domiciliario, de manera que el niño pueda mantener, en la medida de lo posible, sus relaciones sociales y su desarrollo educativo. Para evitar ingresos innecesarios en urgencias, la estrategia plantea además una atención continuada las 24 horas, los 365 días del año, apoyada en servicios de atención telefónica experta y en el uso de la telemedicina, una medida especialmente relevante en zonas rurales y en territorios con gran dispersión geográfica.
Otro elemento destacado es la consolidación de la figura del profesional de enlace o enfermera gestora de casos, considerada clave para coordinar el tránsito del paciente entre el hospital y el domicilio. Su función será asegurar que el plan de cuidados personalizado sea conocido y compartido por todos los niveles asistenciales, reforzando así la continuidad de la atención.
La estrategia también incorpora los determinantes sociales de la salud en la planificación de los cuidados paliativos. Entre otros aspectos, reconoce la necesidad de combatir el sesgo de género en la evaluación del dolor, visibilizar la carga emocional y asistencial que asumen muchas mujeres como cuidadoras informales y afrontar el edadismo que puede afectar a las personas mayores, especialmente a quienes viven en residencias.
Las patologías no oncológicas ya suponen el 50% de las muertes con necesidades paliativas, frente al 25% del cáncer
Por último, el Ministerio apuesta por el modelo de «Comunidades Compasivas», que promueve la implicación de vecinos, amigos y voluntarios en el acompañamiento y los cuidados al final de la vida. Con ello, se pretende normalizar la muerte como parte del ciclo vital y reforzar una red de apoyo comunitario que complemente la respuesta sanitaria.
Fragilidad y caídas, otro foco en el abordaje del envejecimiento
El Interterritorial ha aprobado además la actualización del Documento de consenso sobre prevención de la fragilidad y caídas en la persona mayor, vigente desde 2014, con el objetivo de reforzar la prevención, la detección precoz y la intervención en una población especialmente vulnerable. El texto reconoce la estrecha relación entre fragilidad y caídas como factores asociados a pérdida de autonomía y dependencia, e incorpora una estratificación en cuatro niveles de riesgo: bajo, medio, alto y muy alto.
Este enfoque permitirá adaptar las intervenciones y el seguimiento a las necesidades de cada persona. A su vez, el documento refuerza la detección precoz e insta a la colaboración de atención primaria y del ámbito comunitario, incluidos centros sociosanitarios, farmacias y servicios sociales, en la captación activa de personas de 70 años o más. El consenso plantea además intervenciones basadas en un enfoque multidominio e individualizado, entre ellas ejercicio físico multicomponente, recomendaciones nutricionales, revisión de la medicación y evaluación de riesgos en el hogar, en el marco de la valoración geriátrica integral.
Las caídas provocan más de 3.000 fallecimientos anuales y son la primera causa de muerte por causas externas en mayores
La actualización se enmarca en el Plan de Acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025-2027, con el objetivo de que al menos la mitad de las comunidades y ciudades autónomas hayan incorporado el programa en 2027. Sanidad realizará evaluaciones periódicas, al menos cada dos años, para analizar el grado de implantación y su impacto en la mejora de la salud y la autonomía de las personas mayores.
El propio documento subraya la dimensión del problema en el contexto del envejecimiento poblacional. La fragilidad afecta aproximadamente al 18% de las personas mayores y esa cifra aumenta de forma significativa con la edad, hasta situarse entre el 18% y el 38% en mayores de 85 años. Esta afección, más frecuente en mujeres, supone además un coste estimado de 2.500 euros anuales por persona, el doble que en población sin fragilidad. En cuanto a las caídas, en torno al 30% de las personas mayores de 65 años sufre al menos una al año y entre el 5% y el 10% de estas provoca fracturas. En España, constituyen la primera causa de muerte por causas externas, con más de 3.000 fallecimientos anuales en este grupo de edad.
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