Los magistrados inciden en que la vacunación contra el coronavirus era voluntaria y, por tanto, la opción de inocularse era una «decisión estrictamente personal». Al respecto, señalan que «los daños derivados de un proceso generalizado de vacunación, y más atendiendo a las singulares condiciones en las que la fabricación y autorización de la comercialización y distribución de las vacunas se produjo, por la necesidad de recortar muy significativamente los tiempos normales de experimentación clínica y fabricación, podrían haberse evitado si los márgenes temporales hubiesen sido otros, similares a los procedimientos ordinarios seguidos en otros procesos».
Los magistrados inciden en que la vacunación contra el coronavirus era voluntaria y, por tanto, la opción de inocularse era una «decisión estrictamente personal»
«Y, desde luego, como efectivamente se hubiesen evitado es si las Administraciones responsables, en una decisión de aplicación de mayor cautela, que seguramente hubiese tenido un gran rechazo social, hubiesen optado por prohibir o rechazar la aplicación de este tratamiento preventivo«, indican.
Advierten que «muy probablemente, en esa hipotética situación, los daños hubiesen sido muy superiores a los derivados de la aplicación de la vacuna. De esta forma, tanto las Administraciones como, singularmente, los individuos que optaron por someterse a la vacunación aceptaron el inherente riesgo que esta comportaba«.
No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo resalta que la Administración deberá seguir respondiendo por el funcionamiento anormal del servicio y por la vulneración de las buenas prácticas profesionales aplicadas al caso concreto.
«Pero, en ausencia de una previsión legal que reconozca la singularidad de la vacunación como manifestación de solidaridad colectiva merecedora de una respuesta consecuente en el régimen de responsabilidad por funcionamiento normal, la Administración, de producirse algún episodio de accidente grave, quedará eximida dada la voluntariedad de la vacuna y los riesgos del progreso«, establece.
El alto tribunal resume que la responsabilidad de la comunidad, como encargada material de la ejecución de la vacunación a través de sus servicios de salud, derivará del «funcionamiento anormal de sus servicios y no, por tanto, de aquellos eventos perjudiciales producidos cuando el servicio público actuó correctamente».
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